Datos de la encuesta nacional en vivienda, realizada por Parametría en mayo de 2014, señalan que los grupos de autodefensa de Michoacán son ampliamente conocidos a nivel nacional, siete de cada diez entrevistados dijo haber escuchado de ellos, y confirman sus altos niveles de aceptación entre los mexicanos, pues el 71% dijo tener una “buena” o “muy buena” imagen de estos grupos de ciudadanos armados, los cuales decidieron hacerse cargo de la seguridad en sus comunidades.
Estos datos podrían ser reflejo del desgaste en el tejido institucional que los ciudadanos perciben y viven, así como de la falta de confianza en órganos policiacos y de procuración de justicia, además de la ausencia de autoridades locales y federales en algunas regiones del país.
Cabe destacar que estos datos son previos a la captura del doctor José Manuel Mireles, líder y fundador de las autodefensas michoacanas, sucedida el pasado viernes 27 de junio en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con las declaraciones oficiales, la detención de Mireles y otras 82 personas se realizó por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por delitos contra la salud.
El acuerdo que firmó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, señalaba que cualquier civil que estuviera armado y no fuera parte de la nueva organización Fuerza Rural sería detenido, como parte del programa de desarme de los grupos de autodefensa, lo cuales surgieron en Michoacán en febrero del año pasado. Mireles no formó parte de los la Fuerza Rural.
A partir de la detención de José Manuel Mireles, decenas de pobladores bloquearon las oficinas gubernamentales en el municipio de Coalcomán, exigiendo la liberación del líder de las autodefensas, señalando que tomarían medidas más radicales en caso de que Mireles siguiera detenido. Estas muestras de apoyo público nos dan información sobre la opinión que tienen los ciudadanos de algunas figuras, que no necesariamente siguen las reglas institucionales y son un importante punto de investigación en estudios sociológicos.
Al respecto, la encuesta de Parametría muestra que si bien José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, no es ampliamente conocido por los mexicanos (únicamente 16 % lo identifica a nivel nacional), sí cuenta con una buena opinión entre los que lo identifican, el 67 % de los entrevistados, dijeron tener una “buena” o “muy buena” opinión de dicho personaje. Únicamente 13 % considera lo contrario y 20 % no tomó postura o no contestó al reactivo.
De acuerdo con el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, Fuerza Rural, es un grupo de élite conformado por ex autodefensas, los cuales forman parte del organigrama del gobierno local y reciben equipo y capacitación por parte de la policía.
La creación de esta organización tiene como objetivo desarmar e institucionalizar a los grupos de ciudadanos que surgieron en algunos estados de la república. La medida fue conocida por la mitad de los mexicanos, de acuerdo con el ejercicio, el 51 % no se enteró que el gobierno federal decidió formar Fuerza Rural y desaparecer los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán.
Una de las críticas que se ha hecho al nuevo cuerpo policiaco tiene que ver con su falta de blindaje en contra de la corrupción, recordemos que la formación de los grupos de autodefensa derivó de denuncias sobre los vínculos existentes entre: elementos de seguridad, el Cártel de los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana y autoridades locales y federales.
Cuando preguntamos a los encuestados si estaban de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno federal desapareciera los grupos de autodefensa de Michoacán y formara una agrupación oficial llamada Fuerza Rural, el 46 % se dijo de acuerdo con la medida, en tanto, 21 % no estuvo de acuerdo con la desaparición de los grupos de ciudadanos armados, 27 % señaló no estar de acuerdo ni en desacuerdo con la medida.
La existencia de grupos de autodefensa en el país representa riesgos para la gobernabilidad, ciudadanos armados pueden procurar la seguridad en sus comunidades o desvirtuarse y representar una amenaza, el gobierno federal tiene esto en cuenta por ello la puesta en marcha del plan para regularlos e institucionalizarlos. No obstante, si los ciudadanos perciben un gobierno ausente en la procuración de seguridad en las comunidades, surgirán más grupos como estos y la legitimidad del gobierno al tratar de controlarlos se verá cuestionada. Es un tema con muchas aristas que sin duda representa todo un reto para nuestros gobernantes.