[contextly_sidebar id=”TCyJd2IT7zDsid8h4PBd1hA4bxKoyaBN”] De acuerdo con la ONU, más de mil 200 millones de personas en el mundo sobreviven con menos de 1.25 dólares diarios y 2 mil 400 millones con menos de dos dólares; un problema agravado por el hecho de que siete de cada 10 personas viven actualmente en un país donde la desigualdad entre ricos y pobres es mayor que hace 30 años, según el más reciente informe de la organización internacional de combate a la pobreza Oxfam, Iguales: Acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas.
Los números de la desigualdad: Hasta 2014, las 85 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad; Bill Gates, por ejemplo, si quisiera agotar su fortuna gastando 1 millón de dólares al día, tardaría 218 años. Asimismo, de 2009 a 2013, el número de millonarios pasó de 10 a 13.7 millones de personas, detalla el reporte.
Pero la desigualdad económica no es inevitable, ni natural o necesaria, es el resultado de “elecciones políticas deliberadas”.
“Es posible revertir la desigualdad. Las normas y sistemas que han dado lugar a la actual explosión de la desigualdad tienen que cambiar. Son necesarias medidas urgentes que equilibren la situación, a través de la aplicación de políticas que redistribuyan el dinero y el poder de manos de las élites a las de la mayoría de la población”, de acuerdo con Oxfam.
Las claves para lograrlo
Pero, ¿qué se necesita para combatir la desigualdad? Según el informe de Oxfam, los ejes son los siguientes:
Esto implica que los gobiernos hagan a un lado los intereses de las grandes empresas y se centren en la voluntad del pueblo; esto debe ir acompañado de acuerdos mundiales y estrategias nacionales. Compromisos concretos: un objetivo post-2015 dedicado a erradicar la desigualdad extrema en 2030; comisiones nacionales de desigualdad; divulgación pública de las actividades de lobby; libertad de expresión y libertad de prensa.
La política económica debe hacer frente a la desigualdad económica y a la discriminación de género. Los compromisos concretos: compensación por el trabajo de cuidados no remunerado; acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres; igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a los derechos de herencia y sobre la tierra; recoger datos para evaluar los efectos de la política económica en niñas y mujeres.
Elevar los salarios mínimos hasta convertirlos en “salarios dignos” y protección del derecho de asociación y de huelga de los trabajadores.
Trasladar la carga tributaria del trabajo y el consumo al patrimonio, el capital y las rentas derivados de dichos bienes; transparencia sobre los incentivos fiscales; aplicar impuestos nacionales sobre el capital y explorar la posibilidad de un impuesto mundial sobre la riqueza.
Creación de un nuevo organismo mundial de gobernanza para cuestiones fiscales; elaboración de informes públicos esglosados por país; registros públicos de los beneficiarios reales; intercambio multilateral y automático de información fiscal, también con los países en desarrollo que no puedan proporcionar esa información; acabar con el uso de paraísos fiscales, a través de una lista negra y de sanciones; hacer que las empresas tributen en función de su actividad económica real.
Eliminar las tarifas a usuarios; cumplir con los compromisos de gasto; dejar de conceder subvenciones públicas a la prestación de servicios sanitarios y educativos por parte de empresas privadas, y revisar las ya existentes; excluir los servicios públicos y los medicamentos de los acuerdos de comercio e inversión.
La protección social reduce la desigualdad y garantiza la existencia de una red de seguridad que protege a las personas más pobres y vulnerables. Dichas redes de seguridad deben ser universales y permanentes. Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: servicios universales de atención y cuidado de niños y personas mayores; ingresos mínimos garantizados a través de subvenciones universales por menores a cargo, prestaciones por desempleo y pensiones.
La financiación para el desarrollo, si se dedica a apoyar el gasto gubernamental en bienes públicos, puede contribuir a reducir la desigualdad, además de mejorar la rendición de cuentas de los Gobiernos ante sus ciudadanos. Entre los compromisos concretos que deben realizarse están: incrementar la inversión de los donantes en servicios públicos gratuitos y en la movilización de los recursos domésticos; evaluar la eficacia de los programas en virtud de su manera de apoyar a la ciudadanía para que ésta haga frente a la desigualdad, así como en términos de promoción de la participación democrática.
El informe completo: