Denuncias por trata de personas en el DF aumentan 100% en un año
Datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) revelan que las denuncias por el delito de trata de personas aumentaron más de 100% en un año.
De 2010 a octubre de 2013 se iniciaron 82 averiguaciones previas relacionadas con el delito de trata de personas, de acuerdo con la respuesta que la PGJDF dio a una solicitud de información.
En 2010, las averiguaciones previas fueron 15, en 2011 ascendieron a 16, en 2012 de nuevo fueron 15 y hasta octubre de 2013 ya eran 36 los procedimientos iniciados.
El comisionado ciudadano del InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava, mencionó el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012, que realizó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 132 países, el cual reporta que entre 2007 y 2010 más del 55% de las víctimas de este delito son mujeres, de las cuales cerca de un 20% son niñas.
[contextly_sidebar id=”d2c4e50f4152b2489e668023f536a9de”]Según Sánchez Nava, del mismo informe se desprende que el 44% de las víctimas de trata en el continente americano son obligadas a realizar trabajos forzados y que el resto de los casos se encuentran relacionados con la explotación sexual.
El pasado 12 de febrero, el Senado aprobó cambios a la Ley General en Materia de Trata de Personas, que contemplan modificar el nombre de la legislación, aumentar las penas, ampliar el rango de delitos vinculados a la trata y armonizarla con lo escrito en tratados internacionales suscritos por México.
Los senadores consideraron que era necesario ampliar la gama de delitos vinculados a la trata de personas para que éstos no estuvieran limitados a la “prostitución ajena y otras formas de explotación sexual” e incluyeron conceptos como la pornografía, el matrimonio y embarazo forzado, la servidumbre forzada o el reclutamiento forzado en algún grupo armado; además de penas contra quien practique el llamado turismo sexual.
Aunque la iniciativa todavía deberá discutirse en la Cámara de Diputados, la idea de los senadores es aumentar las penas por el delito de trata de personas, que éstas sean todavía mayores cuando sea cometido por servidores públicos, familiares o integrantes de organizaciones civiles o que el castigo también se aplique a quienes difundan, distribuyan, copien o compren productos que tengan origen en la explotación de una persona independientemente de que obtengan una ganancia monetaria por ello.
