Superviviente de desaparición forzada critica impunidad en crímenes de Estado
Martha Camacho, una de las pocas supervivientes de una desaparición forzada, criticó hoy 28 de agosto la participación del Estado mexicano en los crímenes durante la llamada “guerra sucia” y la ausencia de justicia en estos sucesos.
Camacho contó su caso en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que presentó su campaña “Justicia frente a los crímenes de Estado”, para acabar con la “impunidad” sobre estos delitos.
Durante este periodo, desde finales de los años 60 hasta principios de los 90 del siglo pasado, hubo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales “cometidos por las autoridades” contra la gente que disentía del Gobierno, dijo el director de esta ONG, José Rosario Marroquín.
“Yo fui desaparecida junto con mi esposo el 19 de agosto de 1977“, cuando tenía 21 años y estaba embarazada de ocho meses, contó Martha Camacho, que estuvo recluida durante 49 días en una casa de seguridad, tras ser detenida por agentes del Estado en una zona militar.
[contextly_sidebar id=”cbcf5a785aeebbc9f33eeeb4ef691d67″]Según Camacho, los agentes pertenecían al Ejército mexicano, la extinta Dirección Federal de Seguridad y policías judiciales de Sinaloa, el estado del que es originaria, y dio a la Justicia sus nombres y direcciones.
Camacho dio a luz a su hijo Miguel durante la reclusión, en la que recibió amenazas de muerte, golpes y tortura psicológica contra ella y su bebé.
“Lo único que pasaba por mi cabeza era que quería sobrevivir y que quería traer a ese hijo que tenía dentro”, dijo la presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS) al recordar esos días.
“La mayoría de las madres tenemos esa naturaleza. Cuando estamos embarazadas es un sentimiento bien fuerte”, contó Camacho, cuya familia pagó un rescate que le permitió recuperar su libertad.
No fue el caso de las otras 35 personas con las que estaba en cautiverio, de las que no se sabe su paradero.
Su esposo, José Manuel Alapizco, que pertenecía a la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue torturado y asesinado a tiros.
El caso de ambos fue investigado por la fiscalía como “privación ilegal de la libertad”, “abuso de autoridad” y “homicidio”.
Por ello, la activista interpuso, con ayuda del Centro Prodh, un juicio de amparo indirecto para que sea juzgado como crimen de lesa humanidad, que no prescribe y supone delitos sistemáticos contra un sector de la población.
El abogado del caso, Andrés Díaz Fernández, dijo que si el recurso es rechazado, pedirán la revisión e incluso podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Estamos agotando aquí la vía nacional, y creemos que con las recientes reformas en materia de derechos humanos (…) hay más posibilidades de poder tener un criterio favorable”, explicó.
En caso contrario, acudirán a las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde reconoció que lo ve “un poco más difícil”.
Martha Camacho, que denunció durante la rueda de prensa un “vínculo muy estrecho entre el Estado y el crimen organizado“, dijo que mantiene la esperanza de que su caso se resuelva de manera satisfactoria, gracias a la presión internacional y la difusión.
“Se tiene que dar un fallo de que mínimo el Gobierno reconozca que cometió excesos, y que estos fueron crímenes de lesa humanidad, igual que ha sucedido en otros países de Latinoamérica”, afirmó.
Con información de EFE
