Incorporar a las autodefensas no será suficiente para el desarrollo en Michoacán: estudio
[contextly_sidebar id=”b50bfb24f1c2a857d33b94d220030129″]La cooptación de los grupos de autodefensas no es una solución viable y a largo plazo a la actividad de los grupos delictivos que amenazan la seguridad en Michoacán, concluyó un estudio de campo publicado este martes.
El estudio Entender para atender: Por una estrategia de Estado en Michoacán, desarrollado por el investigador Romain Le Cour Grandmaison y el think tank Noria Research (Network of Researchers in International Affairs) para la organización civil México Evalúa, agrega que es la creación de instituciones limpias ante los ojos de los michoacanos lo que permitirá mejores posibilidades en la lucha por el desarrollo social y contra la impunidad y la corrupción.
El investigador pasó semanas en trabajo de campo en las zonas más conflictivas y violentas de la entidad, platicó con los distintos bandos y concluyó que Michoacán es una complejidad, por lo que restablecer la paz va más allá de las acciones policíacas y militares que han tomado en esta primera las autoridades federales.
De acuerdo con el documento, el gobierno federal debe agregar a su estrategia de control del ejercicio de la violencia, previsiones para consolidar instituciones públicas fuertes y restaurar la confianza ciudadana en los poderes públicos.
Sólo esta combinación conseguiría la meta del comisionado Alfredo Castillo: la seguridad y el desarrollo en la entidad. Las autoridades deben transformar todas las instituciones que fundan el contrato social y no sólo mantener la táctica violenta contra grupos criminales.
Eventualmente, afirma el documento, Michoacán necesitará el retorno de los poderes públicos a los municipios, en coordinación con los actores políticos locales, para atender las problemáticas sociales y fortalecer el tejido social.
“La cooptación de los grupos de autodefensas no aporta una solución viable y a largo plazo a la presencia de grupos armados en Michoacán”, afirma el informe de México Evalúa.
Por este énfasis en institucionalizar a las autodefensas, la administración federal dialoga con el Michoacán armado, pero no ha escuchado al resto. El grupo de civiles armados se ha diluido en grupos de autodefensas, un proceso que mostró que esta es una entidad armada hasta los dientes y que los locales están dispuestos a usar las armas.
Sin embargo, el inicio de la incorporación formal de autodefensas en una fuerza estatal oficial, el 10 de mayo pasado es considerado como un logro de Alfredo Castillo y el Ejecutivo Federal. Aún así, afirma el investigador, no han quedado claros los asideros legales para dicho cuerpo policiaco o que el propio comisionado Castillo tenga el control sobre él.
Le Cour Grandmaison conluye que podríamos estar frente a un nuevo grupo armado que detenta la etiqueta de legítimo, pero no se somete a la autoridad formal y persigue sus propios fines, aunque no es totalmente pesimista y da una oportunidad al cuerpo rural para conseguir la seguridad en la entidad.
De acuerdo con el documento respaldado por México Evalúa, los siguientes pasos para el Ejecutivo no son sencillos, pues debe transitar de la táctica a la estrategia, es decir, de la inmediatez y la necesidad de control, al planteamiento de un proyecto que requiere de un entendimiento muy profundo de las problemáticas que ahí se enfrentan, si se quiere conseguir el objetivo.
Para el investigador, aun si la seguridad y la violencia estuviera en vías de resolverse, quedarían muchos pendientes, por ejemplo, retornar a la normalidad en cuanto se refiere a las autoridades municipales, devolviéndoles su autoridad, un proceso que podría ser complicado por la complicidad de muchos municipios con el crimen.
De forma simultánea, se debe dialogar con actores políticos no armados que gozan de respaldo y legitimidad de la sociedad, los cuales hasta ahora han permanecido marginados, afirma el texto.
Lo más importante: desmantelar el orden templario, en su aspecto criminal y en su faceta de sistema de arbitraje, de institucionalidad paralela, retos que todavía no se abordan integralmente y quizá ni siquiera se entiendan. Mientras esto no suceda, los cambios serán de fachada pero no reales.
El texto que busca dar una aproximación distinta sobre Michoacán, afirma que el gobierno parece querer cooptar a al bando civil y provocar la división en su interior, por medio de la difusión de una imagen de poder gubernamental, de acuerdo con los autores.
Por otra parte, los autores recomiendan que se emprendan acciones contundentes para cortar las redes económicas y financieras de los grupos criminales en el estado, tomando el control de los puertos, así como de las minas explotadas ilegalmente, destruyendo plantíos y laboratorios, así como monitoreando los cultivos estratégicos pare evitar que los grupos criminales se apoderen de ellos.
Finalmente, subrayan la necesidad de que se diseñe un plan acordado de reducción de la presencia de las fuerzas armadas por etapas, simultáneamente con su reemplazo por elementos de mantenimiento del orden capacitados. De lo contrario, advierte el estudio, seguir con la lógica actual que consiste en privilegiar a las autodefensas que cuentan, o contaban, con más poder de fuego podría significar apoyar directamente al próximo grupo que controlará las actividades ilegales en Michoacán.
El estudio hace las siguientes siete recomendaciones al gobierno federal:
1.- Salida de la lógica partidista: la estrategia federal debe presentarse y desempeñarse en nombre del Estado, para lograr un diálogo con todos los actores políticos locales, a través de procesos transparentes y anclados en la ley.
2.- Reconocimiento y diálogo con los actores políticos no armados, respaldados por la legitimidad popular y el restablecimiento de un nivel mínimo de contrato social.
3.- Restablecimiento de la ley en Michoacán: dar señales fuertes en contra de la impunidad, tomar medidas para fortalecer las instituciones políticas estatales y municipales existentes.
4.- Lanzamiento de un proceso de desarme serio y contundente, que tenga como objetivo limitar la circulación y la portación de armas en la región: el registro actual, así como la creación de la policía rural equivalen a avalar y legalizar la compra de armamento a través del mercado negro, e integrar actores turbios a los órganos del Estado.
5.- Apoyo al retorno de los poderes públicos a los municipios, en coordinación con los actores políticos locales, para atender las problemáticas sociales y fortalecer el tejido social. Emprender un proceso gradual para retornar el poder político al gobernador y las instancias estatales, con la presencia y asesoría del Gobierno Federal, pero en un segundo plano. Que el gobernador tome un papel central del proceso y no sea sólo una sombra del Comisionado Castillo.
6.- Diseño de un plan acordado de reducción de la presencia de las fuerzas armadas por etapas, simultáneamente con su remplazo por elementos de mantenimiento del orden capacitados.
7.- Acciones contundentes para cortar las redes económicas y financieras de los grupos criminales en el estado: tomar control de las minas, de los puertos, destruir plantíos y laboratorios, monitorear los cultivos estratégicos pare evitar que los grupos criminales tomen su control.
