En 2015, familias de desaparecidos realizarán nueva caravana nacional; buscan reunificar acciones como víctimas

[contextly_sidebar id=”XFuipnuvJLkHwnaZrUNWYYGWtZdrCvin”]Entre marzo y abril del año 2015, familias de víctimas de desaparición forzada de todo el país realizarán una nueva caravana por el territorio nacional, que pasará al menos por diez estados de la República, con el objetivo no sólo de denunciar la continuidad de la violencia generalizada en México, sino, primordialmente, para reunificar a las organizaciones, colectivos e individuos que, con las caravanas civiles realizadas en 2011, lograron fijar esta problemática en la agenda tanto de la clase política como de la sociedad.

El itinerario de esta procesión de víctimas, señala Juan Carlos, aún está en etapa de definición, pero acota: “Estamos pensando en recorrer la zona centro del país, aunque también estados del sur, como Guerrero. Y estamos por el momento en diálogo con familias y agrupaciones de los estados del norte, además de Tamaulipas, para integrar esas entidades en la ruta. En este momento ya se firmaron convenios de colaboración. Hay familias que están creando nuevos colectivos a nivel estatal, y nuestro objetivo es tratar de llevar a cabo esta movilización lo mejor posible, desde nuestras posibilidades“.

–¿Cuáles son esas herramientas a las que te refieres, acumuladas por las víctimas de 2011 a la fecha? –se pregunta al hijo de María Herrera, una de las figuras emblemáticas de las movilizaciones civiles de hace tres años, por haber dado voz a las miles de madres que claman por la presentación de sus hijos e hijas desaparecidos.

Una vez renovados los vínculos entre el mayor número de agrupaciones, colectivos y familias de desaparecidos, afirma Juan Carlos, la idea es establecer un método de trabajo descentralizado para dar seguimiento jurídico a las denuncias. “Entre todos los grupos que ya existen, sólo algunos cuentan con amplio conocimiento sobre el seguimiento que debe darse en términos jurídicos y procesales a los casos de desaparición. Y si nos vamos caso por caso jamás vamos a terminar, por lo que el objetivo ahora es hacer llegar ese conocimiento acumulado a todos los demás grupos. Incluso ayudar a las familias a agruparse, ya no sólo para hacer denuncia pública, ante los medios, sino para que sepan qué pasos deben seguirse en la investigación de sus casos y puedan así vigilar puntualmente el proceder de las autoridades responsables de hacer dicha investigación“, comentó.

Por ejemplo, abunda: “A pesar de que el tema de la desaparición ya está posicionado en el debate político, nos seguimos encontrando con víctimas que nos dicen ‘busco a mi hijo, a mi prima, a mi sobrino, a mi mamá, pero las investigaciones están congeladas‘. T en el momento en que revisamos la averiguación, nos damos cuenta de que alguna vez hubo pruebas, indicios, pero que se han perdido; o que hubo posibilidad de hacer rastreos, pero que la autoridad no aplicó la tecnología disponible para ello; o que no siguieron los pasos procesales que la misma ley marca. Pero cuando nos percatamos de todo esto ya es tarde. Son pruebas perdidas irremediablemente. Son procesos que hacer a destiempo es igual que no hacerlos. Y entonces nos damos cuenta de que esa vigilancia en lo jurídico es imprescindible que inicie junto con las investigaciones oficiales, ése es el objetivo. La red de vínculos, además, permitirá que las agrupaciones locales reciban apoyo jurídico de otras similares, más allá de las fronteras de sus estados.

–¿Qué ocurrió entre 20011 y 2014, qué fracturó a las agrupaciones y colectivos, qué hace necesaria una nueva caravana de víctimas para volverlos a conectar?

–Nosotros no nos dimos cuenta al principio –señala Juan Carlos, quien junto con otras víctimas integra en la actualidad el colectivo Búsqueda de Familiares María Herrera AC–. Las autoridades del gobierno anterior afirmaron tener la voluntad de abordar la problemática y comenzaron a trabajar, nos dieron una atención especial, nos presentaban avances, llamaban a cuentas a funcionarios, alguna vez incluso nos llevaron a hacer diligencias para la búsqueda de mis hermanos en aviones de Presidencia… En fin, parecía que verdaderamente las autoridades habían experimentado un cambio de postura, pero luego nos dimos cuenta que, en realidad, toda esa disposición mostrada sólo era en beneficio de un grupo muy reducido de familias que participamos en los diálogos de Chapultepec, mientras que al resto seguían ignorándolas, tratándolas con indiferencia, sin atender sus casos, sin investigar. De esto nos dimos cuenta una vez que acudimos a la PGR a recibir avances de la investigación, y al salir, mi madre se encontró a una mujer sentada en la recepción, agachada, abrazándose las piernas, que era la misma postura en la que alguna vez estuvo, ahí mismo, mi mamá, llorando… Y mi mamá le preguntó qué le pasaba, y ella le respondió que acababan de desaparecer a su hermano, y que las autoridades no querían buscarlo, que las autoridades de la PGR le acababan de decir que no la podían atender. En ese momento, mi mamá la tomó de la mano y se metió con ella hasta la Subproduraduría de Delincuencia Organizada y sólo hasta que vieron que venían juntas, aceptaron recibir a esa señora y atenderla. Le levantaron la denuncia y se inició la averiguación previa. Ese día nos dimos cuenta de que la disposición del gobierno era falsa, y que había que redoblar la lucha.

–Ya como Búsqueda de Familiares María Herrera AC hemos dado apoyo a 130 familias, aproximadamente, y hemos contribuido para la localización de cinco víctimas, de los cuales ha sido muy importante el que se cuente con un reporte inmediato, porque así, también de forma inmediata, podemos empezar a presionar a las autoridades. Uno de estos casos en los que hemos recuperado a la víctima con vida, por ejemplo, acaba de ocurrir muy recientemente. Se trata de una jovencita de 21 años, radicada en el Distrito Federal, que en marzo fue raptada por los integrantes de una secta satánica, que con engaños comenzaron a enredarla y, un día, simplemente, desapareció. La familia entró en contacto rápidamente con nosotros, lo que nos permitió hacer presión inmediata a las autoridades, reportando el hecho y exigiendo que se hiciera una investigación verdadera, que se rastrearan los puntos en los que su familia creía que había estado, así como vigilando a las personas que la familia sospechaba que se la habían llevado. Esto permitió que la Policía Federal detectara la ubicación del punto en el que la tenían cautiva y se logró su rescate, apenas días después de su desaparición… Lamentablemente, esta muchachita fue rescatada en un estado físico muy malo, la estuvieron torturando, y estaba muy lastimada.

Esta denuncia, a la que siguió la presión civil para la aplicación de una búsqueda de campo, permitió no sólo rescatar a la víctima, sino que también “las autoridades pudieron detener a algunas de las personas involucradas en el rapto y los tormentos a los que fue sometida… Si esto no hubiera sido así, si no se hubiera actuado inmediatamente, hoy no sabríamos nada de ella…“

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La guerra continuada…

Las movilizaciones ciudadanas de 2011 contra la violencia en México, a raíz de la guerra contra el crimen organizado, efectivamente permitieron visibilizar esta problemática, obligando a las autoridades a reconocer que las miles de víctimas de desaparición eran más que “daños colaterales” de la estrategia de seguridad emprendida en el sexenio pasado. Sin embargo, “esta problemática de violencia generalizada sirvió a las autoridades para ocultar una problemática similar, pero con más años de vigencia, la desaparición de personas por motivos políticos“, afirma Nadín Reyes Maldonado, quien busca a su papá, Edmundo Reyes Amaya, militante del Ejército Popular Revolucionario desaparecido en 2007, junto con su camarada Gabriel Alberto Cruz, durante un operativo conjunto de la policía de Oaxaca y el Ejército.

“Es lamentable –afirma esta joven, pedagoga de profesión– que ante la situación actual, ante miles de casos de ciudadanos desaparecidos en el contexto de la violencia por la guerra contra el crimen organizado, los casos de desaparición por motivos políticos hayan quedado invisibilizados, como si fuera algo que sólo sucedió en el pasado, durante la ‘guerra sucia’ (estrategia represiva emprendida por el gobierno mexicano contra movimientos opositores de los años 70), pero que ya no se dan, cuando la realidad es otra: la desaparición forzada ha sido desde hace décadas una política de Estado, sistemática y continua, y nunca ha habido un periodo que haya dejado de ser aplicada.”

Incluso, destaca, en los primeros 17 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, al menos 29 activistas fueron víctimas de desaparición forzada, con distintos desenlaces: diez de ellos fueron localizados días después de su rapto, asesinados; cuatro lograron escapar; uno más fue liberado por sus captores luego de permanecer secuestrado también durante varios días; y seis de ellos siguen sin ser encontrados.

“El gobierno aprovecha la misma situación de violencia generalizada que ha provocado con su estrategia de combate a la delincuencia –explica Nadín–, para actuar de forma velada en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, cuyos casos han quedado invisibilizados. Y en buena medida se debe a que el Estado ha perfeccionado esta práctica, ya son otros actores los que la cometen, paramilitares y sicarios del crimen organizado, por ejemplo, que actúan con la aquiesencia, con la venia, de las autoridades. Para nosotros, el actuar de estos grupos no es algo separado del actuar del Estado.“

–¿Qué ha cambiado en cuanto a la desaparición por motivos políticos, que te hace afirmar que el Estado ha perfeccionado sus prácticas?

–Es bien importante subrayar que, de las 29 personas desaparecidas por motivos políticos, que fueron raptadas por ser activistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos, y que hemos documentamos en el colectivo Hasta Encontrarlos durante los primeros 17 meses de gobierno de Peña Nieto, diez fueron encontrados asesinados, varios días después de su secuestro. Y en esto vemos un patrón: para las autoridades es más complicado tener a las familias de los desaparecidos luchando por la presentación de sus seres queridos. Así que, al parecer, ahora viene siendo más fácil desaparecer por un tiempo a la víctima, y luego presentarla muerta. Así disminuye el costo político para el Estado, así ya no tienen a las familias presionando, eso es lo que venimos detectando.

Según el informe que Hasta Encontrarlos presentó a la ONU, en mayo pasado –como herramienta de contraste con el informe que presentó el gobierno mexicano sobre la problemática de desaparición forzada–, de esos diez activistas desaparecidos y hallados muertos varios días después, cuatro eran campesinos organizados de Guerrero, tres eran líderes indígenas de Michoacán; dos eran campesinos organizados de Veracruz y uno era un líder social de Oaxaca.

Por otra parte, de los seis activistas que permanecen desaparecidos hasta la fecha, cinco pertenecían al Consejo Nacional de Frente Popular Campesino Revolucionario Francisco Villa, del Estado de México, y uno más es un ambientalista del DF, testigo del ataque a Francisco Kuykendal, el manifestante que murió tras ser golpeado con un cartucho de gas lacrimógeno, disparado con una escopeta por un agente de la Policía Federal el 1 de diciembre de 2012, fecha en que asumió el cargo el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Epílogo: ojos que no ven…

En México, una persona “extraviada” es aquella que “por circunstancias ajenas a su voluntad, desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio”, por lo cual no puede reencontrarse con sus núcleo familiar y social, mientras que una persona “desaparecida”, en cambio, es aquella de la que se pierde el rastro en el contexto de “un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, (o) una catástrofe natural“. Ésas son las dos únicas categorías que reconoce la ley y, a pesar de ello, la actual administración federal acuñó un nuevo término, los “no localizados”, en el que hace converger, confundiendo de forma arbitraria, a las víctimas de dos problemáticas muy distintas: la problemática de los que se pierden, y la problemática de los que se llevan.

Esto es así, señala Miguel Ángel García Leyva, representante de la agrupación ciudadana Esperanza contra las Desapariciones Forzadas, de Mexicali, Baja California, porque “el Estado busca que los desaparecidos ‘desaparezcan’ también del discurso oficial, del lenguaje cotidiano, de la formalidad de las leyes. Quieren desaparecer la palabra ‘desaparecido’, que define un crimen de lesa humanidad, sustituyéndola con términos como ‘persona extraviada o ausente’, o persona ‘no localizada’, o persona ‘de paradero desconocido‘… la actual administración orquesta una campaña para hacer creer que las desapariciones forzada son cosas del pasado, lo cual es absolutamente irreal: la desaparición forzada de personas sigue siendo recurrente“.

Las estadísticas oficiales, de hecho, confirman que ésta es una problemática actual, no rebasada, no del pasado, ya que, tan sólo durante el año y medio que lleva en el gobierno el presidente Enrique Peña Nieto, en México han desaparecido 9 mil 720 personas.

* El presente trabajo es la tercera entrega de un reportaje en tres partes realizado con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la Unión Europea.

Lee aquí la primera parte.

Y aquí la segunda.