Durante las manifestaciones fueron anulados bajo el calificativo de “anarquistas” y sus motivaciones ignoradas. A un año de que cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se lanzaran a las calles a marchar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la criminalización de la protesta social, Animal Político rescata en este especial de cuatro entregas, quiénes son y porqué marchan estos grupos; sus reivindicaciones y sus argumentos contra el estigma de “vándalos”.
Los ciudadanos independientes: marchar por indignación
Es Gabriela Hernández, mejor conocida como Luna Flores, quien debería estar contando esta historia, su historia. Pero Luna está presa y no puede hacerlo.
Su historia pública comenzó en octubre del año pasado afuera del Senado de la República. Ese día, entre policías y manifestantes, una mujer se acercó en solitario y, sin avisar, se arrojó al suelo para evitar que una camioneta con funcionarios entrara a las instalaciones. Ya en el suelo pescó la llanta y se aferró a ella no menos de una hora. Llena de aceite y tierra del pavimento, comenzó a llorar. Ante las cámaras relató que no era justa la reforma laboral, que el dinero ya no alcanzaba, que como empleada no tenía seguridad de ningún tipo, que qué futuro se les está dejando a los hijos.
Gabriela, contó aquella vez, trabajaba en una maquila y nunca antes había acudido a marchas. Por eso su familia se sorprendió al ver en televisión a una mujer tirada al suelo, tercamente aferrada al automóvil de un trabajador del Congreso.
[contextly_sidebar id=”208e301d24bc9d854f75095316796575″]“Lo primero que pensé es que me dio mucha pena, mucha vergüenza verla ahí. Después entendí que se sentía desesperada, que no encontraba otra forma de sacar su frustración, su indignación por lo que estaba pasando con el tema laboral. Ella nos decía ‘si así como están las cosas me va mal, ¿cómo me irá ahora?’”, dice su hermana Laura, una fisoterapeuta.
Poco a poco Luna encontró cobijo con los otros manifestantes y decidió renunciar a su trabajo en la maquila y dedicarse a limpiar casas para tener tiempo de acudir a las protestas. Ahí conoció a Jesse Alejandro Montaño, un joven que también llegó por su cuenta a sumarse a las marchas.
Ambos han sido catalogados por el gobierno capitalino como “anarquistas”, según un informe publicado por el diario Reforma, que ellos desmintieron. Se reivindican como “ciudadanos independientes”.
“No pertenecemos a ningún grupo, los respetamos a todos, pero estamos aquí como ciudadanos que quieren protestar por lo que está haciendo el gobierno, primero la imposición de Peña Nieto, luego la reforma laboral, ahora nos quieren impedir hasta manifestarnos y la represión es cada vez mayor. Tenemos que unirnos y actuar si no nos van a asfixiar”, dice Jesse Alejandro.
La historia de Jesse también es particular. Ronda los 30 años y antes de ser figura pública por las marchas fue militar, migrante y policía en el Estado de México. Con los ahorros de su trabajo montó un café internet y fue ahí donde supo de las movilizaciones de #Yosoy132, a las que se sumó.
Jesse Alejandro, al igual que Luna, desconocía las teorías del comunismo, socialismo o anarquismo. Simplemente, dice, le pasó lo que a Luna: fue la indignación de ver cómo su trabajo diario no le alcanzaba para mantenerse, lo que lo sacó a la calle. Participó en las marchas estudiantiles del 2012, se trepó a la Estela de Luz, hizo huelga de hambre en solitario afuera de Televisa, se decepcionó de la “pacificidad” de #Yosoy132 y continuó sus marchas en solitario, lo mismo protestando contra la reforma laboral, energética o maltrato animal, que en apoyo al SME, a la CNTE y a los detenidos por las manifestaciones durante el último año.
Sobre los señalamientos en contra de su radicalismo, Jesse Alejandro ha dicho:
“No quiero que la gente me escuche como un regaño, quiero que vea mi postura como una reflexión. La gente tiene que reaccionar, pero ¡ya! Porque cuando quieran actuar quizá ya sea demasiado tarde. Hace falta radicalizarse y revolucionarse. Al principio pensaba que la violencia no lleva a nada, pero hace falta un piquete de costillas para que sepan que estamos ahí y no nos vamos a dejar. Me da mucha alegría ver que antes la gente estaba agachada y ahorita veo que quieren darle. Se oye feo, pero no nos dejan otra opción, el gobierno está acorralado”.
Por su radicalismo fue estigmatizado como “líder de los anarquistas”, fue detenido durante en noviembre del 2012 cuando protestaba contra las corridas de toros y liberado; luego durante la marcha del 1 de septiembre fue detenido, preso y ahora sigue bajo fianza su proceso por resistencia a particulares, portación de objetos para agredir y delitos contra la salud. Los policías aseguran que en su mochila encontraron una bolsa de marihuana, él y su abogado han pedido pruebas.
Por las detenciones perdió su café internet y ahora no tiene trabajo.
En ese entonces, cuando estuvo preso, recuerda Jesse Alejandro, Luna hizo brigadeo en las calles y en redes sociales, con otros compañeros, para juntar los más de 100 mil pesos de fianza por su libertad. Ahora es Luna quien está presa, acusada de ultrajes y obstaculizar el ejercicio legítimo de la autoridad durante las protestas del 2 de octubre. Si bien se trata de delitos no graves, no puede salir bajo fianza porque la autoridad judicial la considera de “peligrosidad social”.
Por eso hoy Luna no puede contar su historia y son Laura, su hermana, y Jesse Alejandro quienes la relatan: es la mayor de seis hermanos, uno de los cuales es policía y el otro estudiante de economía; ella estudió hasta la preparatoria y como obrera y trabajadora del hogar sacó adelante ella sola a sus dos hijos.
“No podemos permitir que la autoridad nos esté reprimiendo de esa forma, nosotros queremos manifestarnos contra lo que nos están haciendo y vamos a defender ese derecho. El gobierno está usando la violencia y la cárcel para dividirnos, para desgastarnos y mucha gente no lo quiere entender, no se solidariza, no sale a la calle a defender lo que es de todos. Pero nuestra idea es que poco a poco la gente se dé cuenta de lo que está pasando, de cómo te criminalizan por pelear tus derechos, y que le puede pasar a cualquiera”, dice Jesse Alejandro.
Eso es lo que ha sacado a la calle a gente como Luna y sus ex compañeras de la maquila, a Jesse y a los vecinos de Iztapalapa. Entre más.
#Yosoy132: antes y después, pacíficos pero invisibles
“Yo no creo en la violencia –afirma Valeria Hamel– y espero nunca creer en ella. Sin embargo, en este año transcurrido desde la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, he aprendido a no criminalizarla: entiendo muy bien el hartazgo de la gente.”
Durante el año pasado, Valeria fue la representante del ITAM en el movimiento estudiantil #YoSoy132, el cual, reconoce, fue desarticulado el 1 de diciembre de 2012 y que hoy sobrevive no ya como una estructura asamblearia, con capacidad de convocatoria masiva, sino como una idea, incluso un grupo de redes que siguen trabajando, pero a nivel de base.
“El 1 de diciembre de 2012, fue muy claro lo ocurrido –afirma la estudiante de Derecho–: Enrique Peña Nieto tomó venganza en contra del movimiento estudiantil, y su mensaje fue ‘ustedes me jodieron durante toda la campaña y el proceso electoral, pues aquí está mi respuesta’. Desde su primer día de gobierno, Peña mandó el mensaje de que no permitirá la disidencia, que en su gobierno no habrá espacio para la actuación política en su contra, ni para gente como nosotros… y el 1 de diciembre fue sólo el preludio de lo que seguiría, porque luego vino la represión del 10 de junio, la del 1 y 13 de septiembre, la del 2 de octubre.”
Con este punto coincide Alfredo Lecuona, ex vocero de la asamblea de #YoSoy132 en la Universidad del Valle de México y actual asesor de la senadora Layda Sansores, del partido Movimiento Ciudadano.
“Sí funcionó la estrategia planteada del gobierno de desarticular y desmovilizar a través de una acción muy contundente del 1 de diciembre de 2012 de estigmatizarnos. Permeó en nosotros, pegó hacia adentro, desmovilizó, no porque hayamos creído que en verdad íbamos a terminar acciones violentas, sino porque desconcentró todos nuestros esfuerzos que antes estaban destinados a la lucha de nuestros seis puntos, al obligarnos a la defensa jurídica de los detenidos y a limpiar nuestra imagen. Terminamos siendo pacíficos pero invisibles”.
Para analizar las causas de la violencia que ha marcado las protestas suscitadas durante este año, ambos jóvenes contrastan con las manifestaciones realizadas por #YoSoy132 durante 2012, cuando “marchábamos hasta tres veces a la semana y no había agresión del gobierno. Si llegaba a haber policías, eran agentes de tránsito, me sentía protegida, caminar por Reforma con una consigna política, los policías nos escuchaban, incluso nos sonreían, pero el 1 de diciembre comenzó la criminalización de la protesta social”, dice Valeria.
Y en ese proceso, destaca, “el principal factor del autoritarismo ha sido Miguel Ángel Mancera a quien no considero como alguien de izquierda, quien ha actuado en favor de otros intereses, sin entender la naturaleza progresista de la Ciudad de México, donde los que hemos crecido aquí lo hicimos conviviendo con las protestas sociales y con la libertad de expresión, pero llega Mancera y le pone un alto a todo eso, ante los aplausos del gobierno federal”.
Desde ese momento, se lamenta, el único rostro que ha exhibido el gobierno capitalino durante las manifestaciones públicas, principalmente las de jóvenes, “es el rostro de los granaderos, imbuido de agresividad y burla”, cobijados en su proceder represivo por el Protocolo de Uso de la Fuerza, emitido por Mancera, así como por la reforma al Código Penal que eleva las sanciones en caso de lesión u homicidio de agentes, durante protestas sociales.
Lecuona coincide.
“Es notorio que cuando no hay policías en las marchas, no hay violencia y eso lo podemos entender perfectamente, sin reivindicar la violencia o la acción directa en las protestas”.
Y esto evidencia, destaca el egresado de Derecho, la intención de los gobiernos federal y capitalino de crear violencia, como estrategia para desmovilizar a la sociedad. Considera que las manifestaciones violentas, como las que pueden reivindicar grupos como Frente Oriente o Acampada Revolución, sólo le sirven al gobierno para legitimar acciones de represión y reformas legales que criminalizan la protesta.
Y es esta diferencia en torno a la verdadera utilidad de las confrontaciones con la policía, insiste Valeria Hamel, la que terminó por fracturar al movimiento #YoSoy132, aquel 1 de diciembre de 2012, porque “si bien ese día hubo gente que, de forma espontánea, actuó de forma violenta, también hubo grupos que actuaron así de forma premeditada. Hubo gente que usó la violencia, sabiendo que muchos no íbamos preparados para ella, sabiendo que iban niños, adultos mayores, y sabiendo también los riesgos de represión que ese proceder generaban, y esos grupos actuaron así, violando un acuerdo previo establecido entre todos los convocantes a esa manifestación, y eso, más que una necedad, fue un acto autoritario de su parte.”
–¿Cuál es tu postura en torno a la confrontación directa: la repruebas?- se le pregunta a Valeria.
–No considero que esa sea una forma de lucha efectiva, aunque respeto a quienes la consideran legítima. Sin embargo, creo que ellos también deben respetar a aquellos que optamos por las formas de lucha pacífica, porque aquellos que deciden actuar violentamente, primero tiran la piedra y luego se esconden atrás de ti… si ellos convocaran a sus protestas, en las que usaran métodos directos de confrontación, está bien, pero no me parece justo que acudan a manifestaciones que son organizadas con un perfil pacífico y que impongan la violencia.