Las reglas que discute el Congreso para abrir el sector energético a privados
[contextly_sidebar id=”rjajR1dVBT5q999nWpPrJhLFQ1WG81wZ”]Un año después de que el presidente Enrique Peña Nieto presentara su iniciativa de reforma energética para abrir el sector a la iniciativa privada, en el Congreso avanzan las leyes reglamentarias que permitirán su consolidación.
Primero fueron los senadores quiénes avanzaron con 15 de las 21 leyes secundarias y ahora toca el turno de los diputados que, desde este lunes 28 de julio, arrancan el periodo extraordinario para avalar el paquete energético.
Estas 21 leyes están agrupadas en siete dictámenes que, a su vez, se dividen en dos paquetes. Animal Político te presenta los principales puntos de cada dictamen y las nuevas reglas propuestas para que la iniciativa privada comience a operar en actividades de hidrocarburos y energía en el país.
Paquete Fiscal. 3 dictámenes
La Cámara de Origen es Diputados, por lo que tras su aprobación, todavía deberán pasar por el Senado —cámara revisora— antes de ser enviados al Ejecutivo.
-Iniciativas para reformar las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la General de Deuda Pública.
La principal propuesta es que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se liberen del pasivo laboral que en conjunto suma 1.6 billones de pesos, por lo que el Estado lo asume como deuda pública.
El argumento del gobierno federal, del PRI y del PAN es que de esta forma tanto Pemex como CFE —ahora como empresas productivas del Estado— estarán en condiciones de competir con las empresas privadas que entren al sector con la reforma.
El Estado pagaría una tercera parte de este pasivo laboral —1.13 billones de Pemex y 507 mil de CFE— si en un periodo de un año hay cambios en los contratos colectivos de los sindicatos para reducir el monto de las pensiones; el resto quedaría en manos de los sindicatos y de las nuevas empresas productivas.
-Iniciativa que expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
El Fondo será el encargado de recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos de las operaciones de Pemex y de los contratos celebrados con la iniciativa privada.
Estará en manos del Banco de México y se operará a través de un Comité Técnico en el que participarán el secretario de Hacienda, el de Energía, el Gobernador del Banco de México y cuatro miembros independientes, quienes serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Los integrantes independientes no serán considerados funcionarios públicos, es decir, no estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El Fondo deberá transferir al Presupuesto de Egresos de la Federación recursos equivalentes al 4.7% del PIB; y administrar una cuenta de ahorro con el excedente de ingresos.
Los recursos no son parte de la Hacienda Pública Federal.
-Iniciativa que expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Se regulan los ingresos que recibe el Estado por la explotación de hidrocarburos, ya sea por las operaciones de Pemex o de empresas privadas.
El Estado recibe pagos de “cuota contractual para la fase exploratoria”, es decir, pagos que realizarán las empresas mientras el proyecto está en fase de exploración. Cuando éste ya se esté explotando, se recibirán regalías, un monto equivalente a un porcentaje del valor de los hidrocarburos.
También hay pagos por contratos de “utilidad compartida”, que se distribuirá entre el Estado y la empresas, éstas últimas recibirán la utilidad en especie —petróleo o gas— y en efectivo cuando se trate de contratos de producción compartida.
La Secretaría de Hacienda deberá publicar cada mes los ingresos que reciba por exploración y extracción de hidrocarburos.
Paquete Operativo. 4 dictámenes
Éste ya fue aprobado por el Senado, que fue la Cámara de Origen. Los dictámenes que no tengan modificaciones de los diputados pasarán al Ejecutivo, los que tengan cambios regresarán con los senadores.
-Iniciativa para crear la Ley de Hidrocarburos y reformar las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.
La exploración y extracción se podrá realizar a través de dos figuras: asignaciones —sólo para Pemex— y contratos —que incluye licencias, utilidad compartida y producción compartida—.
Las actividades del sector son consideradas prioridad del Estado, por lo que, en caso de que se advierta que en un terreno hay hidrocarburos, el propietario deberá ceder su explotación a través de las figuras de servidumbre voluntaria, ocupación superficial u ocupación temporal de su terreno.
Para ello, las empresas deberán pagar a los dueños de la tierra un pago por afectaciones al terreno, uno más por la previsión de daños y perjuicios, una renta por ocupación y un porcentaje —entre el 0.5 y 2%— de sus ganancias por la extracción de hidrocarburos.
Se prohíben actividades del sector en Áreas Naturales Protegidas.
A partir de 2017 el precio al Público de Gas Licuado de Petróleo se determinará por el mercado. Las Secretarías de Hacienda, Energía y Desarrollo Social deberán tener un programa de “apoyos focalizados”, es decir, subsidios, para que en zonas rurales y zonas marginadas urbanas haya un precio más bajo.
El precio de la gasolina y del diesel también se fijarán bajo las condiciones del mercado a partir de 2018. En los tres casos, actualmente, el Estado fija el precio por ser el único productor y distribuidor.
En este dictamen también se establecen las bases para la explotación del gas shale a través del método de fractura hidráulica o fracking.
-Iniciativa para expedir la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y reformar la Ley de Aguas Nacionales.
Se mantienen el subsidio generalizado a la energía eléctrica, pero además la Secretaría de Energía establecerá políticas para que en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas cueste menos.
Asimismo, el Ejecutivo podrá ordenar lineamientos para fijar tarifas según “grupo de usuarios”.
Las actividades de este sector también son consideradas prioridad del Estado, así que también aplica que el propietario de la tierra deba ceder su terreno a través de las figuras de servidumbre voluntaria, ocupación superficial u ocupación temporal su terreno.
Las empresas que participen en el suministro de electricidad deberán solicitar permiso a la Comisión Reguladora de Energía y tendrán que comprar Certificados de Energía Limpia.
-Iniciativa para crear la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y para reformar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Con estas leyes, el gobierno federal deja de ser el administrador de las operaciones de Pemex y de CFE y se convierte en su propietario, pues ya no se consideran empresas estatales si no empresas productivas del Estado.
En Comisiones, los diputados modificaron el documento aprobado por el Senado para que las dos nuevas empresas tengan completa autonomía de gestión. Sus Consejos de Administración autorizarán, sin la intervención de Hacienda, el manejo del presupuesto, excedentes, inversiones y planes de austeridad.
Esos Consejos son el máximo órgano de decisión y estarán integrados por 10 miembros. En el caso de Pemex, queda fuera el sindicato petrolero, se incluye al secretario de Energía, Hacienda, tres consejeros del gobierno federal y cinco independientes.
En CFE son el titular de Energía, Hacienda, tres consejeros del gobierno federal, cuando independientes y un representante de los trabajadores de la Comisión.
En ambos casos, el Senado deberá ratificar con una mayoría calificada la propuesta del Ejecutivo sobre los consejeros independientes, quienes no estarán sujetos al régimen de responsabilidades que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Estas leyes también indican que las dos empresas deberán contar con una auditoría interna y un auditor externo, así como presentar informes sobre su situación financiera, administrativa, económica y jurídica; sobre proveedores, contratistas, evaluaciones y reporte de resultados.
En relación a las modificaciones de los pasivos laborales del Dictamen 1 del Paquete Fiscal, se establece que los derechos de los trabajadores actuales se mantendrán en las mismas condiciones, pues el contrato colectivo que deberá reformarse sólo aplicará para futuros empleados.
-Iniciativas para expedir la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.
Se fijan las bases de operación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que autorizará contratos con empresas privadas para la exploración y extracción de petróleo y gas; y de la Comisión Reguladora de Energía, que entregará los permisos para la generación y el suministro de electricidad.
Ambas dependerán del Ejecutivo, quien ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica a través de éstas, por lo que no tienen independencia presupuestaria.
También se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, que asumirá todas las funciones ambientales para las actividades del sector: dará autorizaciones, modificará los permisos, estudiará el impacto ambiental de cada actividad, evaluará que se cumplan las normas ambientales, investigará presuntas violaciones, diseñará multas, emitirá sanciones y propondrá inversiones para la explotación de los recursos energéticos.
