Autoridades del DF ignoran a víctima de violencia por ser “mala madre”

Siete años han pasado desde que Clara Tapia Herrera comenzó a trabajar más de 18 horas al día y a entregar su sueldo íntegro a Jorge Antonio Iniestra Salas para que él no cumpliera las amenazas de lastimarla a ella y a sus tres hijos.

Con miedo, pero desesperada por no volver a ver sus hijas, la mujer de 40 años decide denunciar ante las autoridades.

Es septiembre de 2011, Jorge Antonio Iniestra es detenido, acusado de corrupción de menores y de homicidio en una presentación ante los medios de comunicación, que pronto lo apodaron el ‘Monstruo de Iztapalapa’.

Sentada a lado del hombre que la violentó física, económica y psicológicamente por años, es presentada como cómplice, pues aunque la Procuraduría reconoce que fue ella quien denunció los abusos de Iniestra, también indica que “entregó a sus hijas” y “consintió” la explotación de la que fueron víctimas.

Dos años después, Clara está en la cárcel esperando condena. Su defensa argumenta que debe estar libre porque además de que se violó el debido proceso, se ignoró su papel de víctima y se le ha juzgado sin una perspectiva de género.

Fallas en el “rol de madre”

Tras la detención de Iniestra Salas, en septiembre de 2011, se dictó auto de formal prisión contra Clara. El juez basó su dictamen en la declaración y peritaje psicológico de Gabriela, que desde 2004, a los 15 años, comenzó a ser víctima de Iniestra.

También se tomó como prueba el peritaje psicológico de Clara que, según las abogadas, parte de un prejuicio al argumentar que no cumplió con “su rol materno” y no toma en cuenta la violencia y amenazas que recibió de parte de Iniestra por siete años.

Con base en ello, las conclusiones del juez sexagésimo cuarto de lo penal indican que Clara “no realizó cuidados en sus hijas, los cuales ellas buscaron cubrir con los actos de Jorge Antonio Iniestra”.

La ANAD lleva dos años diciendo a las autoridades del Distrito Federal que los prejuicios machistas y el poco conocimiento en materia del derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia llevó y mantiene a Clara a la cárcel.

Michele Salas Ramírez cuestiona qué mensaje está enviando la autoridad si por un lado insisten en que las mujeres denuncien los actos de violencia, pero cuando lo hacen no se toma en cuenta su condición de víctima ni se juzga desde una perspectiva de género.

En el caso de la capital del país, a finales de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tenía registradas 13 mil denuncias por violencia familiar, de las cuales sólo el 0.67% habían sido consignadas ante un juez.

“Las mujeres en violencia tienen tres opciones: se mueren en manos de su agresor, se suicidan o se van a la cárcel. Para las mujeres víctimas de violencia parece que no hay acceso a la justicia, no existe ese derecho por los prejuicios y estigmas y ese es el caso de Clara”, dice Miriam Pascual, también abogada de la ANAD.

Desvanecimiento de datos

La defensa de Clara logró el año pasado que no se le imputara por el delito de violencia familiar y que se le reconociera como víctima de Iniestra por violencia física, psicológica, y económica, pero todavía está pendiente liberarla del delito de corrupción de menores.

En febrero de 2012, tras haber recibido tratamiento psicológico, Gabriela amplió su declaración en la que establece que su madre no consintió la actuación de Iniestra y que nunca le comunicó la violencia que vivían ya sea porque Jorge la mantenía alejada o porque ella estaba trabajando para mantenerlos.

Ricardo también amplió su declaración y confirmó que su mamá trabajaba mientras él y sus hermanas fueron víctimas de Jorge.

Con esas declaraciones la defensa interpuso en enero de 2013 un recurso de desvanecimiento de datos, argumentando que no hay pruebas testimoniales ni físicas que involucren a Clara en el delito de corrupción de menores y que existen exámenes psicológicos que demuestran que ella también fue víctima de Iniestra.

“Con cómo se ha llevado el proceso se confirma que Clara está en la cárcel sin que haya un proceso con visión de género que tome en cuenta la violencia que sufrió desde que conoce a este sujeto y lo imposibilitada que estaba de frenar cualquier acción que la dañaron a ella y a su familia”, dice Michele Salas.

Desde que Iniestra fue detenido, Clara sólo lo ha cuestionado una vez sobre por qué la lastimó a ella y a su familia. En una audiencia del año pasado dijo:

“Yo le quiero preguntar a Jorge por qué, por qué mató a mi Rebeca, por qué si yo hice todo lo que me pidió para que ellas estuvieran bien y él me dijo que si yo hacía todo eso ellas iban a estar bien, entonces por qué la mató”.

La historia de Clara y Jorge

Clara Tapia y Jorge Antonio Iniestra se conocieron en 2004 en una tienda de venta de muebles en la que ella era una trabajadora de limpieza y él guardia de seguridad.

Según el testimonio de Clara, en su primera cita, Iniestra la llevó a un mundo desconocido: fueron a tomar un café a un restaurante Sanborns y después la invitó a pasear por un centro comercial.

Era 2004, Clara tenía 33 años y Jorge 21. Ella había sido abandonada por su expareja y padre de sus hijos Rebeca y Ricardo, quien la golpeaba y la obligaba a tener relaciones sexuales frente a sus hijos, además de que ignoraba a Gabriela por ser producto de una relación previa.

“Entonces ella ve en Jorge un asunto muy esperanzador. Es la primera persona en su vida que le dice que debe buscar la forma de ser feliz y le dice que puede enseñarle muchas cosas porque él es de clase media, ha ido a la universidad, ha viajado y ve películas en inglés”, cuenta Karla Michele, quien ha trabajado con Clara desde que fue presentada como responsable del delito de corrupción de menores.

Clara reconoce que le entusiasmó que Jorge Iniestra se acercó a sus tres hijos: Gabriela de 15 años, Rebeca de 12 y Ricardo de 11 y que producto de la buena relación se fue a vivir con ellos a la conserjería de la escuela Manuel C. Tello, ubicada en la delegación Iztapalapa, en donde ella tenía empleo.

En medio de esos cambios, que Clara vio como positivos, comenzó el proceso de control y violencia, según establecen los estudios psicológicos a los que ella se ha sometido.

“Mira Clara, tú trabajas, no puedes hacerte cargo de tus hijos y eso te hace una mala madre, pero como no puedes dejar de trabajar te voy a ayudar. Me voy a hacer cargo de ellos para enseñarles de una buena vida y me voy a quedar aquí a cuidarlos”, cuenta la mujer que está presa en el Reclusorio Femenil de Tepepan sobre cómo Iniestra le avisó que dejaría su empleo para hacerse cargo de su familia.

Clara no recuerda la fecha exacta en la que encontró a Jorge Iniestra violando a Rebeca en la cocina. Dice que se le fue encima y le exigió a gritos que se fuera de su casa, pero su hija —probablemente ya con 13 años cumplidos— intervino diciendo que estaban enamorados y que si él se iba, ella haría lo mismo.

Jorge lanzó lo que Clara recuerda como una de las primeras amenazas, pues le dijo que era capaz de matar a cualquiera si intervenía de alguna forma, y al poco tiempo también empezó una relación con Gabriela.

Un sistema de puntos

“No sabemos ni el 20% de la violencia que se vivió en ese hogar. Clara cuenta que Jorge la separa de las niñas y ellas dejan de ir a la escuela, y después le establece un sistema de puntos, en donde ella tenía que juntar 100 puntos para poder ver a sus hijas, pero nunca lo lograba”, relatan las abogadas de Clara.

El sistema de puntos marca el inicio de la violencia económica, pues así Iniestra controlaba los recursos que Clara obtenía de su trabajo en la conserjería de 06:00 a 13:00 horas, de la recolección y venta de cartón por las tardes y del salario que ganaba por limpiar un cine en un horario de las 20:00 a las 05:00 del día siguiente.

Para entonces, tanto Gabriela como Rebeca habían tenido al menos un hijo cada una y Jorge argumentaba que el dinero no alcanzaba, por lo que dejó de incluir en los gastos de alimentación tanto a Clara como a Ricardo y los enseñó a comer de la basura de la escuela en la que ella era conserje, además de que los corrió de la conserjería y los obligó a vivir a la intemperie sólo con algunas cobijas y bajo un techo de lámina.

Clara vivía en la azotea de la conserjería en la que estaban todo el tiempo sus hijas con Jorge Iniestra, hasta que en junio de 2009 él decidió llevárselas a la casa de sus padres junto con los cuatro hijos que habían concebido.

Que Iniestra haya abandonado la conserjería no implicó el fin de las amenazas y violencia contra Clara, pues la visitaba al menos una vez cada dos semanas para revisar “su puntaje” en el sistema que estableció para que pudiera volver a ver a sus hijas y que ahora también usaba para contarle cómo estaban.

“Clara se enfrentó a otra forma de violencia: la de las autoridades”

La desesperación de no saber nada de sus hijas y que Jorge le condicionara la información sobre ellas llevó a Clara a buscar a su familia para pedir ayuda.

“Entonces se enfrentó a otra forma de violencia ahora de parte de las autoridades. Clara se reúne en enero de 2011 con su hermana Cruz y pasan al menos cuatro meses para que Cruz pueda hacerle entender a Clara que lo que está viviendo no es normal, que no es una cosa que haga la gente de clase media o que haya iniciado porque ella es una mala madre, pero cuando Clara busca a las autoridades éstas le hacen creer lo contrario”, relatan las abogadas.

Cruz, hermana de Clara, relata que organizaciones civiles como Alto al Secuestro le dijeron que no podían ayudar porque sus sobrinas no estaban secuestradas, le sugirieron ir al Instituto de las Mujeres del DF pero ahí, en el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) de la unidad Cuauhtémoc, la funcionaria Ana Vanessa Rodríguez Rivas les dijo que “ella había sido una mala madre y que tenía gran parte de la responsabilidad”.

En otra ocasión, cuentan Clara y Cruz, un Ministerio Público les dijo que “eso pasaba cuando las mujeres se casaban con hombres más jóvenes: se iban con las hijas”.

Pese a todo, Cruz no dejó que Clara se desanimara y de enero a junio estuvieron buscando asesoría para recuperar a las dos jóvenes hasta que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y se les aconsejó interponer una denuncia por la que finalmente él es detenido en septiembre de 2011.

Tras la detención de Iniestra y ya con los cargos corrupción de menores en su contra, Clara se enteró de la muerte de Rebeca.

La historia de su muerte no es del todo clara y no hay una fecha precisa, pero se sabe que la chica murió a los 18 años tras una golpiza. Gabriela relató que su hermana fue castigada por intentar asomarse por la única ventana del cuarto en el que vivían desde junio de 2009 y que cuando yacía muerta Jorge pensó que la reviviría si amamantaba a Ashly, la bebé que ella había dado a luz unos meses atrás. La presión que Iniestra ejerció en la cabeza de la pequeña contra el pecho de Rebeca provocó que se asfixiara.

Los cuerpos de ambas permanecieron en el cuarto hasta que el olor de putrefacción fue insoportable y Jorge tuvo que abandonarlos en un terreno de la autopista México-Puebla.

Según Miriam Pascual y Michele Salas, Clara, actualmente de 42 años, no entiende todo lo que ha pasado y a veces no está consciente de la pérdida de Rebeca.

A la fecha, Clara ha intentado suicidarse en tres ocasiones. Sus abogadas dicen que algunos días luce radiante y tiene esperanza de que podrá salir de la cárcel para reunirse con sus hijos, pero otros, no es capaz de sostener la mirada, llora todo el tiempo, está desconsolada y se repite a sí misma que es una mala madre.

Los otros sobrevivientes de esta historia, Ricardo ­y Gabriela, ahora con 20 y 23 años respectivamente, son atendidos por psicólogos y van a terapia. Él retomó sus estudios, trabaja y disfruta de salir con su novia.

Gabriela tiene episodios de altibajos en los que se siente culpable, pero hay una contante en su vida: pide volver a ver a su madre y borrar juntas de su memoria esta historia que está por cumplir diez años y que para esta familia no tendrá fin hasta que Clara recupere su libertad.

La defensa dice que seguirá en pie de lucha, dejando constancia de cómo los prejuicios en el sistema de justicia afectan y revictimizan a las mujeres víctimas de la violencia, que en lugar de encontrar una salida en las autoridades terminan en prisión.