¿Cómo terminar con el trabajo informal en América Latina?
[contextly_sidebar id=”f1639dd34e2f8d2c2972e51f8ef97a7c”]El lustrabotas “Juan” tiene unos 20 años y una esquina favorita en el centro de Buenos Aires, en el de Lima o Ciudad de México.
Es un trabajo a destajo, sin vacaciones, ni seguridad social, sin jubilación ni futuro: un puro presente entre el brillo de los zapatos y la comida.
Este arquetípico Juan forma parte de un ejército de trabajadores informales. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 127 millones de latinoamericanos, un 47% del mercado laboral, pertenecen a esta categoría.
Desde vendedores ambulantes y servicio doméstico hasta afiladores de cuchillos, de microempresas a cuentapropistas de todo tipo, tienen una existencia al borde de la cornisa.
A este heterogéneo ejército se suma el trabajo informal o en negro en la pequeña empresa –muy frecuente– o en la mediana y gran empresa, que conforma un 11,4% del total.
Según la directora Regional para América Latina y el Caribe de la OIT, Elizabeth Tinoco, la más absoluta precareidad caracteriza a este sector laboral.
“El trabajador informal no tiene acceso a ninguna protección, a prestaciones sociales en el presente o a pensión en el futuro, ningún amparo laboral, sea de contrato, de horario laboral y condiciones de trabajo, de salario mínimo, etc.”, indicó a BBC Mundo.
No basta con que crezca la economía
Entre 2002 y 2012 varios países latinoamericanos vieron un aumento del empleo formal de un 60% (Argentina y Brasil) y hasta un 70% (Chile).
Este crecimiento se dio incluso en países pobres de la región, como Nicaragua que, desde un nivel muy bajo, prácticamente duplicó el número de empleos formales.
Este fenómeno coincidió con la llamada década de oro de la región (2002-2012) que se caracterizó por un crecimiento anual promedio del 3,7%, cuatro veces más que en las dos décadas previas (1980-2000).
Sin embargo, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado el año pasado mostraba que aún países que habían crecido por encima de ese promedio en la última década tenían niveles de informalidad superiores a los estándares regionales. Entre ellos: Perú (68,8%), Paraguay (65,8%), Colombia (56,8%) y México (54,2%).
Según Jürgen Weller, economista de la Cepal, el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para revertir la informalidad laboral.
“Es importante porque se genera empleo en empresas, pero se necesita una legislación y políticas específicas para controlar que se cumplan las normas legales y para ayudar a las empresas a normalizar la situación de muchos trabajadores”, indicó a BBC Mundo.
¿Regular o desregular?
La vía legislativa como solución se ha debatido en este dilema.
En los 90, con la caída del muro de Berlín y el auge de las políticas neoliberales, la desregulación del mercado laboral fue vista como panacea.
La premisa era que una fuerte caída del costo laboral gracias a un menor peso de las cargas sociales que deben afrontar las empresas conllevaría a una mayor disposición de los empresarios a contratar trabajadores.
Pero el experimento no funcionó y en este siglo XXI muchos gobiernos han intentado una fórmula mixta, suerte de palo y zanahoria.
Un ejemplo es la ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral aprobada por el Congreso argentino este 21 de mayo.
La ley contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, el fortalecimiento en la fiscalización del cumplimiento de las leyes y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.
El gobierno espera regularizar a 300.000 trabajadores en el primer año y a 650.000 en los dos siguientes, reduciendo la informalidad (que era del 49,7% en 2003) del actual 33,5% al 28%.
“Es un proceso largo y complejo. En otros países como en Brasil se ha intentado facilitar los procesos administrativos para que la pequeña empresa acceda a la formalidad y gane acceso a microcréditos, financiamiento y tecnología innovadora para elevar la productividad”, señala Tinoco.
Una cuestión de tamaño
La pequeña y mediana empresa son las que más necesitan este tipo de estímulos ya que en muchos casos, por su propio tamaño, sus márgenes de ganancia no les permiten a la vez innovar, crecer, cubrir el propio riesgo y afrontar las cargas sociales del empleo formal.
Esta situación es menos justificable a nivel de la gran corporación que, sin embargo, suele tener un ejército de trabajadores informales.
La competitividad exigida por el costo debido a los rigores de la globalización es la excusa esgrimida por la gran empresa.
Jürgen Weller no coincide con esta premisa.
“Si uno lleva ese argumento hasta su lógica conclusión, la idea sería de que hay que pagar el salario más bajo que se pueda y tener solo trabajadores informales que no representan ninguna carga social. Pero lo que se gana en caída del costo laboral se pierde en competitividad porque el incentivo y la eficiencia de un trabajador en estas condiciones no es la misma. Cualquier empresa que no tenga una visión cortoplacista sabe de las ventajas de un trabajador satisfecho con su empleo”, indicó Weller.
Los jóvenes suelen ser los más afectados por este tipo de informalidad. Según la OIT, seis de cada diez jóvenes solo acceden a empleos sin contrato y con sueldos muy por debajo del que cobran personas contratadas para el mismo tipo de trabajo.
Este efecto imán de la informalidad en el mercado laboral afecta incluso al sector público.
“Colombia ha tomado una iniciativa para formalizar el empleo del sector público porque este sector ha sido uno de los que más ha usado la subcontratación. Esto es algo que se da también en otros países como México, Jamaica, Perú”, señala Tinoco.
El avance es meritorio, pero se trata de una anormalidad flagrante: el sector público debería ser el primero en cumplir con la ley.
Sindicatos, empresas y estado
La formalidad laboral tiene un impacto directo en el financiamiento del Estado y la disminución de los niveles de pobreza.
La mayoría de los 127 millones de Latinoamericanos que trabajan informalmente llegarán a la edad jubilatoria sin hacer los aportes correspondientes.
Según Mariano Bosch, coautor de “Mejores pensiones, mejores trabajos. Hacia la cobertura universal en América Latina”, una publicación del BID, la relación entre informalidad, pobreza e indigencia es clara y se da en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad vital: la vejez.
“Un sistema jubilatorio necesita soluciones de largo plazo. En la actualidad, unas 130 millones de personas están trabajando sin ahorrar nada para su pensión. Proyectado al futuro calculamos que entre el 47% y el 60% de los 140 millones de mayores de 65 años que llegarán a la edad de jubilación en 2050 no habrá ahorrado lo suficiente para financiarse una vejez digna”, señaló a BBC Mundo.
La OIT puso en marcha el año pasado un programa de asesoramiento, conocido como FORLAC, para gobiernos, empresarios y sindicatos para avanzar en la resolución del problema basado en la premisa que es un problema tripartito.
“No hay una solución sin cooperación de todas las partes. Además no es un problema exclusivo de América Latina. El tema es mundial. Por eso la OIT comenzó esta semana a trabajar en la redacción de una norma internacional con recomendaciones mundiales para la formalización laboral”, señala Tinoco.
A pesar de esta voluntad de encarar el tema, los mismos especialistas reconocen que hay núcleos duros de la informalidad que serán muy difíciles de desterrar.
“No se puede esperar que un lustrabotas, por ejemplo, que trabaja diariamente para la supervivencia, también contribuya. En su caso, con sus ingresos o contribuye o come. Hay muchos trabajadores por cuenta propia que están en esta situación. Allí la intervención del estado a través de una pensión no contributiva será inevitable”, señala Weller.
