Las historias detrás de cinco detenciones ilegales en Puebla
Un golpe pesado rompió la madrugada del sábado. Diez kilos de metal y madera tronaron cinco puertas en San Bernardino Chalchihuapan. Y en ese golpe que rompió vidrios y muebles, también se rompieron cinco familias. Tras el marro de los policías, llegaron las armas y los ojos del cañón de pistolas y armas largas miraron a mujeres y niños. A abuelas que dormían abrazados de sus nietos. A madres que se aferraron a sus hijos y a hijos que intentaron defender a sus padres de los hombres que, vestidos de negro de pies a cabeza, los sacaron de la cama y los lanzaron a la batea de una camioneta blanca, para después llevárselos con destino desconocido. Y en ese defender sumaron golpes a los agravios.
No hubo una palabra de explicación, sólo mentadas de madre. Sólo “hijos de la chingada” y sentencias similares. Dolorosas no por lo que dicen, sino por la manera en que se escupen, desde la prepotencia armada y parapetada en una orden legal invisible, pues ni se explica ni se muestra al ingresar violentamente en medio de la oscuridad.
Y así, la legalidad se hace añicos, porque una vez más los encargados de hacer valer la ley la rompen, la ignoran, la despedazan para allanar seis hogares, el de Javier Montes Bautista, Fausto Montes García, Florentino Tamayo Ponce, Raúl Contreras Montes, Vicente Juárez Varela y Álvaro García Xelhua.
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Horas después de las detenciones, el gobierno del estado envió un boletín informativo asegurando que el ingreso a Chalchihuapan por la madrugada fue para cumplir con seis órdenes de aprehensión en contra de vecinos de la comunidad, a quienes la Fiscalía Especial del caso Chalchihuapan responsabiliza de delitos cometidos la tarde del 9 de julio, cuando se produjo un violento desalojo del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.
El comunicado también informa que la Fiscalía pidió la detención del presidente auxiliar de esa comunidad, Javier Montes Bautista, situación que no se cumplió porque el funcionario no fue hallado en su domicilio.
A la par que se detuvo a cinco de los seis pobladores señalados por la Fiscalía, también se aprehendió a seis policías estatales y se destituyó e inhabilitó hasta por cuatro años a seis elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio.
Entre los inhabilitados se encuentra Ofelia Flores Ramos, quien fungía como Subsecretaria de Coordinación y Operación Policial. Y aunque el boletín no informa el nombre de los funcionarios destituidos ni sus cargos, a excepción de la señalada, se presume que también fueron inhabilitados el inspector Willibaldo Díaz Castillo, y el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, Yair Bibiano Sánchez, pues el gobierno del estado ya había señalado a finales de agosto pasado, en un boletín emitido en respuesta a una solicitud de información, que Díaz Castillo fue el responsable de ordenar “el despliegue de efectivos”.
“El Inspector Willibaldo Díaz Castillo, Director de Operaciones Policiales de la Policía Estatal Preventiva, es el servidor público que ordenó el despliegue de los efectivos que acudieron a la autopista Puebla–Atlixco, una vez que fue informado del bloqueo de la misma por parte de manifestantes el 9 de julio de 2014”, decía el comunicado.
Bibiano Sánchez, quien fungía como el encargado de despacho de la Policía Estatal Preventiva, es en la cadena de mando de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, el eslabón intermedio entre Díaz Castillo y Ofelia Flores.
Pero al jefe de todos ellos, Facundo Rosas Rosas, a quien la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala como responsable directo del violento operativo, al haber estado a cargo del mismo, sólo recibió una amonestación y se le aplicó una multa. Ni la amonestación señalada, ni el monto de la multa impuesta o si esta fue pagada por el funcionario o por la dependencia, fueron hechos públicos.
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Son las 6:00 de la mañana del sábado 18 de octubre y aún no amanece en Chalchihuapan, pero la plaza del pueblo ya está llena de personas. Las campanas de la iglesia repican. En los rostros hay somnolencia pues al filo de las 4:00 de la mañana, un convoy de 13 vehículos sin placas, ni logos, según denunciaron familiares de los detenidos, cruzó a toda velocidad el puente que atraviesa la autopista Puebla-Atlixco, el mismo punto en donde en julio pasado se enfrentaron policías y habitantes de esa comunidad, y reventó la calma que vivía el pueblo desde hace unos días.
Entre el jueves y el viernes, es decir unas horas antes, personal de la Fiscalía Especial para el caso Chalchihuapan, recorrió el pueblo para entregar unas invitaciones para los heridos por la policía estatal para el evento en el cual el gobierno de Puebla daría a conocer el cumplimiento de las once recomendaciones que le planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Pero nadie acudió.
Araceli Bautista, la madre del alcalde auxiliar Javier Montes, sostiene al momento de tomar el micrófono y hablar sobre la situación que militantes antorchistas hicieron correr el rumor de que venían ya las detenciones.
—Tenemos los nombres de quienes anduvieron diciendo. Tenemos los nombres, pero yo sé que si ahorita los digo, encabronados todos somos capaces de ir a sacarlos de sus casas.
—Sí. Sí. Sí —las voces confirman la molestia que enfrenta la población, lo mismo con las autoridades, pero también con Antorcha Campesina.
—¿Qué esperamos, señora, qué agarren más personas? ¡Vamos por ellos! —insiste otra de las mujeres presentes.
—No, esperen. Eso es lo que quiere Antorcha. (…) Lo que yo les pido es que no perdamos la cabeza, y la única manera en que esto se arregle es estar unidos, Chalchihuapan y dejar a esos demonios a un lado.
Chalchihupan está sobre un barril de pólvora social desde la llegada de Antorcha Campesina y la mecha podría encenderse en cualquier momento.
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Tras las detenciones de vecinos en San Bernardino Chalchihuapan abogados y activistas cuestionaron la violenta incursión policial en esa comunidad, y adelantaron que buscarán la destitución del gobernador Rafael Moreno Valle.
Así, mientras que el abogado Alejandro del Castillo, parte del equipo que representa legalmente a Elia Tamayo, madre de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el menor asesinado en el sangriento desalojo, anunció que a la par de la lucha jurídica para liberar a los cinco detenidos también impulsarán acciones políticas contra el mandatario.
—Vamos a la lucha, compañeros. Con los marcos legales. Tenemos que reclamar de los partidos políticos que lanzaron a este sátrapa por qué lo tienen ahí. El PAN y el PRD nos tienen que decir por qué lanzaron a este tipo como candidato. Y vamos con entereza a enfrentar un gobierno que lejos de representarnos, nos agrede y nos ofrende. La lucha no sólo es jurídica, es una lucha que va más allá de los juzgados. Es una lucha contra el tirano, y vamos a pedir su destitución.
Por su parte, Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que de confirmarse que no se presentaron las órdenes de detención y cateo podría calificarse de detenciones ilegales, y apuntó que un juez debió controlar y ratificar si fue conforme a derecho o no.
—Seguimos viendo el uso del sistema de justicia de manera desproporcionada, con una intención más de castigo que de esclarecimiento de lo que realmente sucedió. Además la desproporción, pues mientras a la gente de Chalchihuapan la detienen en medio de la madrugada y con los señalamientos que se han hecho, al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, apenas se le aplica una amonestación, no hay un establecimiento de responsabilidad penal o de mayor consecuencia.
En tanto Misraim Hernández , vocero de la organización civil Contingente Puebla, criticó la forma en la que el gobierno de Puebla atendió a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“No puedes solucionar delitos cometiendo más delitos. Con esto, el gobierno de Rafael Moreno Valle nos está diciendo que en aras de responder las recomendaciones de derechos humanos es permitido hacer uso de la fuerza y amedrentar a las familias”.
Hilario Alonso Flores, integrante de la dirigencia de la organización Los de Abajo, adelantó que buscarán coordinarse con otros grupos ciudadanos que tienen entre sus filas a detenidos por oponerse a proyectos gubernamentales, para conformar un grupo más grande y ejercer una mayor presión social.
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“Ya estábamos despiertos —cuenta Petra López Tecalero mientras carga a su bebé de meses—. A las 3:00 de la mañana nos levantamos para torcer (fabricar tendederos), ya que el dinero no alcanza. Y ahí estábamos cuando escuchamos el ruido de un carro que sube pero rápido. Se asoma de la ventana (su marido, Fausto Montes). Y me dice:
—Oyes ya se pararon acá ¿quién sería?
—No salgas, le digo, deja, quién sabe qué sería.
“Cuando oímos que el carro lo echan y doblaron la puerta”. una reja de malla ciclónica que circunda y cerca la casa.
Después vinieron los marrazos, cuenta, e intentaron bloquear la entrada colocando un carretilla con bultos.
—Son rateros, son rateros —dice Petra que le dijo Fausto.
—Pero qué pueden querer —le responde—, si estamos nomás acá nosotros, y los niños. Ya nos metimos pal cuarto”.
Ahí cruzaron un ropero en la puerta para protegerse. La policía que, insiste Petra, jamás se identificó, rompió a marrazos la puerta y el ropero. Luego sacaron a Fausto.
Petra comenzó a gritar y uno de los agentes le dijo: “cállate, pendeja”.
