Raúl Plascencia, el encargado de vigilar la protección de los derechos humanos en México, comparecerá en el Senado por primera vez desde que asumió la titularidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La razón, las denuncias que tiene en su contra por violentar garantías individuales al emitir la recomendación (80/2013) por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Familiares de víctimas, sus representantes y organizaciones de la sociedad civil –entre ellos la Casa del Migrante de Saltillo, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático y los Comités de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador y Honduras- denunciaron al ombudsman de no consultar ni considerarlos en el proceso y conclusión de la investigación, además de no calificar la masacre como una “grave violación a los derechos humanos” con responsabilidad del Estado.
Hace dos meses, Mirna Solórzano viajó a México desde El Salvador. Ella es la madre de Glenda Yaneira, desaparecida en nuestro país y probable víctima de la masacre. Vino a México también como representante de familiares de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, a entregar la petición de comparecencia de Raúl Plascencia a los senadores. Ahora regresa para estar presente en la reunión de trabajo.
“Nosotros lo que queremos es que rindan cuentas, que nos den una respuesta, que nos cumplan, que busque lo que es en el caso de Glenda, de los 72 migrantes, que no nos tomaron en cuenta a nosotros como familiares. Lo que queremos es que nos den esa respuesta, el porqué no buscaron a los familiares, a menos a nosotros nunca tocaron puertas a decir ‘oiga señora usted es familiar de Glenda, aquí están las pruebas para que usted no tenga dudas’ porque hasta ahorita yo siempre tengo la duda de si enterré a Glenda y así muchas personas, porque yo represento a toda Centroamérica”, dice Mirna.
La mamá de Glenda ha pasado casi cuatro años buscando a su hija, con la duda de si el cuerpo que enterró es el de ella. Duda porque no tiene evidencias más que la palabra de las autoridades. No le enseñaron ninguna foto del cuerpo, ni le entregaron la ropa que ella vestía.
“No ha sido poco estar viviendo desde la fecha de que ellos salieron y esperar que todo saliera en triunfo y en vez de ser triunfo fue un dolor en nuestro corazón, así como yo nos hicieron esa prueba de ADN y dar tan rápido esa respuesta, dicen ellos, pues yo pienso que es muy rápido y no tenemos pruebas. Ellos tienen que respondernos”, relata Mirna un día antes de la reunión con Plascencia.
[contextly_sidebar id=”682282ee87cfeaa461d2079db969719f”]Además de las señaladas, un centenar de organizaciones de derechos humanos se sumó a la petición, entre ellas la Red Todos los derechos para Todas y Todos, Tlachinollan, Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el académico Sergio Aguayo.
Si bien las organizaciones reclamaron una comparecencia, los senadores accedieron a una “reunión de trabajo” que será encabezada por Angélica de la Peña y Layda Sansores, como integrantes de la Comisión de derechos humanos. Además se espera la presencia de Alejandro Encinas.
La cita del ombudsman se da en el umbral de la competencia por asumir la titularidad de la CNDH, que arrancará en noviembre de este año. Plascencia busca repetir mandato.
Se acumulan amparos contra la CNDH
La gestión de Raúl Plascencia ha motivado cuatro amparos en su contra por violentar derechos humanos al investigar y emitir recomendaciones.
Los dos primeros fueron interpuestos por familiares de los migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas; el tercero y cuarto los interpuso GIRE por el caso de mujeres oaxaqueñas a quienes se les negó atención en los centros de salud durante el trabajo de parto.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) consideró que la CNDH no tomó en cuenta las necesidades y reclamos de las víctimas, Irma López Aurelio y Alma Ruth Mendoza quienes pidieron atención médica y apoyo para sus hijos.
Sin embargo, estas peticiones no fueron incluidas por la CNDH en sus recomendaciones 01/2014 y 15/2014.
Los amparos, que fueron admitidos por distintos jueces en materia administrativa en el Distrito Federal, aún no han sido resueltos.