[contextly_sidebar id=”K2TZZcQfFc9giJQKQkIQ67J9kkul6X2r”]Cuatro de cada 10 empresas (el 37%) ha contemplado reducir o cerrar operaciones en México por la situación de inseguridad que vive el país. Así lo ha dado a conocer la firma de asesoría de negocios global FTI Consulting en su Índice de Seguridad Pública, en el que resalta que a nivel nacional el 57% de las empresas consultadas aseguró que el clima de violencia ha afectado negativamente a sus inversiones, mientras que el 29% denunció haber sido víctima directa de algún delito en estos dos últimos años.
En cuanto a cuáles son los delitos más recurrentes, FTI Consulting señala que el 12% de las empresas nacionales sufrió un intento de ser extorsionadas en el 2013, resultando que en un 2% de los casos los criminales tuvieron éxito. Sobre cómo se llevó a cabo el intento de extorsión, el informe refiere que el 81% de las empresas fueron amenazadas por vía telefónica, frente a un 12% que indica haber registrado la visita directa de representantes del crimen organizado a las instalaciones de la empresa.
En este mismo apartado de extorsiones, el informe revela que, por regiones, en la zona del Bajío hasta un 16% de las empresas sufrieron algún intento de extorsión frente al 10% de la frontera norte, mientras que en la zona metropolitana de la Ciudad de México el 15% de los empresarios reportaron esta situación frente a sólo el 7% de Monterrey.
“En algunos lugares del país donde no se presentaban problemas de inseguridad ahora se están dando con más fuerza, como la zona del Bajío, que hace dos años era una zona más tranquila”, apunta en entrevista con Animal Político Sergio Díaz, director de FTI Consulting, que agrega al respecto que “la zona norte del país se ha estabilizado e incluso ha ido ligeramente a la baja, aunque por el contrario en la zona metropolitana de la ciudad de México ha venido creciendo”.
“Los empresarios y gerentes de empresa en México tienen una percepción alta de inseguridad pública y de que ésta impacta negativamente en las operaciones de las empresas”, añade el director de FTI Consulting, que a colación hace hincapié en dos aspectos: uno, en las medidas que los empresarios se han visto obligados a tomar ante esta situación -como facilitar el transporte a los trabajadores por la noche, reprogramar horarios para evitar salidas tarde, compra o mejora de alarmas y/o cámaras, así como la contratación de seguridad privada-; y dos, la poca confianza que los empresarios tienen en la justicia mexicana para que ésta castigue a quienes cometen delitos contra ellos.
“La desconfianza de las empresas en cuanto al sistema de justicia también es alta. Por ejemplo, solo el 51% de los empresarios a nivel nacional consultados cree que el delito que se cometió contra su empresa va a ser castigado. Esto, contra un 47% que considera que las autoridades no castigarán a los responsables de los delitos que los afectan”, dice en entrevista.
Cuestionado sobre la evolución de la situación de violencia en este sexenio del presidente Peña Nieto, el director de FTI Consulting indica que, aunque “sí ha habido una cierta mejora” en la percepción de los empresarios en cuanto a los delitos de alto impacto que suceden en el país, “las empresas todavía tienen una alta percepción de inseguridad”.
“Los empresarios ven que la criminalidad que afecta a sus negocios, como el robo de carga, ataques a los empleados, o los asaltos a sus instalaciones y bodegas, no han visto una mejora. De hecho, vemos cómo las empresas cada vez más están contratando seguridad privada para protegerse, porque ven que la tendencia no ha disminuido lo suficiente como para bajar la guardia”, concluye Díaz.