El fundador de la radio de Luvianos se autoexilia sin seguridad policial
A cinco días del ataque a tiros en el que murió su hijo de 12 años, el locutor y fundador de la radio comunitaria Calentana, Indalecio Benítez, y su familia, no han recibido protección por parte de las autoridades del Estado de México —entidad donde está ubicada su casa que también es sede de la radio—, pese a que el procurador general de Justicia estatal, Alejandro Jaime Gómez, le habló por teléfefono para ofrecerle apoyo, dijo el periodista este miércoles 6 de agosto a Animal Político.
[contextly_sidebar id=”WkVbak1FBmqjQy1AuKjKlwD59TeiLv4E”]Jaime Gómez se comunicó el martes 5 de agosto con Benítez, mientras éste declaraba ante trabajadores de la Fiscalía de Homicidios estatal. “Me dijo que lo que se me ofreciera, y que quería una charla conmigo. No le pude atender porque yo estaba con lo de la declaración, pero quedamos que yo le regresaría la llamada, y ahora es la hora en que no me contesta el teléfono”, detalló el locutor en entrevista telefónica el miércoles por la noche.
Benítez es el fundador de la radio comunitaria de Luvianos, Calentana Mexiquense, donde la madrugada del sábado 2 de agosto al menos cuatro hombres armados, que lo esperaban afuera de su casa, dispararon contra el automóvil en el que viajaba junto con su esposa y cuatro hijos, de 12, 10, 8 y seis años. Juan Diego, de 12, recibió tres disparos.
Pero las balas no estaban dirigidas al menor, sino al padre, asegura Benítez. Desde entonces la familia vive una pesadilla, no solo por la pérdida, sino por el temor de que regresen a matarlos.
“¿Y si vuelven por nosotros?”, decía entre llantos la esposa de Indalecio este lunes 4 de agosto después del entierro de su hijo. Eran casi las 10 de la noche y la radio sólo transmitía canciones ya programadas. Mientras tanto, las calles estaban vacías y sin alumbrado público, debido a las obras para enterrar el cableado.
La familia veló a Juan Diego hasta el lunes en la tarde para luego sepultarlo a gritos de paz. Al regresar a casa, ya sin velorio, los vecinos y familiares fueron desapareciendo. Por la noche, Luvianos vivió un toque de queda implícito. Los nervios se contagiaban en la casa. “Pero, ¿a dónde vamos a ir? Nadie se quiere aventar el paquete”, decía Indalecio. Y buscaba soluciones. “Al único que quieren es a mí”, se repetía tortuosamente. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión le había otorgado medidas cautelares el lunes, según le comunicaron por teléfono, pero no llegó protección alguna.
El lunes en la tarde, al paso de la comitiva fúnebre por el tianguis, se avistaron soldados que hacían sus compras semanales, y antes de que acabara el funeral regresaron a la Base que la Secretaría de Defensa tiene en las Cañadas de Nanchititla, territorio municipal. La Secretaría de Marina, que también tiene un cuartel dentro de la cabecera municipal, no mandó algún efectivo.
El martes 5 de agosto llegó una patrulla de la Policía estatal que se quedó en la esquina de la calle. El miércoles en la mañana ya había dos patrullas y a mediodía llegó otra patrulla estatal y una municipal a resguardar la casa. Desde ayer miércoles en la tarde hay 10 agentes cuidando la casa familiar, tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y otra del municipio.
Benítez recibió el lunes un citatorio de comparecencia de la Fiscalía Especializada de Homicidios estatal para que asistiera el martes a declarar a Lerma, un suburbio de la capital mexiquense, a dos horas de camino de Luvianos por una carretera de montaña y sin resguardo.
Él mismo avisó en Animal Político y otros medios de comunicación que no se iba a arriesgar a viajar. Todo el Triángulo de La Brecha, como se conoce la región de Tierra Caliente del sur del Estado de México, limítrofe con Michoacán y Guerrero, está en disputa entre La Familia y Los Guerreros Unidos, una facción del Cártel Nueva Generación de Jalisco. Al final, salió a escondidas del pueblo. “Tuve que salirme como de mojado”, relata. Su familia no fue con él, pero se cambió de casa. En la suya, sólo se quedaron sus padres de 81 y 91 años, y un hermano. Y la emisora de radio, que sigue transmitiendo de 10 a 8 con una locutora. “Claro que tengo miedo pero yo pienso que soy sólo una empleada y al final, si quieren venir por mi igual van a venir donde sea”, dijo el lunes la conductora radiofónica.
“Me pongo a las órdenes del señor Indalecio para lo que sea necesario”, dijo el Secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Damián Canales, en entrevista con la periodista Denise Maerker, en Radio Fórmula, ayer miércoles a las 2 de la tarde. Previo a este anuncio, nadie de la SSP Edomex se comunicó con él y las patrullas llegaron cuatro días después. Desde la Procuraduría del Estado, agentes de la Fiscalía de Homicidios alcanzaron a Indalecio donde está refugiado. “Yo les di las quejas, ¿cómo es posible que me manden un citatorio para que yo vaya a Toluca como si ellos tuvieran más peligro que yo si vienen a Luvianos? ¿O es que querían que yo viniera para que me mataran?”, explica.
Mientras prestaba declaración y tramitaban los papeles, fue cuando le habló el Procurador de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez. “Parece que uno se tiene que poner cabrón para que le hagan caso”, espeta Benítez enojado. “Yo le comuniqué mi queja, necesito un lugar seguro para estar con familia, protección, ayuda psicológica”, cuenta. “Pero quedamos de platicar y ya no me contesta, no sé si estará fuera de su horario de trabajo”, dice.
El caso ya ha llegado a oídos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, quiénes ya condenaron el ataque a la familia Benítez e instaron a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para “sancionar a los responsables, así como adoptar las medidas necesarias para proteger al periodista y a su familia”.
Si la PGJ del Estado de México no le facilita un lugar seguro para resguardarse junto a su familia, Benítez acudirá a alguna embajada, asegura. “Los niños no pueden estar escondidos más tiempo, y mi esposa con todo lo que trae y no sabe dónde estoy yo, imagínate”.
Al Procurador además, quiere pedirle que cree un Consejo Ciudadano para la Seguridad de Luvianos donde puedan participar las autoridades y diferentes actores sociales, entre ellos el mismo Indalecio, para que sea desde la misma ciudadanía donde salgan las acciones para devolver la paz al municipio. “Si lo que yo quiero es volver a mi pueblo cuanto antes, pero quiero tener condiciones y no poner en riesgo a mi familia”, concluye Benítez.
