Familias de víctimas del Casino Royale, sin indemnización a casi 2 años del ataque
Las familias de las víctimas del Casino Royale no han sido indemnizadas por la casa de apuestas pese a que durante el siniestro del 25 de agosto de 2011 contaba con un seguro de más de 100 millones de pesos con una cláusula por responsabilidad civil a terceros.
Samara Pérez, vocera de un grupo de 30 familias y madre de una de las víctimas, explica a Animal Político que la empresa AXA Seguros ya pagó la póliza al dueño del casino, Raúl Rocha, pero que tras casi dos años del incendio se ha negado a pagar la indemnización a las víctimas argumentando que en el expediente no se establece ninguna responsabilidad civil por la tragedia en la que fallecieron 52 personas.
“Para los que fallecieron en el lugar la póliza los cubre únicamente por cinco millones de pesos y aún así nos comentan que tendríamos que considerar un deducible de medio millón de pesos. Quedarían cuatro millones y medio de pesos para cubrir la responsabilidad civil de las personas que fallecieron en el casino, pero el seguro dice que sólo estaría pagando de buena fe porque en el expediente no obra la responsabilidad civil de nadie”, dice Samara Pérez.
[contextly_sidebar id=”2b72227cb17e8430c8b149543245157a”]La mamá de Brad Xavier Muraira de 18 años, joven que falleció en el ataque al Casino Royale, dice que la aseguradora también inició este año un proceso legal para que un juez determine si los familiares pueden fungir como herederos de la indemnización.
Según Samara Pérez, ejecutivos de AXA le confirmaron que el dueño del Casino Royale, Raúl Rocha, ya cobró el seguro con cobertura total que asciende a 103 millones de pesos: 40 por el edificio, 50 por contenidos, 6 más por remoción de escombros, otros 6 por gastos extraordinarios y un millón más por cobertura automática; mientras que las familias de las víctimas no pueden recibir lo que les corresponde de esa póliza, monto que ascendería sólo a 86 mil 500 pesos aproximadamente para cada uno.
En las oficinas de la empresa AXA rechazaron confirmar el pago del seguro o dar información sobre el caso, argumentando que se trata de un asunto privado al que sólo puede tener acceso el titular de la póliza.
Como representante de 30 familias, Sámara Pérez se reunió la semana pasada con el diputado Héctor Gutiérrez, los senadores del PRI, Cristina Díaz y Emilio Gamboa, y con el senador del PAN, Ernesto Cordero, para solicitar su intervención y lograr el pago de la indemnización.
“La situación es terrible para todas las familias, pero es todavía más lamentable para las familias de los trabajadores del casino que fallecieron porque en el caso de los clientes nosotros teníamos la opción de estar o no estar ahí, pero los trabajadores estaban obligados y ahí ya hay una obligación laboral que tampoco se está cumpliendo”, explica en entrevista.
El 25 de agosto de 2011 un grupo criminal de Los Zetas prendió fuego al Casino Royale, ubicado en Monterrey, Nuevo León, como represalia a la negativa de los dueños a pagar derecho de piso.
Los responsables rociaron con gasolina la entrada de la casa de apuestas y a algunas máquinas tragamonedas, lo que provocó la muerte de 52 personas, 14 trabajadores y 38 clientes.
Esa tarde, Samara fue al casino con su hijo de 18 años, Brad Xavier Muraira, pero cuando comenzó el ataque estaban separados y ella pudo salir del inmueble tras seguir a un grupo de empleados que huyeron por una puerta que decía “acceso restringido”, que la dirigió a una salida de emergencia.
“El Memorial es grotesco”
Otro de los puntos que la vocera de las familias del Casino Royale trató con los legisladores fue el tema del memorial para las víctimas que se construye en Monterrey a partir de este año.
La construcción del memorial es parte de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió tras el siniestro, en la que indicó que autoridades estatales y municipales debían ponerse de acuerdo para diseñar el monumento y recordar así “la importancia del respeto de los derechos humanos”.
“Los proyectos que presentaron simplemente caen en lo grotesco, lejos de verse como una reparación de un derecho es una burla más. Se nos hace grosero e inhumano que si fue uno de los mayores o si no el mayor ataque del crimen organizado a la ciudadanía en México sea puesto y recordado en un memorial sin sentido”, dice Samara.
En febrero pasado, el cabildo de Monterrey avaló la solicitud de la alcaldesa panista, Margarita Arellanes, para la construcción del memorial.
El ayuntamiento entregó una propuesta de memorial a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la presentó a las familias hace un mes.
El proyecto consiste en dos esculturas, la primera muestra un árbol con la efigie de un ángel en cuyas ramas se grabarían los nombres de las víctimas y en la otra se representan tres columnas sobrepuestas con tres palomas blancas como símbolo de paz.
“Nosotros no podemos aceptarlo. Ni siquiera puedo decirte que se trata de un ángel porque no lo es, no parece un ángel y ninguno tiene un símbolo claro de lo que se supone debería representar, que es la reparación del daño”, explica Samara.
Además que rechazan el diseño, las familias de las víctimas no están de acuerdo en los sitios en los que se colocarán estas esculturas, una en el camellón de la avenida San Jerónimo, donde se ubicaba el casino, y otra en el camellón de la avenida Gonzalitos.
Según Samara, la ubicación del memorial es en sí misma “una cachetada a las familias” porque muestra el “poco interés” por recordar la tragedia al colocarlas en un sitio que no es emblemático para la ciudadanía de Nuevo León, por lo que ellos sugieren que se construyan en sitios como la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, la Plaza de Armas, frente al Palacio de Cantera, frente al Palacio de Cristal o el Parque Fundidora.
“Ésta no es una batalla cualquiera. Hay que tener sensibilidad muy grande para que un memorial refleje todas las emociones y lo que representa perder a un familiar en una tragedia. Si nosotros perdemos la memoria y el recuerdo de situaciones tan trágicas es casi un hecho que se volverán a suscitar estos lamentables acontecimientos. Entonces no es simplemente la reparación de un derecho humano, es garantizar la memoria colectiva de una ciudad que pasó por un dolor tan tremendo y no descansaremos hasta lograrlo”.
