Un año y medio después, la reforma de telecom está por completarse
[contextly_sidebar id=”1dd8327ec167b3b8f90357303f02a0b8″]El anuncio de garantizar “el derecho al acceso a la banda ancha”, licitar dos cadenas abiertas de televisión e impulsar la competencia en telecomunicaciones fue bien recibido el 1 de diciembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto notificó que una reforma en el sector sería una de las 13 primeras acciones en su gobierno. Año y medio después, se prevé que esta primera semana de julio inicié en el Congreso la discusión de las leyes secundarias para completar, a más tardar el próximo 8 de julio, esa reforma. En el proceso, legisladores, académicos y sociedad civil argumentan que la promesa de garantizar la competencia se quedará a medias, pues al final, se beneficiará a algunos monopolios tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones.
“Están tratando de proteger los monopolios (…) Esto está prefigurando y puede ser muy, muy peligroso, acuerdos a favor de esos monopolios que permitan tener una elección de Estado el próximo año (…) Vemos también cómo en el caso de telecomunicaciones está tratando de ayudarle a los monopolios disminuyendo la fortaleza de la declaratoria de monopolios preponderantes”, dijo este lunes el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Búrquez, sobre el avance de la reforma.
En esta semana de discusión, también está en juego la regulación de internet, no sólo sobre los proveedores del servicio, si no que, por primera vez, se plantea la posibilidad de que el Estado tenga control sobre los contenidos, lo que ha provocado manifestaciones en las calles por la oposición de la ciudadanía que ve en la iniciativa un tipo de censura.
La ruta de la reforma
Todo comenzó en marzo de 2013 cuando Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y describió los objetivos de la misma en tres puntos fundamentales: asegurar la cobertura universal de los servicios de radio, telefonía y datos; buenos precios, accesibles para todos los niveles socioeconómicos, con tarifas competitivas a nivel internacional; y calidad en los servicios y en los contenidos, con conexiones rápidas y confiables y diversidad en los contenidos.
La iniciativa se presentó en el seno del Pacto por México, el acuerdo al que llegaron el gobierno federal y los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en diciembre de 2012 para impulsar bajo común acuerdo diferentes reformas estructurales; aunque éste Pacto se difuminó antes de cumplir un año.
En menos de tres semanas, la mayoría en el Congreso votó para aprobar los cambios constitucionales en los artículos 6,7,27,28,73,78 y 94 para garantizar el acceso a las tecnologías de la información, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a precios accesibles y con mayor competencia.
Esta reforma constitucional se promulgó en junio de 2013, cuando el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que no sería operativa sin una ley secundaria que debía aprobarse antes del 9 de diciembre pasado.
Ese plazo legal no fue obstáculo para que el Ejecutivo enviara una propuesta de ley secundaria con retraso. En marzo de 2014, el presidente entregó al Senado el paquete de iniciativas en materia de telecomunicaciones en las que se específico lo que él mismo llamó las claves para elevar la competitividad de la economía del país.
Preponderancia e internet
Desde marzo pasado, las diferencias entre partidos políticos y el gobierno federal ha retrasado todavía más la discusión final sobre esta legislación.
A ello se suman las protestas de organizaciones civiles y ciudadanos de a pie que exigen que con la reforma no se beneficie a los monopolios y que el Estado no tenga ningún control sobre los contenidos en la red o para ordenar el bloqueo de señal que impida las comunicaciones.
En la iniciativa que entregó Peña Nieto se plantea que instancias de seguridad tengan acceso a los datos de usuarios de telecomunicaciones, que el Estado pueda ordenar el bloqueo de señal durante concentraciones públicas, censurar contenidos o acotar el principio de neutralidad de la red, que implica que los usuarios deban hacer un pago diferenciado si quieren obtener la mejor calidad y velocidad en el servicio.
“México no tiene una regulación específica sobre derechos digitales pese a que en muchos países se avanza para legislar en garantizarlos. La cuestión es que la propuesta del gobierno mexicano es todo lo contrario, es legislar para limitar esos derechos y excluir algunos de ellos”, dijo en entrevista Luis Fernando García, abogado de derechos humanos en la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Pero además, la discusión de la legislación secundaria se centrará en una definición precisa del término “preponderancia” que se creó en marzo de 2013 cuando el Ejecutivo habló por primera vez de frenar a los monopolios.
“El objetivo de la preponderancia se incluyó en la reforma con la idea de acabar o de disminuir la gran concentración que existe tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, para señalar a los agentes económicos preponderantes que serán aquellos que tengan más del 50% de usuarios, de audiencias, de tráfico o de capacidades”, explicó Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel).
El ‘último jalón’
El tema está sobre la mesa legislativa, pues las comisiones de Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado ya acordaron que será el próximo viernes 4 de julio cuando todo estará listo para su aprobación.
Este martes, los grupos parlamentarios discutirán a puerta cerrada su postura final sobre los puntos polémicos del proyecto de dictamen de esta legislación secundaria pues se espera que un documento final se distribuya para su análisis.
24 horas después, en Comisiones, se iniciará la discusión del mismo para que esté aprobado a más tardar el jueves 3 de julio, cuando la Comisión Permanente convocará a un periodo extraordinario.
De esta forma, el viernes 4 de julio se discutirá y aprobara en el Senado la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y se dejará todo listo para que el martes 8 de julio sean los diputados quienes lo discutan y voten, con lo que quedaría sólo en manos del ejecutivo su promulgación para su eventual operación.
