Proponen figura de “juez de ejecución penal” para evitar extorsiones en penales

El primer pago empieza antes de cruzar la entrada del centro penitenciario. Después de formarse entre una primera alambrada, los familiares de los reclusos llegan a las escaleras que dan acceso a la puerta de vidrio. Un custodio les pone el sello de entrada. Cuesta 200 pesos por persona. Así lo aseguran varios parientes que acuden a ver a sus presos en día de visita en el Centro Preventivo y de Readaptación social Tlanepantla, más conocido como el penal de Barrientos.

A Adriana le suenan los bolsillos de la chamarra de tantas monedas de 10 y 5 pesos que trae. “Traigo cambio para poderles dar y que no vean que traes mucho dinero. Si quieres un banquito para no estar parada con tu hijo cuatro horas cuesta 20 pesos, si quieres una mesa cuesta 100, ir al baño son 10, luego si traes una comida que no les parece son hasta 50 pesos, y luego se van quedando cosas de las que entran. Yo le traigo diez pares de calcetines porque después de pasar la revisión de las cosas quedan 5. ¡Se las gastan, pero bonito!”, cuenta Adriana resignada. Su hijo lleva cinco años preso acusado de robo. Todavía no tiene sentencia firme porque han presentado varios amparos, pero entró a los 20 y ya cumplió los 25.

Adriana viene una vez al mes porque entrar es tan costoso que prefiere venir menos y darle más dinero al muchacho para que pueda sufragar los gastos de estar preso. Los internos deben pagar semanalmente cuotas al grupo de presos que controla el penal y a los custodios por derechos como el uso de la cama –una plancha de cemento con una colchoneta–, el derecho a ver la televisión o el pase de lista. Además, si quieren comprar algún insumo como productos de higiene o un refresco, los precios a dentro de la prisión se duplican respecto a la calle. Un rollo de papel higiénico, que en una tienda cuesta en promedio 6 pesos, allá dentro cuesta 10 y una Coca-Cola de 600 mililitros se vende a 18 pesos, frente a los 9 con los que se consigue afuera.

“Y lo que pasa ahí dentro y que solo ellos saben, a nosotros mi hijo solo nos dice que está muy feo y que prefiere no contarnos para que no suframos”, explica María del Socorro que viaja cada quince días de Tlaxcala para visitar a su hijo y traerle todo tipo de víveres. Entre 2012 y 2013, en las cárceles mexicanas, los motines, las agresiones, los homicidios y las huelgas de hambre tuvieron el aumento más significativo desde 2006, con un crecimiento del 134%.

A ello hay que añadir una grave situación de autogobierno, corrupción y altos grados de violencia que no siempre se reportan. El Subcomité para la prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han reconocido en diversos informes que “es común la práctica de golpes y maltratos a los internos por el propio personal de custodia y por otros reclusos”

40.1% de los presos no tienen siquiera sentencia, dado que el sistema penal vigente todavía en la mayoría de los estados contempla la prisión preventiva. Con la reforma penal, esta se vuelve excepcional a los delitos más graves, apegándose así a los tratados internacionales en derechos humanos y con la intención de no abarrotar las cárceles de posibles inocentes.

El nuevo sistema de justicia, que deberá estar implementado en todo el país para junio de 2016, además de establecer los juicios orales y públicos supone, a grandes rasgos, el reconocimiento de la presunción de inocencia, más eficiencia en el proceso judicial, implementar mecanismos alternos para resolver conflictos e incorporar nuevos órganos procesales que salvaguarden la digna ejecución de las sentencias. Para ello se sostiene sobre tres patas, una reforma y armonización nacional del Código de Procedimientos Penales, la instauración de la Ley de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales.

Este lunes 7 de julio, el miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas en México, Miguel Sarre, convoca a familiares y expertos en el tema a reunirse ante el Senado de la República para exigir a los legisladores que aprueben la Ley de Ejecución de Sanciones Penales “que proteja tanto a procesados como a sentenciados; que abra las prisiones al escrutinio de los medios y de la sociedad, y que dote de atribuciones plenas a los jueces de ejecución para garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los visitantes, los defensores y los observadores”.  

Para Sarre, que lleva 35 años visitando cárceles como abogado, representante de la CNDH, y ahora de la ONU, las condiciones de vida, los castigos y cuotas en las prisiones suponen una sanción extra a la sanción delictiva.

“Tiene muchos agregados como los golpes, la extorsión, la humillación a la familia visitante, la relegación a sitios distantes, la privación de alimentos, la afectación a los derechos de la personalidad como raparle el cabello como le hicieron a Mireles,… y nada de eso deriva de la sentencia. Necesitamos un sistema judicial que ponga orden en la prisión para que no sea un espacio sin ley”, explica en entrevista.

Discusión en torno a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales

 La nueva norma establecerá los parámetros para la gobernabilidad de los penales con el propósito de garantizar que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con condiciones de vida digna y segura para los internos. Su punto toral es el establecimiento de Jueces de Ejecución, es decir un magistrado del poder judicial, que independiente de las Procuradurías que gestionan los penales, vele por los derechos de los presos, y ponga fin a los abusos como los que relatan los familiares a la entrada del penal de Barrientos y que se repiten por todo el país. Y no solo con los familiares, sino cuando la ausencia de observadores facilita la impunidad.

“Para que la ley rija en la prisión necesitamos una autoridad independiente de la encargada de cumplir con la pena, que sería el juez de ejecución, porque los muros de los penales tienen que ver más con que no se vea con lo que hay adentro que con que no se fuguen sus presos. Mientras mayor sea el grado de seguridad de una cárcel más debe ser sujeta al escrutinio público porque hay un mayor grado de vulnerabilidad”, resume Sarre. A lo largo de su 35 años de experiencia asegura que solo ha visto como aumentaban los presos, el hacinamiento y la impunidad. Una vez incluso le tocó ver que un Ombusdman estatal diera dinero al policía encargado de la prisión para agradecerle la visita.

“Esto es un negociazo, por cada preso ganan dinero los policías que custodian, los abogados, los fiscales,…”, espeta Eva a las afueras de Barrientos, una abogada que va a visitar a un familiar con su ración correspondiente de víveres.

La nueva ley debería acabar con esta cadena de corrupción, sin embargo, las funciones del Juez de Ejecución, su eje central, dependerá de cómo se legisle. Ahora mismo hay tres iniciativas para conformar dicha norma, una por parte de la Procuraduría General de la República –la más restrictiva–, otra abanderada por las senadoras panistas Pilar Ortega y Adriana Dávila, y una tercera, coordinada por Miguel Sarre y suscrita por nueve senadores del PRI, PAN y PRD. Mientras las dos primeras limitan la función de jueces de ejecución de sentencias a resolver sobre las modificaciones a las sanciones que se le hayan impuesto al responsable del delito, es decir la competencia se centra en la reducción de la pena (beneficios) y en traslados. En cambio la que exige Sarre es mucho más ambiciosa y supone que tanto los internos –tengan o no sentencia ya– como sus visitas, puedan denunciar cualquier abuso.

De igual manera, la iniciativa de Sarre contempla una serie de mecanismos para que las demandas prosperen, por ejemplo que la queja se pueda poner a través de otra gente que no sean los propios presos, que deberían hacerlo a través de sus propios custodios, y garantizar así que llegue a manos del juez.  O que una vez interpuesta la demanda no se pueda desistir de ella para evitar que los quejosos reciban castigos con la intención de que la quiten.

“El debido proceso pasa por distinguir entre la justicia, y la venganza cuando se aplica la prisión.Que la pena de prisión sea la que impone el juez y no haya castigos de más, abusos y excesos de parte grupos de internos que son el autogobierno o la propia autoridad misma, porque eso rompe con el estado de derecho”, agrega Sarre.

La iniciativa de Sarre cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales, que ya enviaron una carta a las Comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos del Senado el mes pasado para hacer presión “en contra de los privilegios y grupos de poder en las cárceles mexicanas”.

“Estimamos urgente que los jueces de ejecución penal cuenten con todas las atribuciones para imponer la ley (…)La ventaja moral que gana el Estado cuando juzga conforme a un debido proceso se desdibuja cuando en la prisión imperan los abusos o los privilegios”, esgrimieron en la misiva organizaciones como México Evalúa, Causa en Común o el Observatorio Nacional Ciudadano.

La futura ley ya se está dictaminando en las Comisiones del Senado de la República pero no se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre. Desde la Comisión de Justicia, la senadora priísta y una de las suscriptoras de la iniciativa de Sarre, Arely Gómez, aclara que “necesitamos un techo mínimo para garantizar los derechos humanos a las personas privadas de libertad pero hay que escuchar a todas las voces. La iniciativa de Sarre no es la última palabra estamos discutiéndolas con la de las senadoras panistas y la de la PGR, que finalmente son los que trabajan en los penales”.