¿Quién mató al niño José Luis Tehuatlie?

[contextly_sidebar id=”TjfzmQbEREYeiBeH8KXWsJ9WDOXs6Nx5″]“¿Qué le pasó a mi hermano? ¿Lo mató el policía?”, pregunta Lorena, de cuatro años, la menor de los hermanos Tehuatlie. Elia Tamayo apenas hace un gesto afirmativo; el recuerdo le es tan inevitable como doloroso. El 9 de julio vio caer herido a José Luis, su único hijo varón, durante el enfrentamiento ocurrido en la autopista Atlixco-Puebla. Una y otra vez se toca la cabeza para describir cómo era el orificio que vio en el cráneo de su pequeño de 13 años. Recuerda que gritó para pedir ayuda, que corrió hacia él mientras veía la sangre salir a borbotones y desde ese instante solo tiene una certeza: “los policías aventaban balas de goma y una le cayó a mi hijo”.

La procuraduría de Puebla realizó peritajes cuyos resultados “preliminares” dieron a conocer el pasado 30 de julio. El titular, Víctor Carrancá, no tuvo duda en afirmar que la herida fue causada por la “onda expansiva” de uno de los cohetones lanzados por los pobladores. Pero para criminalistas consultados por Animal Político, califican esa investigación como “inconsistente”.

Bala de goma, la hipótesis

Horas después del enfrentamiento del 9 de julio, los pobladores que protestaban por el cierre del registro civil de San Bernardino Chalchihuapan recorrieron la zona y encontraron los artefactos que, según insisten, los policías ocuparon para desalojar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco.

El presidente municipal auxiliar, Javier Montes, advierte que recolectaron ocho costales con evidencia y guardaron cada artefacto en una bolsa de plástico. Muestra esferas negras que asemejan granadas, cilindros metálicos y latas de gases lacrimógenos que aún despide el picor de los químicos. Cuando encuentra un objeto circular de caucho, dice que es la prueba irrefutable de lo que pasó con José Luis Tehuatlie. “Es una bala de goma. Si dicen que ellos no las usaron, ¿de dónde salió todo esto”, cuestiona.

Así lo explica el estudio de Franck-Emmanuel Roux, de la Unidad de Neurología pediátrica del hospital Purpan en Toulouse, Francia, sobre la muerte de dos niños -de 11 y 14 años-. En el primer caso, el menor murió a causa de una serie de heridas cráneo-cerebrales en el hemisferio fronto-parietal, hechas por proyectiles de goma, y que le causaron una hemorragia interna masiva. El segundo caso es de un chico de catorce años que fue también herido por un proyectil de goma, con el consecuente daño cerebral en el lóbulo fronto-temporal izquierdo. “El término ‘proyectiles de goma’ podría dar la impresión de causar heridas inocuas. En realidad, en base a las observaciones descritas en el artículo y de otros estudios de literatura científica, estos proyectiles de goma pueden causar heridas severas o fatales”, concluye.

En el informe de 2013, “Las balas de goma por parte de la Brigada Móvil de los Mozos de Escuadra”, se explica que pueden causar hematomas cerebrales, perforaciones pulmonares e intestinales, pérdida de ojos e incluso de la vida (…) Cuando menos elasticidad tenga el punto del cuerpo donde se produce el impacto más penetración tendrá la bala de goma”.

Más aún, la letalidad de las balas de goma en Reino Unido e Irlanda provocaron que el Comité Contra Tortura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su resolución de 1998 determinara “la abolición del uso de las balas de plástico como medio de lucha antidisturbios”.

Fernando Elzaurdia, criminalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, insiste en que las balas de goma no están diseñadas para matar, pero el desprendimiento de cráneo que presentó José Luis es muestra de que la proyección del objeto “llevaba mucha fuerza, mucha energía cinética -energía del movimiento- y el traumatismo que se provoca es proporcional a la fuerza que se ejerció”.

De acuerdo con el protocolo para el uso de balas de goma de los Mozos de Escuadra de España, las balas de caucho no pueden ser proyectados a menos de 50 metros de distancia y el tiro debe ser dirigido hacia el suelo para que rebote hacia las piernas e inmovilizar momentáneamente al agresor; sin embargo, Elzaurdia afirma que en México los policías no están capacitados propiamente para hacer frente a disturbios y menos para manejar este tipo de armas.

Barrón y Elzaurdia coinciden en que para saber con precisión cuál fue el objeto que impactó a José Luis Tehuatlie, se requiere “un comparativo en la forma de la herida con un montaje del objeto que podía acercarse más”.

Sin embargo, el procurador Víctor Carrancá negó la utilización de balas de goma, de ahí que en su peritaje se descartó la posibilidad de que ese haya sido el objeto que impactó en la cabeza del menor; pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 60-2011 donde advierte que las heridas de 34 personas ocurridas durante un operativo en el municipio de Chignahuapan en 2011 pudieron haber sido causadas por un proyectil de goma.

¿Onda expansiva?

En la conferencia de prensa del 30 de julio, el procurador Víctor Carrancá explicaba a través de animaciones que José Luis había sido herido por un cohetón lanzado por los pobladores que se encontraban en la protesta. Descartó de manera absoluta que se tratara de otra posibilidad. “Fue la onda expansiva”, dijo en su informe. Pero nunca explicó la evidencia, no habló de rastros de pólvora, de quemazón, ni mucho menos de que alguien más hubiera tenido heridas a causa de esa “explosión”.

Aunque los peritos advierten que se necesitaría diversos estudios forenses para determinar con precisión las causas de la muerte, lo cierto es que esta hipótesis genera más interrogantes que certezas.

Fernando Elzaurdia realiza capacitaciones para peritos de las procuradurías estatales y de acuerdo a su experiencia, dice: “el tema de la onda expansiva como tal no me queda claro”. El daño tras una explosión alcanza a lo que está a su alrededor, por tanto, “todas las personas cercanas a él deberían haber sido también dañados”.

Pero eso no ocurrió. La tarde del disturbio, José Luis regresaba de la secundaria Ricardo Flores Magón junto a su madre, que caminaba a menos de dos metros detrás de él en un terreno de milpas. Para llegar a su casa debían cruzar el puente vehicular, justo donde se encontraban los  policías, pero no pudieron hacerlo. El estudiante fue herido y fue el único en ese momento.

Barrón es categórico: “ese impacto no fue por onda expansiva. Fue un impacto directo”. En caso de una explosión, dependiendo la magnitud, “provoca un cráter y alrededor se pueden encontrar diversos fragmentos”, que al igual que una granada al explotar “no solo golpean a uno y entre más cerca se esté, más es el daño causado”.

En varias entrevistas se le insistió al procurador Carrancá sobre la presencia de pólvora en el menor si es que se trataba de un cohetón, pero la respuesta fue la misma: José Luis fue intervenido quirúrgicamente y los doctores limpiaron la herida.

Los peritos advierten que para comprobar la presencia de pólvora o fuego se podría utilizar la ropa de la víctima, la inspección de la zona del conflicto para el análisis, pero el problema es que “en México no hay preservación de la evidencia y se pierden todos los indicios. Ese es parte del problema de las procuradurías. No saben investigar los delitos”, dice Barrón.

En el lugar donde fue disparado este cohetón “debe haber estas características de la deflagración que hizo la pólvora”, insiste Elzaurdia, pero los peritos de la procuraduría de Puebla continuaban con las investigaciones 15 días después de lo ocurrido sin que la zona estuviera delimitada. Alrededor de la milpa, incluso, hay dos casas cuyos habitantes continuaron su vida de manera habitual.

Fernando Elzaurdia afirma que la hipótesis de la procuraduría de Puebla responde a que quienes tenían los cohetones eran los manifestantes y eso significa “deslindar responsabilidades a la fuerza pública de seguridad”.

La ambigua ley 

En mayo pasado, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, propuesta por el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle. En el artículo 9 se detalla los cuatro niveles de fuerza con los cuales los policías pueden “cumplir sus funciones” y combatir a los agresores.

Las posibilidades van desde la “persuasión o disuasión verbal”, el “sometimiento”, hasta la “utilización de armas incapacitantes no letales a fin de someter la resistencia violenta del agresor”. Incluso, el último punto permite el uso de “armas de fuego o de fuerza letal, únicamente en el caso de legítima defensa de la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, en ambos caso de la propia o de terceros”.

El capítulo 3 de la ley advierte que los policías serán “dotados de armas no letales”; estás son “bastones policiales, agentes químicos irritantes, dispositivos eléctricos de control, armas o pistolas noqueadoras incapacitantes y las demás que autorice el reglamento”.

El procurador Víctor Carrancá ha insistido en que el gobierno ni siquiera ha comprado balas de goma y los únicos artefactos utilizados por los policías para dispersar agresiones son gases lacrimógenos, pero lo cierto es que la policía de Puebla carece de un protocolo de actuación para ejercer las facultades que le dota la ley.

En el comunicado del Congreso estatal se advierte que legislaron conforme a protocolos internacionales para proteger los derechos humanos. Sin embargo, toman poco de la advertencia que hace la ONU en el “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” que insiste en el principio de proporcionalidad: “Podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas (…) En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr”.

Y sobre el caso de las armas de fuego debe considerarse como una “medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas”.

El 22 de julio, el gobernador Rafael Moreno Valle envió al Congreso la solicitud para derogar la legislación que se renombró como “ley bala”, apenas dos meses después de haber sido aprobada.

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La única fotografía que Elia tiene de su hijo es de su primera comunión hace dos años. Mientras ve la imagen, susurra que era un buen niño. Cuenta que además de estudiar, le ayudaba a la cosecha por la que gana 100 pesos al día.

En el cuarto donde duerme Elia con sus hijas Lorena (cuatro años), Reyna (nueve años), Adriana (10 años) y Marina (15 años) solo hay un mueble con la ropa de todos, una cama matrimonial y un pequeño altar con la imagen de la virgen de Guadalupe. No hay rastro de más pertenencias de José Luis ni de las niñas.

Aunque hay días que pasan penurias, Elia rechazó las becas y despensas que el gobierno estatal le ofreció a cambio de declarar que un cohetón hirió a su hijo. Apenas unas horas después de ser internado en el Hospital General del Sur, Elia tuvo que declarar ante supuestos Ministerios Públicos y Arturo Cornejo, subsecretario de Asuntos Políticos del estado, le insistió en que el gobierno no usaba balas de goma. “Me quería comprar mi silencio”, dice Elia.

José Luis fue diagnosticado con muerte cerebral y el 20 de julio murió. Desde entonces la madre pidió hablar con el gobernador Moreno Valle para pedirle que “quitara esa ley de balas de goma, no quieran cargar con más muertes”, pero nunca la recibió.

Días después del funeral, la mujer morena de 37 años regresó al campo porque sabe que debe trabajar más para que Marina siga estudiando el bachillerato y que la vida de sus hijas sea distinta a la suya. Cada vez que platica su experiencia se sigue preguntando por qué su hijo está muerto, por qué nadie hace caso a su grito de justicia. La única explicación que encuentra, la suelta después de un rato de impotencia, “porque somos pobres ¿por eso?”.

*Nota publicada el 20 de agosto de 2014.