Tres fallas de Peña Nieto contra la desaparición forzada, según experto
Hace tres años, Ariel Dulitzky encabezó la misión del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU en México, el cual elaboró un informe con las deficiencias y omisiones del Estado para atender esos crímenes, así como las recomendaciones urgentes a realizar.
Hoy, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y en entrevista con Animal Político, revisa los avances presumidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Si bien reconoce algunas acciones como la reforma del Código de Justicia Militar que acota al fuero castrense en caso de violaciones a derechos humanos -como la desaparición forzada-, la eliminación de la reserva a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada y la creación de una Comisión de la Verdad en Guerrero, refiere que en general los avances han sido magros y que mientras no se asuma la participación del Estado en estos crímenes y la impunidad sea sistemática, no dejarán de ocurrir.
[contextly_sidebar id=”AElAohQaZeD9flqHkOpjx3S09wwL4fD2″]“Hay signos que demuestran que es posible avanzar cuando se tiene voluntad política, de todas maneras hay otras áreas que el avance no es suficiente. La impunidad sigue siendo prevaleciente en todos los casos de desaparición forzada sea en la Guerra Sucia como las desapariciones contemporáneas.
“El tema de una política agresiva de búsqueda de las personas desaparecidas, asumir que hay un problema de desaparición forzada en el país aun no lo vemos, una legislación específica a nivel federal de manera integral en los estados todavía sigue pendiente, un plan nacional de reparaciones para las víctimas de desaparición forzada no está. Si hay un aspecto central es que todavía no se asume como política de estado global la desaparición forzada, no se asumen las políticas generales que se adoptan desde la perspectiva de las víctimas”.
De acuerdo con Dulitzky –que ha recorrido e investigado las desapariciones forzadas en América Latina, los Balcanes, África- éstas son las tres fallas que se encontraron en las acciones presumidas por el gobierno:
1. Base de datos no transparente
La creación de la Base de Datos de personas no localizadas a nivel nacional representó un avance pero no suficiente, “pudo ser una oportunidad para avanzar en la posibilidad de dimensionar el crimen y determinar patrones”. Sin embargo, refiere Dulitzky, para el registro de esa base de datos se parte de una definición confusa sobre la desaparición de personas y no se asume la participación del estado en el crimen.
Además, la falta de transparencia en los datos y los hallazgos, no permiten conocer patrones y deja de nuevo posibilidades a la impunidad.
“Estuve leyendo el comunicado de prensa que sacó la PGR la semana pasada y lo primero, el título es ‘personas no localizadas” y cuando hace la definición de personas no localizadas, habla de personas que se desconoce su paradero y que se ha hecho del conocimiento de la autoridad. Uno, con esa definición engloban todo tipo de personas no localizadas incluidas las desapariciones forzadas; segundo la autoridad no actuó activamente en buscar a las personas, pero cuando da los ejemplos la PGR habla de ausencia voluntaria, problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración, reclusión, fallecimiento o víctima de otro delito, no menciona con nombre y apellido la desaparición forzada”.
Para el especialista, esta omisión dificulta poder entender las diferencias entre las personas no localizadas y las desaparecidas de manera forzada, además de que omite que existe participación estatal y que es una política y práctica planificada.
Además de la definición, la lista demuestra una falta de transparencia y monitoreo en el hallazgo de personas.
“Se indica que la base de datos había llegado a cerca de 30 mil personas desparecidas, de esos se dice que más de 15 mil han aparecido con vida, es muy importante que se indique en dónde estuvieron, fueron desaparecidas, cuántas fueron desapariciones forzadas que se logró recuperar, cuántas con vida. Decir ‘aparecieron con vida’ sin saber en qué condiciones, hace muy difícil saber si estas reapariciones fueron gracias a gestiones y políticas del Estado y también quiénes fueron los responsables, si hay crímenes implicados si se han hecho investigaciones y cuál es el estado de ello”.
2. Protocolos de búsqueda insuficientes
Hay entidades que han establecido protocolos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, pero los hallazgos han tenido errores, según testimonios de familiares organizados en colectivos de búsqueda. Por ejemplo en Baja California, la Procuraduría entregó a una familia el cadáver de quien se supone sería su hijo, Carlos Montaño, quien apareció vivos a los pocos meses de que su familia enterró el cadáver; en Nuevo León la señora Juana Solís enterró a una mujer quien se supone es su hija, pero de quien no le mostraron los resultados de ADN ni los huesos encontrados.
Ariel Dulitzky celebró la creación de protocolos de búsqueda e identificación de restos en algunos estados del país, como Nuevo León, sin embargo reconoció que sus fallas en las identificaciones realizadas pueden resultar contraproducentes .
“Esas fallas tarde o temprano se vuelven en contra no sólo de mantener la incertidumbre en la familia, sino cuando hay una identificación errónea, se vuelven dos casos sin resolver, la que recibió el resto equivocado y la familia que está buscando a ese que se enterró. Entonces mantienes dos casos abiertos de desapariciones forzadas. Si hubiese una base central de datos genéticos y un protocolo de identificación adecuada de los restos humanos que se acaban de encontrar, sería mucho mas efectivo para esclarecer mas casos. Hoy que hay métodos efectivos de identificación, no se justifican esos errores”.
3. Las desapariciones no cesan
En días recientes la PGR actualizó las cifras de la base de datos de personas ausentes. Según la información en México hay 22 mil 322 personas no localizadas, 9 mil 790 habrían desaparecido en un año y medio de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Que las desapariciones sigan ocurriendo, refiere Ariel Dulitzky, lo favorece dos deficiencias, primero la impunidad sistemática en los casos de desaparición, desde la Guerra Sucia hasta nuestros días, misma que el Grupo de Trabajo señaló durante su visita al país en el 2011; segundo, la falta de investigación que permita detectar los patrones del crimen.
“Nosotros seguimos viendo que en México continúan ocurriendo las desapariciones, eso es seguro. En términos de prevención no se ha detenido. Esto significa que las medidas de prevención no están funcionando en parte porque hay un patrón de impunidad que sigue vigente”.
Avances en América Latina
Por el contrario, a lo largo del continente americano ha habido avances en distintos aspectos relacionados con la desaparición de personas: el acceso a la justicia, la búsqueda y la verdad.
Dulitzky, argentino, refiere que en países como el suyo, Chile y Perú hay impulso por llevar a la justicia a los responsables de las desapariciones en las dictaduras. Caso especial el de Argentina donde ya no sólo se ha llevado al banquillo a los funcionarios, sino a los ciudadanos que fueron cómplices.
“Estamos viendo que se está ingresando en una nueva fase de la investigación judicial, en Argentina la complicidad de actores civiles en la desaparición forzada durante la dictadura, desde empresarios que indicaban a los líderes sindicales, periodistas que promovían la denuncia de personas sospechosas, desde sacerdotes y médicos que participaban en sesiones de tortura. Hay una nueva faceta en el avance judicial”.
De Colombia destaca la identificación de restos, aunque con dificultades, pues las familias han abandonado la Comisión Nacional de Búsqueda. En una base de datos pública, el gobierno señala que al 7 de julio de este año ha entregado 2 mil 573 restos. A diferencia de México, con esa base de datos la sociedad civil puede conocer el nombre de la víctima, el fiscal a cargo de la exhumación, y el lugar y fecha de entrega.
Para Dulitzky, estos avances lo permite la conjunción entre esfuerzos de la sociedad civil y el estado para crear condiciones que permitan el esclarecimiento de la desaparición forzada.
“Hay una organización que hizo una serie de campañas sobre el derecho a la identidad, porque hay una base de datos genéticos de desaparecidos, porque hay un mecanismo judicial que interviene”.
