CNDH declara “cumplimiento total” de pesquisa sobre muerte de menor; familia acusa simulación oficial
[contextly_sidebar id=”INImacw9QqyAaactdknpBTfLfsEmuLcB”]José Felipe Castillo Castillo tenía 17 años cuando falleció, en 2011. Y, aunque su familia fue notificada en agosto pasado del “cumplimiento total” de las investigaciones en torno a su muerte, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su padre, Marco Antonio Castillo, afirma: “Nadie nos ha respondido. ¿Cómo murió mi hijo, por qué murió? ¿Fue un homicidio? Y si fue así, ¿quién lo mató? ¿Por qué los agentes del Ministerio Público retrasaron las investigaciones intencionalmente? ¿Por qué los funcionarios de la Fiscalía desaparecieron importantes pruebas del expediente? ¿Por qué falsificaron la autopsia?”.
Así se lamenta Marco Antonio: “la Fiscalía de Yucatán y el ombudsman nacional dieron ya carpetazo a la investigación policial y a la recomendación 34/2013, sin haber realizado ni una sola diligencia pericial para dar con la verdad sobre la muerte de mi hijo. Durante dos años, lo único que hicieron estos organismos fue cruzarse oficios, papeles… y ahora dicen que con esos oficios ya está todo cumplido, que sólo falta que yo reciba atención victimológica.”
José Felipe era un adolescente dedicado a la talla de artesanías en madera, y en julio de 2011 estaba a punto de casarse con su novia, menor de edad, como él. “Estaban embarazados –recuerda su padre–, pero el muchacho un día se arrepintió y rompió el compromiso con la novia, y se lo fue a avisar a ella y a su familia“.
José Felipe ya no volvió a su casa. No fue sino hasta el día siguiente que su cuerpo fue hallado dentro de una cueva, en un baldío, ahorcado con su propia camisa, y con diversas lesiones, incluida un rajadura de entre 10 y 15 centímetros en el cuero cabelludo, que fue registrada por peritos fotógrafos al levantar el cadáver.
Sin haber realizado ninguna averiguación formal, la Fiscalía de Yucatán determinó que el adolescente se había suicidado, y para sostener tal hipótesis, presentó un dictamen forense con distintas irregularidades: en primera instancia, llevaba el nombre de un fallecido distinto. Además, dicho documento omite mencionar las lesiones en el cuerpo del menor –a pesar de haber sido fotografiadas por los mismos peritos de la Fiscalía–. Y por último, dicha autopsia fue firmada por alguien que la misma Fiscalía desconoció como parte de su personal.
Luego, durante el curso de las actuaciones oficiales, las irregularidades continuaron: a pesar de haber obtenido declaraciones informales de personas allegadas al menor, que reconocieron su presencia en el mismo lugar donde José Felipe murió, pocas horas antes de que el cadáver fuera descubierto, la autoridad nunca pidió a estas personas que testificaran oficialmente. Tampoco fueron investigadas las llamadas que entraron o salieron del teléfono de José Felipe. Y, de hecho, esta información fue solicitada a la empresa proveedora del servicio más de un año y medio después de los hechos, por lo que dicho rastreo no pudo ser realizado. Posteriormente, además, dicho teléfono fue robado de la carpeta de evidencias en custodia de la Fiscalía.
De ese expediente también fueron robadas las prendas que portaba el menor al fallecer, así como el peritaje fotográfico que registraba las heridas en el cuerpo –aunque de algunas de estas imágenes la familia posee copias, que para ellos son prueba de que José Felipe no murió por deseo propio, sino como producto de una agresión–.
Tras confirmar estas anomalías, en septiembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el gobierno de Yucatán incurrió en “violaciones a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia” en agravio de la familia Castillo, por lo que emitió la Recomendación 34/2013, en la cual exigió al gobernador Rolando Zapaa Bello que emprendiera distintas medidas para revertir esta situación, principalmente orientadas a realizar una investigación efectiva sobre el deceso.
Y “ahí –destacó el señor Castillo– se detuvo todo…“
Entre las pesquisas que debían realizarse, destaca el señor Castillo, están: “localizar e interrogar a gente que reconoció haber estado en el lugar de los hechos, y a la que la Fiscalía dejó ir, no sé por qué razón. También, recuperar las pruebas robadas, como la ropa que portaba mi hijo y su teléfono celular, así como recuperar el registro de llamadas, para saber quién lo citó en ese terreno baldío. Además de investigar la responsabilidad en la que incurrieron los agentes que no hicieron todo esto desde un principio”.
En torno a la renecropsia, abunda: “Se llegó a un acuerdo para que esta diligencia se realizara con la presencia de la Fiscalía de Yucatán, expertos de la CNDH, de la PGR, y un representante familiar, pero al final, las autoridades del estado hicieron todo por su cuenta, sin que estuviera presente nadie más, violando el acuerdo que se había establecido. Ni siquiera dejaron entrar a mi familiar, entonces, yo creo que esa segunda necropsia no tiene ningún valor, porque además dice textualmente que avala los resultados de la primera necropsia, la cual ya se comprobó que está firmada por alguien que no trabaja en la Fiscalía.”
La solución de las autoridades, sin embargo, fue otra. “La fiscalía ya no hizo nada más, simplemente declaró el ‘no ejercicio de la acción penal’, y punto. Y el pasado 14 de agosto la CNDH me notifica que de los seis puntos de la recomendación 34/2013, cinco están en ‘cumplimiento total’, y sólo queda pendiente lo relativo a la reparación del daño y la atención victimológica“.
–¿Queda usted satisfecho?
–Para nada… Yo no pido dinero como reparación del daño, y qué mejor atención victimológica, para mí, que la verdad. Yo no estoy aferrado a que mi hijo fue asesinado, lo único que quiero es que haya una investigación real. Eso es todo, porque aquí qué pasó: la Fiscalía de Yucatán no investigó nada, luego la CNDH le ordena que rectifique la investigación y la concluya, y lo que hace Yucatán es decretar que no hay acción penal y por tanto no es necesaria la investigación… y la CNDH le dice ‘órale’, y asunto concluido. Pero nosotros, como familia, seguimos con nuestro dolor…
