A nivel federal, México sólo tiene dos condenas por tortura a mujeres
A Claudia Medina la detuvieron en Veracruz y elementos de la Marina la torturaron para que confesara pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. Golpes, descargas eléctricas, cubetadas de agua, salsa en las fosas nasales, violación. Alrededor de dos o tres horas de tortura psicológica, física y sexual. Su caso es uno de tantos que permanecen en la impunidad, porque en México, a nivel federal sólo existen dos sentencias condenatorias por el delito de tortura a mujeres, según la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal a una solicitud de información realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín ProDH.
[contextly_sidebar id=”jz5AL52CdNsoXNyOAQMa7sfqXtKTwckr”]Después de permanecer 23 días en prisión, Claudia salió libre bajo caución, aunque todavía es procesada por el delito de portación de arma de fuego. Su proceso estuvo plagado de irregularidades y en ninguna de las declaraciones que rindió hay rastro de la tortura que sufrió.
“Para ellos (las autoridades) no existió”, dice Claudia a Animal Político, aunque “hay dos protocolos de Estambul que han demostrado que efectivamente fui torturada.”
Ya libre, esta mujer de 33 años y vendedora de productos naturistas en el puerto de Veracruz decidió buscar ayuda en un centro de derechos humanos. Por internet encontró al Centro ProDH y ahora es parte de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, la cual tiene como objetivo “visibilizar el uso de la tortura sexual como una práctica sistemática del Estado mexicano”.
El 5 de mayo de 2014, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en Atenco lanzaron esta campaña de la mano del Centro ProDH. Hoy son 17 mujeres las que conforman la iniciativa, entre ellas:
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Stephanie Brewer, coordinadora del Área Internacional del Centro ProDH, dice que ya se litigan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos de las 11 mujeres torturadas sexualmente en Atenco y casos como el de Claudia Medina ya son revisados por instancias de las Naciones Unidas.
Lo que estas mujeres y Centro ProDH ya hicieron fue denunciar ante instancias internacionales “una práctica, un patrón que estamos documentando en materia de tortura sexual contra mujeres”, explica Brewer.
En su investigación sobre el tema de tortura a mujeres, el Centro ProDH, junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, JASS Asociadas por lo Justo y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, encontró que algunos estados no tienen información sobre el número de denuncias penales por tortura interpuestas por mujeres en las procuradurías estatales porque las entidades no desglosan la información, como el Estado de México.
Estados como Campeche, Hidalgo, Durango, Jalisco, Morelos y Nuevo León informaron que entre los últimos cinco y diez años no han recibido ni una sola denuncia de tortura interpuesta por mujeres.
Los estados que sí las han recibido, de 2010 a mediados de 2014, son:
Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas tienen entre una y cinco denuncias en cada entidad. “Sin embargo, en la mayoría de estas entidades federativas no existe ni una sola sentencia condenatoria por tortura”, dice el estudio Rompiendo el silencio: La obligación de erradicar la tortura sexual a mujeres en México.
Además, solicitaron a las comisiones de derechos humanos de los estados el dato de cuántas mujeres han interpuesto quejas por tortura. Estos son los resultados:
Algunas comisiones respondieron que tampoco desglosan la información o que no han recibido ninguna queja.
“En general, en todo el país la tortura se aplica como una forma de obtener confesiones, incriminaciones o informaciones, y en la mayoría de los casos es el paso previo para la falsa criminalización de las víctimas de esta terrible práctica, como es el caso de la mayoría de las mujeres que encabezan la campaña Rompiendo el silencio”, dice la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Natalia Pérez.
Así fue el caso de Claudia. Si no decía que pertenecía a la delincuencia organizada, sus hijos sufrirían las consecuencias, la amenazaron. “Hasta la fecha no se ha castigado a nuestros agresores”.
