Combate a la tortura y desapariciones forzadas entre las recomendaciones a México ante la ONU
[contextly_sidebar id=”cd3f76c1ba9a8d66f2e7e9291cfbb850″]En el segundo Examen Periódico Universal (EPU) que hace México ante la ONU en Ginebra, Suiza, el tema que predominó fue la implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Derechos Humanos; países miembros de Naciones Unidas convocados pidieron a nuestro país reforzar la protección a defensores de esas garantías y a periodistas.
Naciones como Colombia, Suiza, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Suecia, Hungría, Polonia, Portugal, España, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, alentaron al gobierno mexicano a incrementar los fondos económicos de este mecanismo y la cantidad y calidad de su personal.
Otro de los temas sobre los que varios países emitieron recomendaciones estuvo relacionado con las desapariciones forzadas y el contexto de impunidad que les rodea.
En este sentido Suiza recomendó que se investiguen todas las acusaciones de desapariciones forzadas, se castigue a los responsables y se compense a las víctimas.
Francia alentó al país a hacer un registro de desaparecidos. Además, el tema del arraigo fue considerado por Bélgica y Alemania, como otro reto del Estado mexicano y le alentaron a abolir esta figura.
Por otra parte, de 188 recomendaciones que se hicieron a México, un gran porcentaje de países recomendó tomar medidas urgentes en cuanto al tema del feminicidio, desigualdad, violencia de género y discriminación de la mujer, especialmente de las indígenas.
Llamó la atención la observación de Holanda en cuanto a la legislación de algunos estados de la República en los que se protege la vida desde la concepción, lo que ha influido en la dificultad de las mujeres para poder recurrir al aborto en caso de violación o enfermedad.
Otros retos que enfrenta el país mencionados por los 89 oradores presentes al examen se refirieron al aumento de casos de tortura, los derechos de los migrantes, la desigualdad social, el fuero militar y el combate a la corrupción.
Las recomendaciones emitidas este día serán estudiadas por el gobierno de México y en marzo de 2014 deberá informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre cuáles de ellas están dispuestos a aceptar para trabajar con el fin de darles cumplimiento.
Cada cuatro años y medio, desde 2008, los 193 estados países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas examinan el estado de los derechos humanos en sus territorios y quienes evalúan avances o retrocesos son los estados mismos en el (EPU).
Para la valoración de la situación de los derechos humanos en México, la ONU tomó en consideración tres informes: el elaborado por el gobierno mexicano y que fue enviado hace seis meses, el de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y el de organizaciones civiles.
En el EPU de México participaron 89 delegaciones; todas coincidieron en que México ha registrado avances en la materia en los últimos años.
Durante más de tres horas, 40 funcionarios que conforman la delegación mexicana que viajó a Ginebra, Suiza, encabezados por el canciller José Antonio Meade enumeraron ante la ONU los avances que se han tenido en la promoción y defensa de estas garantías, y enfatizaron sobre la disminución de la violencia y la importante baja en las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra miembros de las fuerzas armadas.
Como ejemplo, Meade recordó que en enero pasado se publicó la Ley General de Víctimas. En el tema de Justicia Militar, que motivó recomendaciones en el examen anterior, reveló que se trabaja para redefinir la competencia de la justicia militar.
Adelantó que ya se elabora el Programa Nacional de Derechos Humanos. Ese documento, que se sustenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, “será fundamental para consolidar una política de Estado que involucre a todas las autoridades y a la sociedad civil para implementar la reforma constitucional en la materia”, aseguró.
Añadió que en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como líneas de cooperación con los gobiernos locales para la prevención y protección de la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos.
En el rubro de desapariciones forzadas citó las reformas al Código Penal Federal enviadas recientemente al Congreso, las cuales homologan a los estándares internacionales la definición de ese delito.
También recordó la propuesta del Ejecutivo al Senado de la República para el retiro de la reserva formulada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
“Se aprobó también en 2011 la Ley del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas que obliga al Gobierno Federal, en coordinación con las autoridades locales, a construir un registro de personas en esta situación “, abundó.
Sobre el temas de género, dijo que en México se ha desarrollado el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, ya en operación y que por primera vez asume en la planeación del desarrollo nacional la perspectiva de género.
Al referirse a los migrantes citó las recientes acciones que incluyen la emisión de la Ley de Refugio y Protección Complementaria de 2010, y la Ley de Migración en 2011, así como programas de protección de niñas, niños y mujeres migrantes.
Ve aquí el video de la intervención íntegra de la delegación mexicana:
Recordemos que el arraigo y el fuero militar son dos temas que México rechazó analizar en febrero de 2009, cuando por primera vez se sometió al primer EPU.
En aquel entonces México recibió 91 recomendaciones, aceptó 83 y rechazó ocho. Todas en torno a los temas ya mencionados. Cuatro años después, el país volvió este miércoles 23 de octubre a la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, a someterse al EPU, y una vez más, las delegaciones lo confrontaron con los temas que en 2009 no abordó.
Ayer martes 22 de octubre por la tarde, el presidente Peña Nieto envió al Congreso cinco iniciativas en materia de derechos humanos que tocan algunos de los temas que, en los documentos que en la ONU servieron como guía para el EPU, aparecen como parte de la agenda que México requiere revisar en materia de derechos humanos.
En la sede de la ONU en Ginebra, previamente, la sociedad civil enlistó los asuntos que, a su parecer, merece la pena vigilar pese a las reformas constitucionales, como respeto a los derechos de las mujeres o la violencia contra defensores y periodistas.
“El discurso oficial está muy lejos de la realidad. Ha habido muchas promesas, muchas palabras sobre acciones que se van a tomar que realmente no se traducen en acciones concretas que puedan poner freno a estas violaciones graves de derechos humanos que hemos visto en los últimos años y empezar a redirigir el rumbo”, dijo el defensor de derechos humanos Daniel Joloy, tras un evento paralelo en la sede de la ONU en Ginebra, el que una veintena de organizaciones civiles abordaron las deficiencias de México en materia de Derechos Humanos.
¿Cómo está México en esos pendientes? Con los reportes de la sociedad civil, Animal Político explica los avances y retrocesos en los temas que hace cuatro años, los países le pusieron a México sobre la mesa.
Arraigo
Suiza y Nueva Zelanda son dos de los países que en 2009 le pidieron a México eliminar el arraigo de inmediato. El estado se negó a aceptar esa recomendación.
Un año después, en 2010, el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitó México y documentó que la mitad de las personas bajo arraigo mostraban signos de haber sufrido violencia. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene documentado que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones relacionadas a esta práctica que las organizaciones estiman violatoria de los derechos de la libertad personal, la legalidad, la presunción de inocencia y las garantías a un debido proceso.
Casi 8 mil 600 personas fueron arraigadas entre enero de 2008 y octubre de 2012 y de todas las solicitudes hechas, los jueces sólo se han negado a conceder la medida en 4.7% de las ocasiones. Si bien la Procuraduría General de la República argumenta que entre 90 y 95% de las personas arraigadas han sido consignadas, han omitido señalar que sólo 3% recibe sentencia condenatoria. Todos esos datos están compilados en el informe que preparó por el EPU la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. El documento analiza el acceso a la justicia y la impunidad. La impunidad alcanza niveles superiores al 98%, de acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Uso extensivo del fuero militar
Una decena de países pidió en 2009, entre ellos Italia, Perú y Uruguay, pidieron a México investigaciones a fondo sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por militares. A horas del EPU, la Comisión Mexicana cita una cifra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: las quejas recibidas por el organismo por violaciones cometidas por las fuerzas armadas se incrementaron 1000% en el último sexenio.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional, 3 mil 612 elementos han sido sentenciados por la justicia militar, sin embargo, sólo 33 han recibido sentencia por violaciones a derechos humanos y todos están ligados a un mismo caso.
En octubre de 2010, el Presidente Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, pero la reforma fue insuficiente. Con ella se excluía de la jurisdicción militar sólo la desaparición forzada, la tortura y la violación, por lo que quedaron fuera otras formas de atentar contra los derechos humanos como las detenciones arbitrarias, las ejecuciones o los allanamientos.
En la víspera del EPU, Peña ‘hace la tarea’
La tarde del martes, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión iniciativas para la protección de los Derechos Humanos. La primera aborda los límites del estado en la suspensión de derechos y garantías. Con la segunda, el presidente propone acotar la actuación del estado sobre la expulsión de extranjeros, que garantiza su derecho de audiencia y el debido proceso.
La tercera pretende adecuar el delito de desaparición forzada a estándares internacionales. La cuarta busca proteger a los elementos de las fuerzas armadas que sean portadores del VIH y la quinta solicita retirar distintas reservas a tratados internacionales sobre derechos humanos.
El envío se hizo horas de que en Ginebra, México se sometiera al EPU.
Sobre los pendientes de México en materia de arraigo y fuero militar, Animal Político presenta completo el informe preparado por la CMDPDH y el IMDHD para el Examen Periódico Universal en materia de acceso a la justicia, así como el informe que mandó Artículo 19 para el EPU:
*Con información de Ntx y MVS Noticias.
