La ONU recomienda a México dejar atrás la militarización
[contextly_sidebar id=”642a949ee24d09a42f23d1351669a225″]Usar al ejército en labores de seguridad pública que corresponderían a una policía civil expone a los ciudadanos a diversas violaciones a derechos humanos, pues el objetivo “de cualquier cuerpo militar en el mundo es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza”.
Con ese argumento, al presentar su informe final sobre México, Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias urgió al Estado dejar atrás la militarización y capacitar a cuerpos policiales para que éstos sean aptos de atender las demandas de seguridad pública en el país.
“Una policía preparada, capacitada que actúe en lugar de lo que ahora hace el Ejército debería tener límites en el uso de la fuerza con respeto a los derechos humanos. A los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza”, dijo Heyns, quien presentó este jueves su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En el informe del relator se establece que además de que la sociedad está “expuesta a una serie de atropellos” por la militarización, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, que “ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados acusados de haber cometido abusos graves”.
Según Heyns, si bien el gobierno federal le informó durante su visita a México —que se realizó de 22 de abril al 2 de mayo de 2013— que la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto era que los militares tuvieran un retorno progresivo a los cuarteles, todavía no hay información sobre cómo y cuándo ocurrirá este compromiso será un hecho.
Asimismo, el gobierno de Peña Nieto informó que el objetivo era contar con una Gendarmería nacional, sin embargo, explicó el relator de la ONU, no hay razones claras sobre para qué crearla ni sus características.
“De igual manera, se debería aumentar el número de efectivos de la policía civil. Según la información recibida, solo la mitad de los estados cuentan con una presencia policial que esté por encima del nivel mínimo recomendado por las Naciones Unidas. Coahuila y Tamaulipas, donde se registran algunos de los niveles más altos de inseguridad, tienen el índice de presencia policial más bajo del país. Se debería elevar significativamente la cantidad y la calidad del personal policial y adoptar otras medidas para reconstruir el tejido social del país, gravemente afectado por la desigualdad social”, informó el relator en su informe.
En conferencia de prensa desde Ginebra, Christof Heyns explicó que hay algunos datos graves sobre la situación de militarización y violencia en el país.
El primero es que entre 2006 y abril de 2013, de 52 recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones al derecho de la vida; 39 estuvieron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina.
“3 de cada 4 recomendaciones de la CNDH relativas al derecho a la vida estaban dirigidas a las fuerzas armadas”.
Pero además, explicó, “los niveles de homicidio son demasiado elevados, no hay cifras al respecto y el asunto de la impunidad hace más grave el asunto”.
En sus conclusiones, Christof Heyns, informó que las investigaciones por homicidio no se están llevando a cabo y “falta capacidad y deseo de las autoridades para realizarlas”.
“No hay cifras de homicidios disponibles, las personas tienen que viajar a la capital del país para hacer sus denuncias y no es posible que los datos, la base sobre homicidios que ocurren en todo el país sólo esté disponible en la capital”.
Estas son algunas de las recomendaciones que el relator hizo a México y que expuso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU:
-Que los funcionarios gubernamentales no hagan declaraciones públicas sobre la licitud de una muerte sin haber examinado los hechos debidamente y que jamás se estigmatice a las víctimas de la violencia.
-Crear una base de datos pública consolidad que contenga información desglosada sobre los homicidios.
-Adoptar medidas para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de militares.
-Adoptar medidas para que las autoridades no alteren las escenas del crimen y garantizar que las autoridades que obstruyan las investigaciones rindan cuenta de ello.
-Aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza.
-Crear una institución nacional de servicios forenses.
-Iniciar con prontitud investigaciones exhaustivas, imparciales y diligentes de los homicidios de mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, niños, reclusos y personas LGBT.
-Tipificar el feminicidio en todos los códigos penales.
-Crear un corredor seguro para los migrantes en tránsito.
