Sale uno de los detenidos el #20NovMx

[contextly_sidebar id=”2lxiLKmABOd3jVUehcEFsVa7QEez1RPR”]Luego de pagar una fianza de 50 mil pesos, José Manuel Morales Ruiz estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) detenido en las protestas del jueves pasado en el Aeropuerto del DF, salió hoy del Reclusorio Norte.

En el escrito dado a conocer en redes sociales se expuso que académicos de la UACM se coordinaron para hacer una colecta.

“La única compañía afianzadora cercana puso muchas trabas para conseguir la póliza, pese a que la UACM ofrecía como contragarantía la escritura de su plantel Del Valle”, dice el escrito.

Exigen la libertad de los detenidos el #20NovMx; acusan irregularidades

Este domingo, dos comunicados de normalistas de Ayotzinapa fueron emitidos desde la Ciudad de México y Chilpancingo, la capital guerrerense. Desde el DF, los estudiantes exigieron la libertad de los detenidos en la manifestación en el Zócalo el pasado jueves. Por otro lado, luego de tomar dos radios en Chilpancingo, emitieron un mensaje en el que emplazaron al presidente Enrique Peña Nieto a renunciar.

Estudiantes con el rostro cubierto tomaron las cabinas de ABC Radio y Radio Capital a las 11:30 horas, dejando las instalaciones a las 12:40 horas en tres autobuses en los que se trasladaron.

Uno de los dirigentes de los estudiantes afirmó a medios de comunicación que recordaron al aire que el próximo miércoles 26 de noviembre se cumplen dos meses de la desaparición de sus compañeros y agregaron que hasta el momento el gobierno federal no ha dicho la verdad sobre el caso.

Normalistas de Ayotzinapa en la Ciudad de México y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México exigieron la libertad de los estudiantes detenidos el pasado jueves, quienes -afirmaron- están acusados de cargos “estúpidos” y consideraron que son presos políticos.

Los estudiantes advirtieron que no van a olvidar a sus 43 compañeros desaparecidos y mucho menos a los detenidos “reprimidos” por el gobierno.

En un mensaje a la prensa desde un inmueble de la CNTE en el DF repudiaron “cómo trabaja el presidente Enrique Peña Nieto y el mensaje de que sigue reprimiendo y hostigando” a los manifestantes y advirtieron que “no vamos a parar, no vamos a olvidar a los 43 desaparecidos y ahora a los detenidos”.

Advirtieron nuevas movilizaciones para esta semana en exigencia de la libertad de los estudiantes detenidos el jueves  y la aparición con vida de los 43 normalistas. Además, se deslindaron de las acciones de violencia que pudieran surgir en próximas movilizaciones.

Consideraron también que en la marcha del pasado jueves hubo infiltrados que iniciaron la violencia, “provocación” en la que cayeron algunos estudiantes. No obstante, invitó a la sociedad a continuar apoyándolos y no caer en provocaciones.

Los 11 detenidos de la protesta del Zócalo, sin acceso a abogados de su elección

Los 11 manifestantes detenidos en la protesta del jueves 20 de noviembre, y que se encuentran ahora en calidad de consignados en penales de alta seguridad, no han tenido acceso a un abogado de su elección, y hasta ahora, su defensa está a cargo de abogados de oficio, sin que las autoridades expliquen los motivos para negar el acceso a una defensa de su confianza, denunciaron más de 90 organizaciones, en una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este domingo 23 de noviembre.

En la detención de los 11, a quienes se acusa de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, hubo una serie de irregularidades que denunciaron representantes de cinco organizaciones, quienes encabezaron la conferencia de prensa. Dichos delitos podrían alcanzar una pena de entre 6 y 60 años de prisión. 

Entre las más graves, dijo el representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Jesús González, está el traslado de los detenidos a penales de máxima seguridad (al de Villa Aldama, Veracruz 8 hombres y al de Tepic, Nayarit, tres mujeres) sin previa notificación a los familiares ni a las organizaciones que han seguido el caso. De acuerdo con González, los traslados ocurrieron a las 7:00 horas del sábado, y ellos tuvieron información hasta las 16:00 horas.

El jueves por la noche, después de la manifestación por la desaparición de 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, los 11 detenidos fueron llevados a la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) y fueron acusados, en un principio, de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín. Los primeros dos delitos fueron reclasificados.

El operativo de la policía federal y capitalina en el que se replegaron a los manifestantes a las calles 5 de febrero y 5 de mayo se dio “de manera desorganizada”, “sin control” y “sin estrategia”. “No había ninguna dirección de los policías. En ese contexto se dan las detenciones de los jóvenes que hoy están en penales de máxima seguridad”, dijo el representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos.

Sobre la designación de abogados de oficio, que no ha logrado revocarse, Jesús González afirmó: “en la mayoría de los casos, los abogados de oficio tardan muchísimo tiempo en reaccionar y curiosamente ahora hay muchos abogados de oficio queriendo apoyar a los jóvenes, lo cual nos parece dudoso en esta cadena de irregularidades por parte de las autoridades. Los abogados de oficio se convierten en otra traba para la actuación de los abogados de las organizaciones (defensoras de derechos humanos)”.

“El uso político del sistema penal queda muy claro en este caso”, añadió González.

La mañana de este domingo, el abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Alejandro Jiménez, junto con dos abogados de la Organización para los Derechos de la Infancia, viajaron a Xalapa, Veracruz, para seguir el caso, que radica en el juzgado 17 de distrito, bajo la causa penal 45/2014A. Pese a que las mujeres se encuentran en Nayarit, el caso está concentrado en el juzgado ya mencionado.

“El objetivo es inhibir el derecho humano a la protesta”

De acuerdo con Francisco Cerezo, representante de la organización defensora de Derechos Humanos Comité Cerezo, el operativo para replegar la manifestación del jueves fue para “infundir miedo” y para “inhibir el derecho humano a la protesta (…) y eso es una violación grave a los derechos humanos que está cometiendo el Estado mexicano”. 

“El objetivo es que la gente no vuelva a regresar a manifestarse”, agregó Cerezo, quien también señaló que la falta de información clara y precisa tras la detención de las 11 personas es otra irregularidad.

“Alertamos que el Estado mexicano está intentando por medio de la violencia generar mayor violencia para justificar las detenciones arbitrarias para ocultar y opacar el verdadero origen de las manifestaciones, que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, añadió.

**Nota publicada el 23 de noviembre.