¿Magisterio y normalistas de Guerrero luchan por lo mismo?

[contextly_sidebar id=”JqORY1nVOUkK32uNNlYQXO5QVoECfUtv”] El pasado 8 de octubre, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) se declaró en paro de labores, para reclamar la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos por la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre. Desde entonces, el magisterio guerrerense ha venido realizado distintas acciones de protesta, entre las que destacan, además de marchas multitudinarias en Acapulco y Chilpancingo, la toma del palacio de gobierno en la capital guerrerense, la destrucción de la puerta de acceso de la casa del jefe del Ejecutivo local (donde también prendieron fuego a una camioneta oficial), así como el incendio a las instalaciones del PRD estatal.

Entre estas demandas gremiales del magisterio, enarboladas durante las recientes movilizaciónes por la desaparición forzada de los normalistas, destacan: la desaparición de poderes en el estado de Guerrero, la cancelación de la evaluación universal docente, la restitución del aguinaldo de 90 días, así como del “permiso de gravidez” de tres meses y, en general, la abrogación de la reforma educativa.

“Estamos aquí (en el plantón instalado el 8 de octubre frente a las oficinas del centrales gobierno estatal, en Chilpancingo) por la principal demanda de la aparición de los 43 normalistas –explica un representante de la dirigencia magisterial, quien pide el anonimato–. En un principio, nuestra demanda era la desaparición de poderes, con eso iniciamos la movilización para (exigir) la abrogación de la reforma al artículo 3 y 73 constitucional, pero sucede lo del 26 de septiembre, la masacre y genocidio cometido por el Estado, y ahora hicimos nuestra la demanda, como magisterio, de la aparición de los 43 estudiantes y castigo a los autores intelectuales y materiales.”

La lucha contra la reforma educativa, detalla el representante magisterial, se basa en las distintas “afectaciones graves que nos genera, en cuanto a la pérdida de derechos: perdemos el derecho a nuestro sindicato; nos imponen un aguinaldo de 40 días, cuando nuestro derecho es que se nos den 90 días de aguinaldo (…); las plazas están en riesgo, porque ahora todo será por contrato; redujeron la ‘licencia de gravidez’ de tres meses, a mes y medio; quieren aplicarnos la evaluación universal docente; y en cuanto a la superación profesional, cada quien tiene que sufragar sus gastos, es por eso que exigimos la abrogación de las reformas al artículo 3 y 73 (lo que se conoce como ‘reforma educativa’).

Por ello, señala el maestro proveniente de la zona de La Montaña, luego de una marcha de al menos 30 mil ciudadanos por la capital de Guerrero, realizada el pasado 8 de octubre para exigir la presentación de los normalistas desaparecidos, el magisterio no sólo anunció que se mantendrían en plantón frente a la sede del gobierno local a partir de ese día, sino también que daba inicio al “paro de labores a nivel estatal, con el fin de escalarlo a una huelga nacional, para enero de 2015. La táctica es que en cada centro de trabajo los maestros se organicen por comisiones, aquí en el plantón hay una representación de cada zona escolar, van turnándose por día, por centro de trabajo, de manera que los compañeros puedan estar activos aún, con ganas, cuando inicie la huelga, en enero”.

A pesar de que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa aclararon desde el 23 de octubre –durante un mensaje emitido a través de TVUNAM– que su única demanda es la presentación con vida de sus compañeros, e insistieron en que no buscan la desaparición de poderes en Guerrero, los maestros agrupados en la CETEG sí enarbolan esta exigencia, debido a que “es una medida plenamente justificada por el marco jurídico, ante un genocidio como el ocurrido en Iguala”, tal como explica su representante.

La desaparición de poderes –que, de darse, permitiría al magisterio negociar directamente con las autoridades federales– “es una propuesta que surge del análisis consensuado con los compañeros maestros, y es una propuesta que se sigue planteando. Inicialmente exigimos la salida de Ángel Aguirre (quien pidió licencia al cargo de gobernador el pasado 24 de octubre), y él ya se fue. Ahora queremos que se declare la desaparición de poderes en todo el estado, y aunque puede ser un proceso lento, insistimos en este punto.”

En este punto, la representante del comité de atención a prensa, quien también pidió el anonimato, añadió que “se exigió la salida de Angel Aguirre, y ya no está como gobernador, pero eso no basta, lo que nosotros queremos es cárcel para este señor, exigimos castigo para todos los culpables, y lo señalamos a él directamente, porque como gobernador no pudo evitar que sucediera esto, a pesar de que él ya tenía conocimiento de lo que ocurría en Iguala, de las actividades ilícitas del presidente municipal, lo sabía Aguirre y lo sabía Peña Nieto, por esto estamos exigiendo un juicio político y cárcel para este señor. Porque no puede quedar impune esta situación, necesitamos ver que se castigue a los culpables.”

Epílogo: pretextos oficiales

Este lunes, los papás y mamás de los 43 normalistas desaparecidos, los tres asesinados y los 20 heridos por la Policía Municipal de Iguala acudieron a la ciudad de Chilpancingo, para instalar –tal como habían pactado con el presidente Enrique Peña Nieto– la mesa mixta de seguimiento a las investigaciones que realiza la autoridad federal para dar con el paradero de los jóvenes raptados, así como con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado el 26 de septiembre, acto que dieron por cancelado, debido a que “no nos traían ningún avance en las investigaciones y nosotros ya no estamos dispuestos a seguir escuchando el mismo discurso de promesas por parte del gobierno federal”.

Felipe de Jesús de la Cruz, vocero de los padres de familia, normalista en su juventud, maestro en la actualidad y padre de uno de los sobrevivientes del ataque en Iguala, detalló que “en la reunión se venía a instalar la mesa mixta de seguimiento y no se instaló porque no traían información qué darnos… el pretexto del comisionado nacional de seguridad (Monte Alejandro Rubido) fue que el que tiene la información sobre los avances es el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y que como él no asistió a la reunión, pues no tenía ninguna información qué darnos… esa fue la situación que provocó que los padres llegáramos al límite de nuestra tolerancia y le dijimos que si así era, entonces no tenía caso que nosotros permaneciéramos ahí.”

Así, sin que la mesa de seguimiento quedara instalada, los padres de los normalistas se retiraron del encuentro, sólo con la promesa por parte de la autoridad de que el próximo viernes será el mismo Murillo Karam quien rinda un informe sobre los avances en la búsqueda de sus hijos.