Desaparecidos en México: la guerra por la verdad (Parte 1)

[contextly_sidebar id=”jhQfwaGJ4DSep5JkWFbfjupQrMykyJ9q”]Araceli busca a su hijo, Luis Ángel, un policía federal secuestrado en 2009 por el crimen organizado asentado en Michoacán, y en esta búsqueda encontró a F…, una muchacha de Guerrero raptada con fines de explotación sexual y que meses después fue abandonada, torturada, moribunda, en un hotel del Estado de México.

Fernando busca a su hijo, al que dio su mismo nombre, un joven estudiante de ingeniería secuestrado en Tijuana, en 2007, por un grupo de hombres vestidos con uniformes policiacos, que allanó su casa para sacarlo a la fuerza. Y fue al buscar a su hijo, que Fernando halló dos de las fosas clandestinas en las que Santiago Meza, el Pozolero, depositó los restos de al menos 300 personas, cuyos cuerpos había disuelto con sosa cáustica.

Juan Carlos busca a sus hermanos Raúl, Salvador, Gustavo y Luis Armando, los dos primeros raptados por el crimen organizado en Guerrero, en 2008, y los otros dos por policías de Veracruz, en 2010. Y en esta lid, apenas en marzo pasado, Juan Carlos encontró y salvó la vida de N…, una joven del Distrito Federal plagiada por los seguidores de un culto privado, y a la que mantenían cautiva para someterla a distintos tormentos durante ceremonias rituales.

Araceli…

El pasado 21 de agosto, el gobierno mexicano informó que, durante los últimos ocho años, en el país han sido encontradas 17 mil 175 personas reportadas como desaparecidas, mientras que otras 12 mil 532 personas siguen aún sin ser localizadas. Estas son las conclusiones estadísticas a las que arribó la Secretaría de Gobernación, después de actualizar su Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Renped).

“En la Policía Federal me dijeron que ellos tuvieron la culpa  –narra Araceli, su mamá, con indignación– que ellos se identificaron como policías federales en una caseta carretera, y que ahí les puso el dedo un halcón (un vigía del crimen organizado), alguien que dio aviso a los líderes del cártel de La Famiia Michoacana, ahora conocido como Caballeros Templarios.“

Desde su rapto han transcurrido ya cuatro años y nueve meses, que han sido “de agonía –dice Araceli–, de búsqueda, de impotencia, de dolor, de insomnios, de estar pensando todas las noches qué hacer, qué más hacer, qué no he hecho, que podría seguir haciendo, y no sólo para saber la verdad histórica sobre lo que pasó con Luis Ángel y sus compañeros, sino la de muchos más, porque nosotros, cuando buscamos a nuestro propio hijo, nos convertimos en mamá de miles, porque el dolor que tengo yo, lo tienen muchas madres y padres…”

“Ellos son policías honestos, que salieron desde las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa para ir a servir y proteger a una comunidad –subraya Araceli–, pero, finalmente, la institución no los protegió a ellos y, hasta la fecha, las autoridades jamás han querido aceptar que, como institución, son responsables de lo que les ocurrió.”

–¿Qué han hecho, en concreto, las autoridades, para dar con el paradero de Luis Ángel? –se pregunta a su madre.

–Al principio nada –responde, tajante–. Las autoridades le dieron seis días a los secuestradores para que hicieran lo que quisieran… Ya después me queda muy claro que han hecho mucho, incluso han perdido la vida otros policías federales, por ir a la búsqueda de sus siete compañeros y del civil que iba con ellos. Eso me queda muy claro, y me duele su sangre derramada, me duele el dolor de sus familias.

Araceli se refiere a los 15 policías federales asesinados en Zitácuaro, Michoacán, el pasado 14 de junio de 2010, cuando fueron emboscados por sicarios de La Familia, en un ataque perpetrado cuando realizaban labores de rastreo, y que dejó otros 15 uniformados heridos, algunos de los cuales quedaron discapacitados de por vida.

Durante estos cuatro años y ocho meses, las acciones de las autoridades relacionadas con la búsqueda de estos siete agentes y su acompañante civil, además, ha permitido la captura de 20 presuntos involucrados, ninguno de los cuales ha sido sentenciado hasta la fecha, cuyos testimonios refieren que “ellos fueron asesinados el mismo día de su secuestro, de una forma muy cruel“.

Sin embargo, subraya Araceli, aún con todo lo que hayan hecho hasta ahora las autoridades, falta lo principal: encontrarlos, vivos o muertos.

“De pronto siento que el gobierno apuesta a que nos cansemos, a que nos debilitemos y a que nos llegue la muerte silenciosa –dice Araceli, con una calma gélida–. Esta muerte que no te avisa, porque te sientes mal y no le haces caso a tu enfermedad. Si te duele el estómago, te dices ‘al rato se me pasa’; si te duele la cabeza, si te duele un pie, qué se yo… si se te entumen las manos te dices que es por el estrés… pero no es cierto, es la muerte silenciosa que te va atacando, y cuando intentas atenderte ya no puedes, porque resulta que ya tienes algo grave, como un tumor, como le pasó a nuestro compañero Roberto Galván, que a raíz de la búsqueda de su hijo desarrolló un tumor canceroso en su cabeza, y falleció… Esto es a lo que el gobierno apuesta: a que nos cansemos, a que nos debilitemos, ‘déjenla que siga hablando’, ‘déjenlos que griten lo que quieran, algún día se cansarán‘, pero lo que no saben es que nosotros tenemos la gran fortaleza en nuestro vientre, en nuestro corazón, de haber sido madres, de haber tenido la dicha por medio de Dios de haber parido a nuestros hijos e hijas, y que no vamos a claudicar. No vamos a dejar que queden impunes tantos crímenes”.

Y es esa fuerza, afirma, la que “nos ha convertido en agentes de cambio, y entonces  sales, porque la gente te está llamando, pidiéndote ayuda, y tú, como sientes el dolor, no puedes dejar que esa gente viva lo mismo que tú has vivido. Lo que a mí me tomó de trabajo para que me abrieran las puertas de las instituciones, es algo por lo que ya no deben pasar ahora estas personas, porque quienes hemos aprendido a abrir esas puertas, se las abrimos. Para que sea, a la mejor, el mismo dolor, pero que no lo lleven de la forma tan difícil en que nosotros tuvimos que hacerlo, como estar en la lluvia, en el sol, ocho horas afuera de una institución para poder ser atendidos, todo este proceso que yo viví no lo quiero para otros, eso es lo que he aprendido.“

Y ese aprendizaje llevó a Araceli a cumplir, para otra madre guerrerense, el sueño, que también es suyo, de ver a su ser amado de vuelta en casa.

“Ocurrió –recuerda, y el recuerdo le devuelve una pizca de alegría a su mirada– en el año 2011, cuando la mamá de una chica que había desaparecido en Acapulco me llamó llorando, para contarme que a su hija la habían llevado con mentiras al Estado de México. Le habían prometido que recibiría una beca para estudiar colocación de uñas postizas en una academia de belleza, pero en realidad era un asunto de trata de personas. Ella se llama F…, es muy jovencita, y se la llevaron a Iztapaluca, y luego la obligaron a prostituirse en un bar de Los Reyes la Paz.“

En Acapulco, las autoridades estatales se habían negado a recibir la denuncia de la madre de F… y debido a ello, esta señora pidió el apoyo del Movimiento por la Paz, la organización ciudadana surgida ese año e integrada mayoritariamente por víctimas de la violencia. Y Araceli, para entonces, era la encargada de atender las denuncias de quienes se acercaban a la agrupación.

Sabiendo de estas nuevas responsabilidades, “casi milagrosamente”, una amiga de Araceli, que trabaja como enfermera en un hospital del Estado de México, le pidió su ayuda para identificar a una jovencita que se encontraba internada en calidad de desconocida desde hacía un mes, y que había sido abandonada en un hotel, pensando sus agresores que estaba muerta.

“Mi conocida me dijo que esta chica llegó muy mal, los médicos hicieron lo humanamente posible para salvarle la vida. Había llegado con un pie totalmente dislocado. Le habían cortado un pedazo de lengua, le arrancaron los pezones, y la golpearon tanto que le provocaron atrofia cerebral. Y mi amiga temía que si no era identificada, terminaría en un albergue, sin que su familia pudiera nunca encontrarla… Yo le pedí a mi amiga un favor, sólo por no dejar: que le dijera el nombre de ‘F…’ y cuando lo hizo, ella reaccionó, aún inconsciente, ella se estremeció, en realidad, muy en el fondo, sí estaba consciente, y entonces me dirigí al hospital.”

En cuestión de horas, y por intermediación de Araceli, las autoridades federales pudieron comprobar que la joven que llevaba un mes en calidad de desconocida era la misma que, dos meses antes, había sido raptada en Acapulco. También en cuestión de horas, su madre fue conducida hacia el hospital y, en tanto llegaba, aún inconsciente, narra Araceli, que se le acercó y le dijo al oído: “‘F…, tranquila, m’ija, ya te encontramos, ya nadie te va a dañar, ya viene tu mamá, y tú te tienes que recuperar, porque yo no sé nadar, y quiero que tú me enseñes, porque tú debes de nadar muy bien‘… Hoy, ella está de vuelta en su casa, con su familia. Los doctores habían dicho que el daño cerebral era irreversible, que pasaría la vida postrada en una cama, en estado vegetativo, pero no es así. Yo la visité hace un año y ella me recibió sentada, ya comienza a hablar, con dificultad, con balbuceos, pero ella me reconoció y me llamó por mi nombre, y me recordó que hay una promesa pendiente: “tú y yo a nadar –me dijo–… tú y yo a nadar...”

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Nicomedes…

Entre finales de los años 60 y principios de los 80, el Estado mexicano desató una política represiva contra grupos opositores al régimen, lo mismo beligerantes que pacíficos, conocida hoy como la “guerra sucia“, cuya principal práctica fue la desaparición forzada de activistas, familiares, sospechosos o cualquier persona que, a juicio del gobierno, pudiera aportar información sobre actividades insurreccionales.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en este periodo se tiene reporte de al menos 532 casos de desaparición forzada perpetrados en todo el país, de víctimas que siguen sin ser localizadas hasta la fecha, siendo Guerrero la entidad más afectada por la represión institucional, con 293 casos en los que las personas fueron detenidas por alguna autoridad y nunca más se supo de ellas. La CNDH, sin embargo, sólo acreditó fehacientemente 275 casos, sin descartar que el resto fuesen desapariciones forzadas.

Aún así, el número real de víctimas desaparecidas por el Estado durante ese periodo es mucho mayor, e incuantificable, aclara Nicomedes Fuentes García, quien busca a su tío, Juilo Fuentes Martínez, un guerrillero del Partido de los Pobres –la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas–, detenido en 1974 en el Estado de México por la Dirección Federal de Seguridad y entregado al Ejército.

En la actualidad, Nicomedes es integrante de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la ‘Guerra Sucia’ de los Años Sesenta y Setenta en el Estado de Guerrero (Comverdad), que luego de dos años y medio de trabajo, emprendido por mandato legal del Congreso guerrerense, está por concluir sus labores en septiembre próximo.

“Nosotros buscamos desaparecidos… Cuántos, es incierto, no existe una contabilidad –lamenta Nicomedes, al pie de una zanja donde busca restos humanos, en el ex cuartel militar de Atoyac, apoyado por los familiares de otras víctimas de desaparición–, no tenemos una cifra exacta de cuántos desaparecidos hay… Pero, además, nos interesa investigar también todas las violaciones a derechos humanos cometidas de 1969 a 1979, porque aquí hubo despariciones forzadas, desapariciones forzadas transitorias, desplazamientos de comunidades, hubo violaciones a mujeres, hubo menores de edad detenidos, asesinados y desaparecidos. Es gravísimo todo lo que ocurrió. El Estado mexicano tiene una deuda muy grande con todas estas gentes…”.

Tan sólo en Atoyac, durante este periodo de represión gubernamental se tiene registro de 450 casos de personas desaparecidas por el Ejército, abunda al respecto Julio Mata, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), ya que en esta región de Guerrero “el Ejército y otras fuerzas, como la Policía de Tránsito y la Brigada Blanca, actuaron específicamente en contra de la población, para exterminarnos, y así evitar, según ellos, que se brindara apoyo a las guerrillas.”

Se trató, añade, de un periodo de “terrorismo de Estado (…) en el que el Ejército vino y arrasó los pueblos de toda esta zona, cercaba las comunidades, impedían la entrada y salida de gente, tumbaban puertas y ventanas de las casas, sacaban a la gente a culatazos, y los llevaban a la cancha de básquetbol, y mediante una lista, los separaban“.

A pesar de haber transcurrido 40 años desde entonces, Julio narra con dolor fresco las escenas de la guerra sucia en Guerrero. “A muchos se los llevaban, principalmente a los hombres, aunque también a mujeres, niños y ancianos, y se los llevaban al cuartel militar de Atoyac, los vendaban de los ojos y los traían caminando desde sus comunidades lejanas, hasta el cuartel... A veces los subían a helicópteros y los aventaban como costales desde una altura de 10 o 15 metros, para que cayeran en el cuartel. Otras, los subían en camiones de redilas, amarrados de pies y manos, el cuartel en ese momento sirvió como cárcel clandestina. Ahí torturaban a la gente, y les exigían, mediante tortura, que revelaran las posiciones de los guerrilleros (…) Según los testimonios de sobrevivientes, del cuartel de Atoyac, algunos eran trasladados a la base de Pie de la Cuesta (en Acapulco), y ahí los mataban con un balazo en la nuca, y luego en un avión se los llevaban rumbo a Oaxaca y los arrojaban al mar. “

Julio Fuentes Martínez, el tío de Nicomedes, fue trasladado a esa base de las Fuerzas Armadas en Guerrero, luego de su captura en el Estado de México.

“En el Archivo General de la Nación (AGN) –explica Nicomedes– pudimos tener acceso a un archivo sobre este periodo, que nunca antes había podido ser consultado, porque la Procuraduría General de la República lo mantenía en reserva. Ahí obtuvimos cerca de 250 fichas que hablan del tema. Cuando detuvieron a mi tío, el gobierno dijo que no sabía nada de él, pero en el AGN encontramos un documento que dice que Julio Fuentes Martínez fue detenido en Tlalnepantla, y está firmado por Luis de la Barreda Moreno, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, que lo entregó a la Policía Militar“.

El resultado de esas investigaciones documentales, que aportan nombres de algunas de las autoridades involucradas en la estrategia represiva aplicada en Guerrero, así como de las pesquisas de campo realizadas por la Comisión de la Verdad, serán presentados en los próximos meses, afirma Nicomedes, mientras se apura a cerrar las últimas zanjas abiertas en el ex cuartel de Atoyac –instalaciones que hoy ocupa el ayuntamiento local–, donde no pudo ser hallado ningún cuerpo, a pesar de contar con testimonios que indican que en algún lugar de este cuartel se enterró clandestinamente a víctimas asesinadas durante la guerra sucia.

El trabajo, sin embargo, no ha sido en vano. “A principios de diciembre del año 2013 –narra Nicomedes–, tuvimos acceso a una información acerca de un enfrentamiento entre la guerrilla y miliares en la comunidad del Posquelite, en los límites de Atoyac y Coyuca de Benítez, en el que murieron dos guerrilleros, que fueron enterrados por las autoridades en algún lugar de la zona. Le dimos seguimiento. La comunidad fue dando información. Aunque muchos sabían dónde se había enterrado a esos guerrilleros que ya habían muerto, los sobrevivientes no recordaban dónde excavaron las fosas, así que comenzamos a realizar la búsqueda, con apoyo de peritos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y en junio de este año encontramos el primer cuerpo. La exhumación fue exitosa, los restos de esa persona estaban la mayoría ahí. Empezamos por detectar una falange, un metatarsiano al parecer, y más abajo encontramos el cráneo y fueron apareciendo el resto de los huesitos, muy bien conservados aún con 40 años ahí, esto ocurrió en el 74, y un mes después, a 400 metros de distancia fue encontrado el segundo cuerpo, y ahora están esos restos en proceso de identificación, si es que ésta es posible.”

–¿No siente feo estar cerrando estas zanjas en el ex cuartel de Atoyac, sin haber encontrado nada? –se le pregunta.

–Sí –reconoce–, pero tenemos limitantes. El tiempo que puede existir la Comisión de la Verdad por ley, está por concluir, y tenemos que presentar el informe de las labores realizadas. Hemos buscado y, obviamente, no vamos a darle a los familiares la respuesta que ellos esperan, pero sí localizamos los restos de dos personas, desaparecidas desde hace 40 años. Un sobreviviente de la guerrilla recientemente fallecido, Octaviano Santiago, era de la idea de que, si la Comisión de la Verdad encontraba aunque fuese a uno de los desaparecidos, eso ya habría hecho importante su existencia, y, al menos desde la perspectiva de él, nosotros cumplimos, eso es muy importante, aunque falte aún mucho por hacer…

En el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas no está incluido el caso de Julio Fuentes Martínez y, de hecho, si se hace una búsqueda de registros por año, el Renped no contempla ningún caso registrado entre 1969 y 1980, los años más álgidos de la “guerra sucia”.

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* “Desaparecidos en México: la guerra por la verdad” es un reportaje en tres partes realizado con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la Unión Europea.