Senadores del PAN apostarán por evitar monopolios en radiodifusión y telecom

Al menos 25 de los 38 integrantes del PAN en el Senado impulsarán modificaciones a la iniciativa del Ejecutivo para que se pueda declarar preponderantes a las empresas que dominan un mercado, en función del servicio que ofrecen y no por el sector al que pertenecen, telecomunicaciones o radiodifusión.

Madero señala que la disyuntiva de este debate es uno de los más importantes y trascendentes para redefinir la dinámica y los términos del funcionamiento de las telecomunicaciones.

El presidente del blanquiazul se dijo  convencido de que lo importante es que el regulador pueda identificar a los operadores predominantes en cada uno de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión en donde exista esa dominancia.

El grave dilema de la declaración de preponderancia (por sector o por servicio) y sus posibles consecuencias

El Partido Acción Nacional ha sido el principal impulsor de las grandes reformas que necesita México para avanzar hacia mejores estados de desarrollo. Lo ha hecho desde antes, durante y después de estar en el gobierno federal. Por eso impulsamos la agenda de reformas profundas dentro del Pacto por México con el ADN panista que combate los privilegios y a los monopolios e impulsa la apertura y la competencia en los sectores económicos, políticos y sociales.

Desde la etapa de negociaciones iniciales previas a los acuerdos del Pacto por México, la transformación de las telecomunicaciones en México se colocó como uno de los más importantes de los 95 compromisos que conformaron el Pacto.

Las telecomunicaciones no sólo son un factor transversal que tiene efectos importantes para elevar la productividad de todos los sectores de la economía, sino también ofrecen productos y servicios de la canasta de consumo de la mayoría de las familias mexicanas: la telefonía móvil, la radio, la televisión y el internet. Por ello, no hay que escatimar esfuerzos para hacer que las Leyes Secundarias conserven la esencia democratizadora y modernizadora de la Reforma Constitucional y remuevan los obstáculos a la competencia.

Son muchos los aspectos relevantes y benéficos de esta reforma, que además presentan dificultades técnicas, económicas y legales, pero sin duda, destaca sobre todos, el tema de la preponderancia.

Se ha estado debatiendo intensamente la cuestión de si la declaración de preponderancia se debe hacer a nivel de sector o de servicios. Este es un asunto técnico intrincado y muy debatido.

En la ley, se entiende que el Sector de la Radiodifusión se compone de los servicios de televisión abierta y el de radio; el Sector de Telecomunicaciones, se integra por los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida (satelital y cableada), internet y otros que forman parte de los insumos que utilizan las empresas proveedoras para poder brindar servicios a los consumidores finales, como la interconexión, entre otros.

Dándole seguimiento a la evolución de estos debates desde las fases preliminares del Pacto, hasta estas etapas finales del proceso legislativo de las leyes secundarias, hemos sostenido la misma posición y el mismo compromiso de romper esas prácticas monopólicas que extraen rentas en condiciones de privilegio a todos los usuarios de estos servicios.

La disyuntiva de este debate, si bien no es el único que se da en el marco de la nueva regulación de las telecomunicaciones mexicanas, sí es uno de los más importantes y trascendentes para redefinir la dinámica y los términos del funcionamiento de estos sectores estratégicos y sus eventuales beneficios.

Teniendo en cuenta la evolución de estos debates y preservando la primacía del interés de los usuarios, los consumidores y las audiencias, estoy convencido de lo importante que es, que el regulador pueda identificar a los operadores predominantes en cada uno de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión en donde exista esa dominancia.

Si se adoptara el criterio de sectores (es decir de la suma de los servicios que lo componen), no se podrá regular eficientemente, pues es posible que en un sector exista un operador predominante en algún servicio y otro operador predominante en otro servicio del mismo sector y el regulador no podrá determinarlo.

Si el regulador tiene que identificar un solo predominante del sector, es posible que no pueda hacerlo, en al menos dos hipótesis:

La primera, porque sólo exista predominancia en alguno de los servicios, pero no en el conjunto. En este caso, la definición de preponderancia por sector podría tener como consecuencia indeseable que se tenga que declarar que no hay predominancia, a pesar de que alguna empresa ejerza un fuerte poder dominante en algún servicio (mas no el conjunto de todos ellos). Los consumidores de ese servicio serían los perjudicados y el regulador no podrá aplicar medidas expeditas para protegerlos.

La segunda hipótesis preocupante, es que existan operadores diferentes dominando algunos de los servicios. En el caso de esta hipótesis, podría suceder que sólo sea posible declarar predominante a uno de esos operadores, y no declarar la predominancia del otro, aunque sea claramente dominante en algún otro servicio del mismo sector. El perjudicado sería, nuevamente, el consumidor.

En ambas hipótesis, sería casi imposible y muy tardado remover los obstáculos a la competencia que con la sola declaración de predominancia por servicio se pueden aplicar con rapidez y con eficacia.

A pesar de que este es un tema que resulta de difícil comprensión para la mayoría de las personas, es de alto impacto para todos los consumidores.

Por eso, debe aclararse que la predominancia se declare cada vez que se presente en alguno de los servicios de un sector, y no sólo cuando se dé en el conjunto de todos los servicios del sector.

Estoy convencido de que lo mejor para la adecuada regulación de esta importante rama de la economía, -y lo que más sirve el interés general de los consumidores, hogares y empresas- es que se defina la preponderancia cada vez que ésta ocurra en algún servicio y no sólo cuando ocurra en todo el sector.

Debo reconocer que sobre este dilema nunca pudimos alcanzar un acuerdo con el Gobierno Federal ni con el PRI y que esto puede poner en riesgo la eficacia del órgano regulador, al no contar con una norma jurídica que le permita combatir a los monopolios que se pretenden someter al interés general y a las condiciones de competencia y apertura económica para dinamizar los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, generar inversión, propiciar la convergencia y beneficiar así a los 120 millones de habitantes de nuestro país.

Los legisladores de mi partido debatirán próximamente esta legislación. Reconozco que existen opiniones encontradas a este respecto y de antemano asumiré plenamente su autonomía legislativa para definir la posición democrática del Grupo Parlamentario. Confío en que salgamos unidos y logremos seguir defendiendo el espíritu democratizador y el ADN panista, de estas importantes reformas constitucionales.

Gustavo Madero Muñoz

[contextly_sidebar id=”a7011866cbb4e341384396dc7c8dc5d0″]Ayer, 26 de junio, Francisco Búrquez, vicecoordinador económico del PAN en el Senado, denunció que la iniciativa del Ejecutivo y el PRI pretende dejar lagunas y abrir brechas para garantizar que monopolios en radiodifusión y telecomunicaciones mantengan su poder.

Advirtió que si los legisladores no son capaces de enfrentar a las empresas que dominan los mercados, habrán fallado en el 90 por ciento del contenido de la reforma al sector.

Consideró que la decisión dejar en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la decisión de declarar la preponderancia por sector o servicio podría desatar una serie de litigios, impulsados por las grandes corporaciones, para tratar de evadir las decisiones del órgano regulador. “Estamos abriendo la puerta para que los monopolios se sigan defendiendo como en los últimos 20 años, en donde no ha sido posible establecerles medidas asimétricas y de control a prácticas monopólicas”, alertó.

La bancada del PAN en el Senado se reunirá el próximo martes para tratar de acordar una posición sobre la reforma.