Insuficiente, la información del Estado mexicano a la CIDH sobre delitos contra migrantes
Solo entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó el secuestro de 9 mil 758 migrantes, 9 mil 194 de estos atribuidos directamente a la delincuencia organizada, 35 a autoridades estatales y 56 a autoridades de los tres niveles de gobierno.
Estas cifras revelan una “situación de secuestros masivos y sistemáticos de migrantes en tránsito por México”, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A raíz de éstas, la comisión sentó al Estado mexicano a una audiencia pública en 2010 donde éste reconoció que “no existen agentes del Instituto Nacional de Migración implicados en secuestro. Sí hay agentes detenidos y procesados por tráfico de personas”.
[contextly_sidebar id=”ZM5hDO6INk5hb7mxLacJzbOzX1g5fWEX”]El 22 de noviembre de 2011 la CIDH realizó una solicitud de información al Estado mexicano respecto a los delitos del fuero federal contra migrantes. Requirió el número total de denuncias recibidas por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a 15 delitos que afectasen en lo particular a la población en tránsito: desaparición forzada, violación sexual, abuso sexual, abuso sexual agravado, lesiones calificadas, homicidio calificado, secuestro, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata, tráfico de indocumentados, delitos migratorios, tráfico de menores, tráfico de órganos y cohecho. Todos desagregados por año, desde 2008 a 2011, ambos incluidos. Igualmente requirió el número de averiguaciones previas, de sentencias condenatorias en primera instancia y de sentencias condenatorias en firme de 14 delitos –los mismos ya citados, exceptuando el de tráfico de indocumentados– también desglosados anualmente en el mismo período. Además se solicitaba que se especificase si el perpetrador del delito era un servidor público y ante esos casos que se indicara la institución a la que pertenecían.
La respuesta llegó el 9 de julio de 2012 en forma de una sola tabla bajo la leyenda de que, del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, los juzgados encargados de impartir justicia en materia federal “resolvieron sobre delitos en los que se involucró a personas migrantes”: 1 sentencia por desaparición forzada, 29 por lesiones, 4 por homicidio calificado, 5 por privación ilegal de la libertad, 1 por extorsión, 5 por tráfico de indocumentados y 11 por cohecho.
En total, se reconocen 7 delitos que desembocaron en 56 sentencias en cuatro años. Pero no se desglosa por año, ni siquiera se aclara si las sentencias fueron absolutorias o condenatorias, el tipo de pena o si implicó o no a funcionarios. La respuesta es tan escueta que la misma CIDH reconoce que “no es posible colegir, sin lugar a equívocos, cuál era la calidad de los migrantes en dichos delitos”, es decir ni tan solo si eran víctimas o perpetradores del delito.
En cuanto al número de averiguaciones previas iniciadas y consignadas, solo se detalla en el delito de tráfico de indocumentados. Entre 2008 y 2011 se iniciaron 5 mil 587 averiguaciones previas por tráfico de migrantes, y en 4 mil 58 se consignaron presuntos responsables. Pero no se especifica cuántas terminaron en sentencias. Si lo relacionamos con la tabla anterior, donde se reconocen 5 sentencias por este crimen, significaría que solo en una de cada 812 averiguaciones con consignación, se resolvió, ya sea de manera condenatoria o absolutoria. Pero la información viene tan ambigua que no sería una comparación fidedigna.
La CIDH considera que es “una respuesta plenamente insuficiente”, e insiste en que las cifras presentadas por el Estado “resultan carente de todo sentido” sobretodo a tenor de toda la documentación que existe y que la Relatoría recabó con testimonios directos de migrantes, familiares y organismos como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos para elaborar el Informe ‘Derechos humanos de los migrantes en México’ y para el cual específicamente requirió la información al Estado.
Además, la CIDH critica que la atención del Estado mexicano se dirige preferentemente al delito de tráfico de indocumentados, “en contraposición con el problema más amplio y grave como es el de la violencia contra los migrantes, que es el factor subyacente de muchos de los extorsiones, robos, secuestros, la trata de personas, asesinatos y desapariciones”.
También acusa que la PGR, al investigarlos como casos de tráfico de personas o violaciones a la Ley general de población, trata a los afectados como participantes voluntarios y testigos potenciales, y no como víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y por lo tanto “se les niega el acceso a la justicia y la reparación y los casos son tratados simplemente como un asunto criminal”, concluyen en el Informe respecto a esta cuestión.
A las cifras de secuestros de migrantes documentadas por el órgano encargado de salvaguardar los derechos humanos al interior de México en 2009, se suman las de un segundo informe donde documentó que 11 mil 333 migrantes fueron víctimas de secuestro entre abril y septiembre de 2010. Justo este sábado 23 de agosto se cumplen cuatro años de la masacre de 72 migrantes por presuntos criminales de Los Zetas, en San Fernando, Tamaulipas.
Por otra parte, la CIDH también solicitó el número de funcionarios del Insituto Nacional de Migración (INM) destituidos en 2011 a raíz del proceso de control de confianza que operó la administración de Felipe Calderón. Sobre los resultados de la depuración, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos del momento, René Zenteno, informó que evaluaron a 1500 trabajadores del INM y se dieron de baja a 200, 7 de ellos por haber entregado a migrantes a grupos criminales como Los Zetas.
El 7 de julio Animal Político publicó una nota sobre que en febrero el Estado mexicano falseó las cifras de sentencias sobre tortura ante Naciones Unidas.
