La esposa de Abarca, aún sin orden de aprehensión (sólo arraigo)
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado obtener una orden de aprehensión contra María de Los Ángeles Pineda, esposa del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, pese a las pruebas presentadas en su contra y a su presunta relación con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
El pasado 21 de octubre la PGR solicitó a un juez federal la orden de aprehensión contra María de los Ángeles y su esposo, pero el juez consideró que sólo había elementos para liberar la orden contra José Luis Abarca.
[contextly_sidebar id=”8l6T6rjMvtHHBY9SMjAgKiIrroRjEutU”]Fue por ello que la PGR se vio obligada a solicitar un arraigo por 40 días contra la esposa de Abarca, tiempo en el cual aprovechará para seguirla interrogando y armará un expediente que le permita obtener la orden de aprehensión.
Funcionarios consultados por Animal Político señalaron que María de los Ángeles se mostró reservada en sus declaraciones e incluso evasiva. Sólo en un par de ocasiones indicó que su hija Yazareth Abarca no estaba involucrada en ningún hecho y por tanto pidió a las autoridades que la liberaran.
Yazareth Abarca fue detenida por autoridades de la Policía Federal la misma madrugada que a sus padres, solo que ella estaba en el domicilio en el que fue detenida Noemí Berumen, acusada de encubrimiento.
Al igual que a José Luis Abarca y su esposa, Yazareth Abarca fue sometida a exámenes médicos y a una declaración ante el ministerio público. Justo en su declaración fue notificada que estaba en calidad de testigo y se le puso en libertad bajo las reservas de ley.
En su declaración, la hija de los Abarca fue interrogada sobre los vínculos de su amiga Noemí Berumen con sus padres y sobre los hechos por los cuales huían, pero al no proporcionar datos y no existir acusación en su contra fue puesta en libertad
En el caso de la declaración de José Luis Abarca, no proporcionó en su declaración ministerial datos que pudieran ayudar a la localización de los 43 normalistas desaparecidos, pero sí logró fortalecer diversas líneas de investigación de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con funcionarios federales consultados, Abarca proporcionó una relatoría de los hechos y sus presuntos vínculos con los Guerreros Unidos, pero pese a “su disponibilidad” al momento de ser interrogado, el exedil aseguró desconocer el paradero de los normalistas, pues aseguró que se concentró en huir y esconderse de las autoridades.
Tras su declaración ministerial, el expresidente municipal de Iguala fue recluido en el CEFERESO, No. 1 “Altiplano” en el Estado de México, quedando a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros.
Los delitos por los cuales lo acusa la PGR son Delincuencia Organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de octubre del 2014.
La PGR informó que la consignación de Abarca se da de manera independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando la dependencia en su contra.
