La iniciativa del IFAI sobre transparencia implica un retroceso para el acceso a la información
La iniciativa de ley secundaria de transparencia que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) entregó en septiembre pasado al Congreso implica un retroceso en lo que México ha logrado en la materia, advirtió el centro de estudios México Evalúa tras analizar la propuesta.
[contextly_sidebar id=”VQbGFs6PTatEzdbr6DYPgD5o2HeI97Z4″]La política de reserva de información que el IFAI detalla en el documento considera “áreas de reserva que están fuera de cualquier proporción”, lo que permitiría que dependencias de estado se nieguen a entregar datos del diseño, operación y resultados de prácticamente cualquier política pública.
“La información a la que la ciudadanía va a tener acceso será producto de la implementación de la ley secundaria menos la política de reserva, por eso ésta es tan importante y nos encontramos con una política que es un exceso y pone en riesgo el estado democrático del país”, dijo en entrevista Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa.
El IFAI es el organismo autónomo en el país responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales; y la máxima autoridad para resolver las negativas de acceso a información de parte de dependencias o entidades del gobierno federal.
En el capítulo II de la propuesta del Instituto para una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establecen 13 causales para la reserva de información.
Entre éstas se incluye la seguridad nacional, la estabilidad financiera del país, las actividades de verificación, inspección y auditorías para el cumplimiento de la ley o la prevención y persecución de delitos.
Al respecto, México Evalúa advierte sobre la generalidad de las causales y de las posibilidades de que una interpretación de éstas lleve a reservar información elemental para la rendición de cuentas.
“Están permitiendo que pueda reservarse información que pueda potenciar un riesgo o amenaza en términos de la prevención o persecución de los delitos. Bajo esa premisa hoy en día no podríamos conocer el actual programa de prevención del delito y en el futuro los ciudadanos no vamos a poder ver qué acciones va a tomar el gobierno, financiadas con recursos públicos, para perseguir delitos y prevenir la delincuencia, eso también incluye tener acceso a los resultados de esos programas”, dijo Mariana Campos.
Sobre reservar información por la “verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes”, la coordinadora de Transparencia de México Evalúa dijo que una interpretación de la causal llevaría a cerrar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación sobre la verificación del cumplimiento del decreto de presupuesto o las indagatorias sobre violaciones a derechos humanos.
“Se trata simplemente de precisar y no dejar a la interpretación estas causales de reserva de información. Tenemos que dejar muy delimitado cuando sí se puede reservar información y no hablar de áreas generales, necesitamos una política muy específica”.
El 29 de septiembre pasado, el IFAI entregó al Congreso su propuesta de legislación secundaria que contiene la Ley general de Transparencia y Acceso de Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales, las cuales complementarían la reforma constitucional en la materia promulgada en febrero de 2014, con la que el Instituto adquirió autonomía.
Discrecionalidad y periodo de reserva
Otros puntos que México Evalúa ve como focos rojos es que en la propuesta del IFAI se mantiene una política de reserva “excesivamente duradera”.
“En la ley actual se mantiene que la reserva de información es válida por 12 años. Lo que estamos ganando en esta propuesta es que sean siete años de entrada con posibilidad a postergarse otros cinco años, así que básicamente seguimos en lo mismo. La reserva de información debería quedar en máximo cinco años, menor a una gestión (de gobierno, que dura seis años) y con posibilidad a otros dos años”, dijo Mariana Campos.
Pero además de que no se reduce el periodo de la reserva de información, México Evalúa ve un retroceso en la forma de operar la política, dejando espacios para la discrecionalidad.
Por ejemplo, en la ley actual, los sujetos obligados deben entregar al IFAI un índice de información reservada —con datos de qué están reservando, por qué motivos, hasta cuando— que aunque no es público, existe. Pero en la propuesta de ley del IFAI ese índice desaparece.
“En la iniciativa ni siquiera existe ese índice. Eso es un retroceso, vamos en reversa, lo ideal sería que en esta propuesta quedara claro la importancia de que ese índice sea pública. Es una manera menos discrecional de operar la política de reserva, menos sujeta a los vaivenes de la coyuntura política y que además permite tener mucha claridad sobre cuáles son los documentos reservados”.
El índice que México Evalúa considera elemental para que cada dependencia respete el derecho de acceso a la información debería incluir qué documentos están clasificados como reservados —ordenados por tema y unidad administrativa—, añadir si existe una reserva parcial o total, motivo o justificación de la reserva, a partir de qué día se reservó y cuándo se libera; y quiénes son los encargados del documento y de autorizar la reserva de información.
El objetivo es evitar la discrecionalidad en la clasificación de la información y que la ciudadanía conozca las políticas de cada dependencia para emitir una declaración de reserva.
El Congreso tiene hasta febrero de 2015 para publicar esta legislación secundaria de la reforma de transparencia, en la que se debe incluir la política de reserva que limita el acceso de la ciudadanía a la información pública.
