Exhibe Auditoría descoordinación en política de DH
El Gobierno del expresidente Felipe Calderón falló, durante todo su sexenio, en dar seguimiento a la promoción y defensa de los derechos humanos de los habitantes de todo el país. En esta ocasión no lo dicen organizaciones defensoras de las garantías fundamentales, sino el informe de la Cuenta Pública 2012, presentada ayer por la Auditoría Superior de la Federación ante el Congreso. Es decir que, incluso desde la perspectiva de la gestión y el gasto público se corrobora lo que la sociedad civil acusó durante seis años.
El titular del organismo, Juan Manuel Portal, dio a conocer que se detectaron presuntos desvíos de recursos públicos por unos 4 mil 300 millones de pesos, por lo que la Auditoría promovió más de mil 700 sanciones contra funcionarios de los tres niveles de Gobierno y la presentación de 147 denuncias de hechos por posibles delitos. Sin embargo, no dio detalles sobre cuáles dependencias están involucradas.
[contextly_sidebar id=”81ab060d17cdf71cc7768423cd0ef6d6″]Entre los diversos temas que explora la Cuenta Pública está la implementación del sistema de justicia penal en las 32 entidades, el gasto de la Presidencia de la República y las dos Cámaras que integran al Congreso de la Unión, así como la compra de aeronaves por parte del Ejército y la Marina, entre otros.
En el caso de la Secretaría de Gobernación y el Programa Nacional de Derechos Humanos durante la gestión de Calderón, el documento es claro sobre sus consecuencias sociales: “(La Secretaría) careció de información que acreditara la coordinación, seguimiento y verificación periódica de las acciones implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el periodo 2007-2012, a fin de impulsar la promoción y defensa de los derechos humanos de la población asentada en el país, bajo el principio de no discriminación y perspectiva de igualdad, equidad y género”.
Más adelante, el análisis agrega que si bien el Gobierno federal logró reducir el número de recomendaciones emitidas por la CNDH por violaciones a los derechos humanos, eso no expresa, de ningún modo, que se esté implementando el Programa Nacional de Derechos Humanos.
“Es a la inversa, en la medida en que se implemente el Programa se reducirá el número de recomendaciones emitidas por la comisión por violaciones a los derechos humanos”, advierte el documento.
En el caso de los Estados, Portal explicó que el mayor número de irregularidades detectadas en cuanto a manejo de recursos públicos, se concentró en diez Estados, como fueron Coahuila, Estado de México, Jalisco, Michoacan, Tabasco y Veracruz.
Durante la presentación de la Cuenta Pública, realizada en la Cámara de Diputados y ante legisladores federales presentaes, Portal expresó la propuesta de crear un tribunal especial que ejecute sanciones en contra de los funcionarios que cometen malversación en el manejo del erario: “Sería conveniente que la Cámara de Diputados considerara”, dijo, “la posibilidad de una figura de un tribunal de sanciones”.
Hasa ahora, la Auditoría Superior de la Federación sólo cuenta con facultades para promoverlas mas no para ejecutarlas.
“La creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas sería una primera propuesta para eliminar la fragmentación que hoy tenemos en la materia”, consideró.
Desde 2012, quedó incierta la operación de la Secretaría de la Función Pública, organismo encargado de sancionar a los servidores públicos, pues el presidente Enrique Peña Nieto planteó la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero ésta no se ha concretado desde entonces.
