El Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer, 31 de julio, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su iniciativa de reforma energética, la cual pretende modificar el modelo de gestión y organización del sector mediante la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
Al presentar la propuesta, el senador Francisco Domínguez Servién manifestó que “la apertura a la inversión de particulares en el sector no implica la privatización ni la pérdida del dominio de los recursos que el Estado ejerce actualmente”.
[contextly_sidebar id=”b99c15295255f3d7f8d55eb3982bfbeb”]El modelo de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue rebasado por las condiciones económicas y políticas, y el Estado mexicano “no posee la capacidad económica para lograr su modernización plena, que genere condiciones de competencia a nivel internacional”, agregó.
Domínguez Servién aseveró que “la negativa constante de cerrar las puertas a cualquier tipo de inversión del sector privado en la cadena productiva de hidrocarburos, coloca a México en una situación de grave desventaja frente a países como Cuba, Colombia y Brasil”.
De acuerdo con la propuesta, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en el control operativo del sistema eléctrico nacional.
Lo anterior, respecto a la administración de los recursos producto de la renta petrolera, la exploración y producción del petróleo y los demás hidrocarburos, así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
La iniciativa plantea que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado debe garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la nación, por conducto de los operadores que realicen las actividades de exploración y producción.
Por ello, elimina la prohibición constitucional de que en el caso del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos no se otorguen concesiones ni contratos, se expone en el documento.
Respecto a los minerales radiactivos y energía nuclear, señaló que permanecerá la restricción vigente de que el Estado no otorgará ningún tipo de concesión ni permiso, reservándose estas materias para su explotación exclusiva por ser elementos que pondrían en riesgo la seguridad nacional.
La iniciativa también propone suprimir de la Carta Magna las restricciones vigentes a la competencia y, posteriormente, una reforma legal que lleve a cabo la separación de las actividades de generación, despacho, transmisión y distribución de energía eléctrica.
También propone la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá por objeto administrar la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio.
Con esta propuesta, Acción Nacional prevé que en un plazo de 10 años, México dejará de depender mayoritariamente de los recursos petroleros para su incorporación en la Ley de Ingresos de la Federación y su destino en el Presupuesto de Egresos.
La iniciativa también propone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos sea un organismo autónomo, dotado de personalidad y patrimonio propios, que tendrá por objetivo regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas.
La misma condición se propone para la Comisión Reguladora de Energía, que tendrá por objeto regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, suministro y venta de electricidad.
El texto señala además que “la reforma permitirá que haya nuevos operadores en materia eléctrica, que participarán en los procesos de generación y comercialización de la electricidad”.
La reforma propone eliminar la última parte del párrafo sexto del Artículo 27 constitucional, que prohíbe expresamente otorgar concesiones a particulares en este sector.
La iniciativa, firmada por 100 diputados y 32 senadores panistas, establece que todos los jugadores del sector podrán utilizar las redes de distribución, para que no se repita el problema registrado con la privatización de Telmex.
La red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estaría a cargo de una filial con separación legal, contable y operativa, y la expansión podría ser efectuada por privados”.
Además, las reformas constitucionales deberán ir acompañadas en un nuevo modelo de gestión de negocios y administración de la energía eléctrica, detalla la iniciativa.
Ntx