Tras 9 días en penal de alta seguridad, liberan a abuela (que encaró a EPN)

[contextly_sidebar id=”r1WisRtaEY27C4cRy0woWMwy6n47fGZE”]Hace diez días, la Procuraduría General de la República arrestó en Yucatán a una mujer sexagenaria y, tras un día de recorrido, la recluyó en una cárcel de máxima seguridad de Jalisco, acusada de dirigir una banda criminal dedicada a la clonación de tarjetas de crédito. Se trataba de Ligia Canto Lugo, la abuela que desde 2012 busca a sus tres nietos –sustraídos por el padre, en violación a la custodia concedida a la parte materna– y quien en dos ocasiones ha encarado al presidente Enrique Peña Nieto durante actos públicos, para reclamarle su falta de apoyo en la búsqueda de los menores… Ayer, sin embargo, tras nueve días de encarcelamiento en el penal de Puente Grande, un juez federal ordenó la “inmediata liberación” de Ligia Canto, al constatar que la PGR no cuenta con pruebas que involucren a esta mujer en ningún acto delictivo.

Más aún: el juez determinó que la PGR presentó testimonios fabricados en contra de esta anciana, los cuales fueron vertidos por testigos que resultaron “inexistentes”.

“El juez pudo constatar de forma muy clara que esto no fue más que una fabricación de delitos por parte del Ministerio Público federal –señaló en entrevista Alejandra Cartagena, abogada de la señora Canto Lugo y coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer–, por lo cual, no sólo determinó su inmediata liberación por falta de elementos, sino que, además, informó que dará vista al procurador General de la República (Jesús Murillo Karam), para que persiga los delitos que se puedan desprender de esta situación, en la que el Ministerio Público supuestamente recibió el testimonio de personas, a las cuales identifica con documentación que resultó ser falsa.”

–¿Cuáles son las irregularidades cometidas por el MP? –se pregunta a la abogada.

–Por ejemplo: las credenciales de elector de las dos personas que supuestamente testificaron en  contra de LIgia tenían varias anomalías, por lo que solicitamos al Instituto Nacional Electoral que verificara su autenticidad, y este organismo informó oficialmente que dichas credenciales eran falsas. Asimismo, se realizó una inspección de los inmuebles que estas personas dieron como su domicilio, que eran edificios de departamentos, en donde vecinos con más de 30 años de residencia negaron conocer a esas personas, nunca los habían visto. Entonces, el juez pudo acreditar que, en realidad, estos testigos nunca existieron.

Cabe destacar que la PGR afirma haber recabado la declaración de dos personas, originarias de Jalisco, que supuestamente señalaron a Ligia Canto, y a sus dos hijos, como los líderes de una banda dedicada a la venta de tarjetas clonadas. Sin embargo, aunque ambas personas confesaron haber cometido distintos delitos, la PGR los dejó en libertad y, paradójicamente, a la que sí decidió someter a proceso penalmente fue a la señora Canto Lugo, quien ha radicado toda su vida al otro extremo del país, en Yucatán.

–¿Cómo reaccionó el agente del Ministerio Público federal encargado de esta investigación, cuando el juez determinó que no había pruebas en contra de la señora Canto?

–El agente del MP firmó la notificación sin ninguna sorpresa, y sobre la falsa identidad de los testigos, responsabilizó a la Policía Ministerial, dijo que fue la Policía Ministerial la que presentó a estas personas para que rindieran declaración, lo cual es claramente falso: esos testigos nunca existieron, su supuesta declaración fue sólo simulada, tal como se desprende de las pruebas en favor de Ligia que fueron admitidas por el juez, y que lo llevaron a determinar su inmediata liberación. Sin embargo –aclaró la abogada–, el MP aún tiene tres días para impugnar la decisión del juez.

Luego de ser puesta en libertad, este miércoles la señora Ligia Canto Lugo viajará a la Ciudad de México, para rendir una conferencia de prensa, y luego regresará a Yucatán, para continuar la lucha por la recuperación de sus nietos.

¿Por qué Ligia?

Ligia Canto y su hija Gabriela iniciaron en mayo de 2012 la lucha por la recuperación de Isabella, Martín y Mariana, de 5, 6 y 8 años, respectivamente, quienes fueron raptados por su padre, luego de que la custodia de los menores le fuera otorgada a la parte materna.

Tal como denunció la señora Canto Lugo en entrevista concedida a Animal Político en junio pasado, en contra de ella y su familia pesa una campaña de “acoso judicial” patrocinada por el padre de los menores, con la que buscan obligarlos a abandonar la búsqueda de los niños, cuyo paradero se ignora hasta la fecha.

Como parte de esta campaña de acoso judicial, señaló la señora Canto, su hija Gabriela fue detenida en mayo de 2012 por agentes judiciales que la trasladaron de Yucatán a Tabasco, donde su ex esposo la había acusado por robo de auto… y el auto que supuestamente se había robado era el vehículo familiar.

Fue al momento de ser arrestada, de hecho, cuando el padre de los menores aprovechó para sustraer a los menores, que viajaban con ella en el auto que supuestamente había robado.

Por esa acusación, Gabriela pasó cuatro meses en una prisión de Tabasco, en donde denunció haber sido sometida a sesiones de tortura, en las que se le exigía ceder la custodia de sus hijos.

Cuatro meses después, sin embargo, un juez determinó que Gabriela no había cometido ningún delito y la puso en libertad.

Meses después, sin embargo, un juez del DF emitió una nueva orden de arresto en contra de Gabriela, esta vez por un supuesto fraude cometido en la Ciudad de México cuando ella estaba presa en Tabasco. A pesar de esta irregularidad, dicha orden de aprehensión sigue vigente, razón por la cual la madre de los menores se encuentra escondida desde febrero de 2013. Desde entonces, la lucha por la recuperación de los tres menores recayó en su abuela materna, la señora Ligia Canto.

Y el más reciente capítulo de esta campaña de acoso judicial, de hecho, fue el expediente fabricado por la PGR en contra de esta anciana.