Fuerzas federales asumen seguridad de 12 municipios de Guerrero y uno del Edomex
Foto: Cuartoscuro.
El comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que el Gobierno de la República ha solicitado formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender el caso Iguala.
[contextly_sidebar id=”wVpqWfs6n5cq0T2YqT65br1mXHnxv4qv”]Al dar a conocer los avances en la investigación sobre el ataque y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, detalló que autoridades federales han tomado el control de la seguridad pública en 12 municipios de Guerrero y en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
Durante una conferencia en la que también estuvo el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, subrayó que el gobierno federal realiza diversas acciones para ubicar a los desaparecidos, conocer la verdad, detener a los responsables y asegurar la aplicación estricta de la ley.
La asistencia solicitada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) es con el fin de implementar las medidas cautelares establecidas para proteger a todas las víctimas, precisó Rubido García.
Por lo que hace a la búsqueda de los responsables, mencionó que en la investigación exhaustiva que realiza la PGR se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal de las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el vecino municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.
“Para el propósito de recuperar la seguridad y tranquilidad, el gobierno de la República, en el marco de sus atribuciones y en acuerdo con las autoridades estatales, implementó una operación específica en dichas zonas”, expuso.
De esta forma, además de Iguala de Independencia y Cocula, el gobierno de la República asumirá las tareas de seguridad pública en Apaxtla de Castrejón, Buenavista de Cuéllar, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Taxco de Alarcón y Teloloapan, todos estos municipios de la región Norte.
En la zona de Tierra Caliente tomó el control en Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, San Miguel Totolapan y Tlapehuala, así como en el municipio vecino de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.
La Policía Federal, con el apoyo del Ejército Mexicano, será la institución encargada de brindar la seguridad pública, mientras que los agentes de seguridad de los 13 municipios referidos serán trasladados a la VI Región Militar en Mazaquiahuac, Tlaxcala, para practicarles exámenes de control de confianza, así como valorar su actuación y responsabilidad.
El Estado Mexicano también ha resguardado las armas de dichas corporaciones, con el objetivo de llevar a cabo una revisión puntual de las licencias colectivas, efectuar las pruebas de balística y ponerlas a disposición de la PGR para corroborar su posible uso en actos ilícitos.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer, igualmente, la “detención con fines de presentación” de Óscar Chávez Pineda, síndico de Iguala, quien fue requerido por el Ministerio Público de la Federación.
Sin embargo, la mañana de este 20 de octubre, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Chávez Pineda negó que este detenido y que se disponía a ir a su trabajo.
Asimismo dio a conocer que se han realizado casi 500 búsquedas por agua y tierra (como cuevas, lagunas, minas, presas, cerros y pozos) en busca de las 43 personas desaparecidas la noche del 26 de septiembre en Iguala, así como el personal y los vehículos que participan con ese fin.
Monte Alejandro Rubido subrayó que el gobierno federal ha informado y atendido a los familiares y representantes de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, además de reconocer a sus abogados para que tengan pleno acceso a todos los expedientes del caso.
Además explicó que todas las pruebas genéticas son analizadas por especialistas y, a petición de familiares de las víctimas, por peritos de Argentina expertos en la materia.
*Con información de Notimex.
