2006-2012: un “sexenio de tortura” en México
[contextly_sidebar id=”cefc7c32bcf1eaa058b680deee3f7b56″]La estrategia de militarización de seguridad pública que arrancó en diciembre de 2006 con el mandato de Felipe Calderón Hinojosa abrió la puerta para que en México ocurrieran más casos de tortura, pues según organizaciones defensoras de derechos humanos el gobierno federal nunca adoptó mecanismos de control, evaluación o rendición de cuentas para evitar los abusos de parte de las fuerzas armadas.
“El combate frontal por parte del gobierno en la lucha contra el narcotráfico ha resultado en un contexto de violencia, impunidad y el uso de la tortura, la desaparición forzada y ejecuciones como un mecanismo de control. Las violaciones a los derechos humanos son justificadas bajo el paraguas de seguridad nacional”, indica el reporte que el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) entregaron a Juan E. Méndez, relator especial sobre la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.
Aunque acusan que la estrategia de seguridad basada en la militarización y el uso de la fuerza continúa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —que inició en diciembre de 2012—, destacan que con Calderón se inició “la flexibilización de las garantías procesales de las personas investigadas”, lo que derivó en un aumento de 500% de las quejas por tortura presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Como muestra de sus denuncias, estas organizaciones y otras como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentaron diferentes casos documentados de tortura.
Caso Miriam López
El 10 de enero del 2011, Miriam Isaura López Vargas envió una carta a la Secretaría de la Defensa Nacional para quejarse de amenazas por parte de soldados del retén Loma Dorada. Tres semanas después, Miriam fue detenida en la ciudad de Ensenada por dos sujetos que la encañonaron, subieron al asiento trasero del coche y llevaron a un cuartel militar en Tijuana, Baja California.
Durante su detención fue golpeada por militares quienes también la sometieron a graves torturas físicas y psicológicas como atarla de manos, acostarla y ponerle un trapo mojado en la boca para después aplicarle agua en la nariz; colocarle una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla; y darle toques eléctricos en las costillas y las piernas. También le hicieron una lesión en la muñeca cuando la amenazaron con cortarle la mano; la sometieron a tortura sexual y le mostraron fotos de sus hijos, su pareja y su casa, con las que la amenazaron diciéndole que si no declaraba lo que ellos querían, dañarían a su familia.
Caso Claudia Medina Tamariz
El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 33 años, dedicada al hogar y madre de tres adolescentes, fue detenida en su domicilio por elementos de la Secretaría de Marina y tras 36 horas de tortura física, sexual y psicológica —incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales— la obligaron a firmar una declaración. Horas más tarde fue presentada ante los medios de comunicación como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Caso de los cuatro civiles
En la mañana del 16 de junio de 2009, cuatro personas que fueron detenidas sin una orden de detención o presentación fueron trasladadas a dos casas particulares a bordo de vehículos no oficiales. En el trayecto, así como durante su permanencia en dichas casas, fueron sometidos a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes: recibieron golpes, descargas eléctricas y asfixia; y fueron víctimas de tortura psicológica, ya que amenazaban con matarlos si no se declaraban culpables de un secuestro.
Finalmente fueron trasladados a la II Zona Militar en donde fueron obligados a firmar sus declaraciones ante el Ministerio Público mediante torturas y con los ojos vendados. A pesar de haberlos visto severamente golpeados, el agente del Ministerio Público determinó que debían seguir bajo custodia militar.
Caso de 25 policías de Tijuana
Entre el 21 y el 27 de marzo de 2009 en Tijuana, Baja California, 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal fueron llamados para una diligencia con la Procuraduría General de la República (PGR) pero fueron detenidos sin orden judicial y se les informó que era por el delito de delincuencia organizada.
Al interior de un cuartel militar, los 25 policías fueron sometidos a actos de tortura física y psicológica pues los amarraron de los pies y de las manos por noches enteras, permanecieron cubiertos con cobijas mientras sufrían golpes en todo el cuerpo con un objeto de madera denominado barrote o sentados en una silla metálica en la que se les sumergía los pies en el agua para recibir descargas eléctricas en los testículos; también fueron víctimas de asfixia por bolsa de plástico colocada sobre el rostro. Los actos de tortura física fueron acompañados de amenazas de muerte para hacerles firmar declaraciones que no les permitían leer. Esos documentos fueron utilizados para su autoincriminación como miembros de la delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud.
Caso de los Cinco de Tlaxcala
Jorge Hernández Mora, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Sergio Rodríguez Rosas, José María Cirilo Ramos Tenorio, Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, fueron detenidas de forma arbitraria el 13 de agosto de 2002.
Fueron sometidos a torturas, con el fin de que se declararan culpables del delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, además les fue sembrada droga para agravar su situación jurídica y justificar una detención por flagrancia.
Caso de Jethro Ramssés Sánchez Santana
El 1 de mayo de 2011, el ingeniero electromecánico de 27 años de edad, Jethro Ramssés Sánchez acudió a una feria organizada por el Ayuntamiento de Cuernavaca. Dentro del recinto comenzó una pelea y policías municipales que intervinieron lo llevaron detenido, junto con otro amigo.
Después de ser detenidos, en lugar de ser llevados ante el Ministerio Público competente, fueron entregados a elementos de la Policía Federal, quienes a su vez los entregaron a un convoy de aproximadamente 20 militares, bajo la excusa de que los detenidos dijeron ser miembros de un cártel del narcotráfico.
Ese mismo día, Jethro y su amigo fueron llevados al cuartel de la 24a Zona Militar en donde, según testimonios, fueron torturados. Después de ser torturado, Jethro perdió el conocimiento y fue declarado muerto por un médico del cuartel. Por órdenes de un coronel, militares llevaron el cuerpo a Puebla, en donde fue semienterrado en forma clandestina, mientras que al amigo de Jethro lo soltaron en medio de la carretera. Estudios forenses elaborados con posterioridad sugieren que Jethro pudo haber sido enterrado aún con vida en aquél terreno.
