El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia civil del Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que ordena a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) no otorgar permisos a transnacionales como Monsanto, Pioneer, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences para la siembra de maíz transgénico a escala experimental, piloto y comercial en el país.
La medida llega a través de un amparo/Acción colectiva promovida el pasado 5 de julio por científicos, intelectuales, agricultores, artistas, activistas, organizaciones ambientales y de derechos humanos, entre ellas la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Colectivas A.C. y la Fundación Semillas de Vida.
[contextly_sidebar id=”d90114c4bf5bf8677e5aad6a8f2bb96c”]“La decisión del juez representa el primer paso para la protección definitiva de la diversidad biológica de nuestro país y un reconocimiento pleno de los derechos humanos de los mexicanos a un medio ambiente sano, a una alimentación de calidad y al maíz como patrimonio cultural”, comentó la organización internacional Greenpeace a través de su página web.
El abogado Romualdo Hernández Naranjo de la organización “Colectivas, AC” detalló que el mayor logro de dicha resolución es que finalmente, el poder judicial ha aceptado formar parte del debate sobre los perjuicios o beneficios de introducir maíces transgénicos al país.
Señaló que si bien se suspenden ahora los permisos, la cancelación definitiva “va a ser hasta el momento en que se discuta el fondo y se le exponga a la sociedad los beneficios de los transgénicos o los daños que pueden acarrear”.
Lo que sigue en la Acción Colectiva, será la etapa de pruebas, en la que todas las partes entrarían en un debate judicial en el que cada una presentaría a sus peritos para aportar pruebas de sus argumentos a favor o en contra del maíz genéticamente modificado.
Hasta ahora, las decisiones del gobierno sobre el maíz genéticamente modificado han estado enmarcadas en un clima de opacidad, acusa Greenpeace México.
Nueve de las 14 solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico, presentadas hasta la fecha, ya se encuentran fuera del plazo de 4 meses estipulado por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) para que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Sagarpa emitan una respuesta; aun aparecen como pendientes de resolverse.
La organización recordó que los cultivos transgénicos, además de tener un gran impacto en la biodiversidad, afectan de manera negativa al medio ambiente y a los campesinos, favoreciendo el monopolio y el control de las trasnacionales de la biotecnología sobre los granos base de nuestra alimentación. El caso más reciente es el de una variedad de trigo transgénico experimental de Monsanto (probablemente MON 71800), y que no fue autorizada en 2005 en Estados Unidos y que llegó 8 años después a campos de cultivo de trigo en el estado de Oregón”.
Con información de Proceso y Greenpeace México