Juan Carlos Cruz conoció al sacerdote chileno Fernando Karadima cuando tenía 16 años.
Había muerto su padre y lo mandaron donde el cura para que lo ayudara. “Me dijo que iba a ser mi director espiritual y que Dios le había dicho a él que iba a ser mi nuevo papá. Yo pensaba que era un santo”.
Pero entonces, Juan Carlos no anticipaba lo que estaba por venir: años de abusos sexuales y psicológicos. Tampoco imaginaba que 20 años después su testimonio sería crucial para graficar ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas la supuesta red de ocultamiento y encubrimiento implementada por la iglesia Católica para proteger a estos sacerdotes y evitar que comparezcan ante la justicia.
“Lo de Karadima me duele mucho, el abuso es horrible. Pero lo que más me duele es la respuesta de los que nos tenían que proteger y cuidar, que se convirtieron en nuestros peores enemigos”, le dice Cruz a BBC Mundo.
Se refiere a la cúpula eclesiástica.
“Tortura” y “encubrimiento”
Este viernes el Comité Contra la Tortura de la ONU escucha en Ginebra testimonios sobre abusos y potenciales torturas, previo a la sesión de lunes y martes, en las que recibirá e interrogará a los representantes de la Santa Sede. En enero pasado fue el comité de Derechos de los Niños de la misma organización el que puso a la Iglesia en el banquillo.
“La Santa Sede es uno de los 155 Estados Partes en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y está obligado a someterse a exámenes regulares de su registro ante la Comisión de 10 expertos independientes”, explicó la ONU a través de un comunicado sobre las razones de la sesión.
Uno de los informes más importantes que ha recogido el Comité proviene del Centro de Derecho Constitucionales (CCR), en representación de la Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes (SNAP), que agrupa a más de 12.000 víctimas-, y habla de los abusos de sacerdotes en Latinoamérica, donde la Iglesia católica tiene mayor presencia e influencia.
El informe -un anexo especial al original de 123 páginas describe detallamente casos de violencia sexual, abuso psicológico y otras acciones que equivaldrían a tortura, supuestamente realizados por miembros de la Iglesia en el mundo- muestra “ejemplos de casos atroces y evidencia de ocultamiento” por parte de la Iglesia en Latinoamérica.
“Hay suficiente evidencia de que existe un gran problema en Latinoamérica. Los casos que destacamos muestran claramente una red de diferentes obispos en distintos países. Todos sabían lo que estaba pasando y no quisieron colaborar con las autoridades. Mientras tanto, niños y otras personas eran dejados en las manos de abusadores”, le comenta Pam Spees, abogada de CCR a cargo del informe, a BBC Mundo.
El informe anexo sobre Latinoamérica nombra a sacerdotes y obispos implicados en la supuesta red de protección. Y el viernes, en una sesión privada, está previsto que sean mencionados los más emblemáticos.
“El papa Francisco es de la región, obviamente hay preguntas sobre cuánto sabía, su rol y por qué ha puesto a sacerdotes cuestionados en posiciones de poder. Es un mensaje poderoso”, asegura Katie Gallager, abogada de la CCR encargada de presentar los casos en Ginebra.
Reacción de la Iglesia
El papa Francisco ha pedido perdón por los casos de abusos, la “vergüenza” de la Iglesia.
Los últimos tres papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, han condenado los abusos y pedido perdón público a las víctimas.
“¿Nos avergonzamos? Tantos escándalos que no quiero mencionar singularmente, pero que todos sabemos cuáles (…) Escándalos, que algunos han tenido que pagar caro: ¡Y eso está bien! Se debe hacer así (…) ¡Son la vergüenza de la Iglesia!”, aseguró el papa Francisco en una homilía en enero pasado, poco antes del veredicto del Comité por los Derechos de los Niños condenando los abusos.
El informe previo que hizo llegar el Vaticano al Comité no hacía ninguna alusión a los abusos o casos de pedofilia.
BBC Mundo trató de contactar al Vaticano, pero no fue posible comunicarse con su vocero.
BBC Mundo le presenta un resumen de los casos del informe.
Chile: el emblemático “Caso Karadima” y sus obispos
El documento asegura que el cardenal Francisco Errázuriz recibió una queja formal a mediados de 2003, paro trató de persuadir a los agraviados de retirar las acusaciones. Cuando estos insistieron, el cardenal suspendió la investigación por tres años y luego la remitió al Vaticano. Fue sólo en 2011, cuando algunas víctimas hicieron público el caso con la intención de realizar acusaciones criminales, que hubo algún tipo de reacción.
Su sucesor, Ricardo Ezzati, también es mencionado en el informe por “no hacer nada respecto de las acusaciones durante años” y “por obstrucción a la justicia en otro caso”.
A pesar de que ambos obispos han sido abiertamente cuestionados e investigados por la justicia, el papa Francisco nombró a Ezatti cardenal en febrero pasado y a Errázuriz, miembro del selecto grupo de ocho cardenales encargados de reformar la curia.
“Chile es un caso emblemático, porque es un claro ejemplo de que obispos ‘marcados’ por participar en la red de protección, han sido premiados por el Papa. Y por este Papa”, asegura Juan Carlos Cruz.
Finalmente, Karadima “fue retirado a una vida de oración y penitencia por el Vaticano”. El informe destaca que sigue siendo sacerdote y fue visto recientemente celebrando misas en público, lo que tiene prohibido.
México: Maciel, el protegido de Juan Pablo II
Por primera vez el nombre de Marcial Maciel, el sacerdote mexicano fundador de los Legionarios de Cristo, será mencionado ante una comisión antitortura.
El sacerdote, cercano al ex Papa y hoy santo de la Iglesia, Juan Pablo II, fue acusado de abuso sexual por al menos 20 de los seminaristas de su congregación. Y, según la documentación presentada en el informe, el Vaticano habría recibido quejas al respecto ya desde 1976.
Según el libro “La Voluntad de No Saber”, citado por el informe, existen 198 documentos internos del Vaticano que confirman investigaciones internas que ponían en conocimiento a la Santa Sede de “actos de sodomía con niños de la congregación”. “No hicieron nada al respecto”, asegura el informe.
En 1996 un grupo de nueve seminaristas formularon cargos a través de un proceso canónico en el Vaticano. Sin embargo, según el informe, el caso fue paralizado por Angelo Sodano, secretario de Estado, por órdenes del entonces papa Juan Pablo II. Sólo tras la muerte del pontífice el caso fue reabierto y Maciel terminó siendo alejado del ministerio público para llevar una vida “de oración y penitencia”.
Centroamérica: el cura fugado de la justicia
El caso del reverendo Enrique Vásquez en Costa Rica ilustra -sostiene el informe- cómo las autoridades de la Iglesia usan su presencia global para evitar que los implicados en abusos sean enjuiciados.
El documento afirma que Vásquez admitió ante su obispo a mediados de los 90 que había acosado sexualmente a un monaguillo de 10 años. “Tengo este problema”, le habría dicho.
Un día después de que la agencia estatal a cargo del cuidado de la infancia en Costa Rica lo acusara formalmente en 1998, Vásquez se fue a EE.UU. vía Nicaragua.
Cuatro años pasaron para que la fiscal pudiera conocer el paradero de Vásquez, del que, según el informe, la Iglesia sí sabía. Horas después de que el FBI lo interrogara, Vásquez dejó el país rumbo a México.
El cardenal de Tegucigalpa, Oscar Rodríguez, estaba de acuerdo con el entonces secretario de Estado del Vaticano, cerdenal Tarcisio Bertone, en que los sacerdotes no debían ser entregados a las autoridades civiles.
“Para mí sería una tragedia reducir el rol de un pastor al de un policía. Somos completamente diferentes y prefiero prepararme para ir a la cárcel antes que hacerle daño a uno de mis sacerdotes”, comentó Rodríguez, citado por el informe.
Casi 10 años pasaron hasta que en 2007 la policía diera con él. “Nuestra función no es alertar a la policía. Nosotros alertaríamos a las autoridades religiosas”, comentó en su momento el obispo Juan Mata, secretario de la conferencia episcopal de Nicaragua durante la estadía de Vásquez.
Perú: el salesiano acusado de abuso que pasó de colegio en colegio
En 1991 el sacerdote Carlos Peralta fue encontrado con un niño en su dormitorio. Fue reportado al jefe de los salesianos en Perú.
Cuatro años después y luego de varios reportes de estudiantes que fueron abusados por Peralta, un comité disciplinario de la Iglesia concluyó que “cosas inmencionables han ocurrido” y que el sacerdote debía mantenerse alejado del trabajo con niños. Sin embargo, en 1996 el religioso fue nuevamente transferido a otra escuela donde continuó su “mal comportamiento”.
Fue enviado a un centro de tratamiento en Argentina y luego a una parroquia en chicago, donde nuevamente fue acusado de abusar de cuatro menores.
Se inició una investigación, pero Peralta fue nuevamente transferido, esta vez a México.
Brasil: dos casos
En Brasil el informe destaca dos casos.
El primero, el de Tarcisio Tadeu Spricigo, condenado en 2003 por abuso sexual de un menor de 9 años. El informe asegura que el sacerdote había sido acusado de este tipo de abusos desde 1991, ante lo cual la reacción de sus superiores fue cambiarlo de parroquia.
El segundo tiene que ver con Clodoveo Piazza, un religioso italiano a cargo de un proyecto con gente en situación de calle en Brasil, acusado en 2009 de abusar de niños y permitir que visitantes extranjeros los explotaran. Piazza, quien pertenece a los jesuitas, recibió una señal de apoyo publicada en la página web de la orden religiosa: “Solidaridad con el hermano y padre Piazza (…) las calumnias contra los misioneros se han convertido en un juego crecientemente popular”, aseguraba la declaración.