Tres jóvenes poblanos acusados de planear mediante Facebook un boicot contra el presidente Enrique Peña Nieto, enfrentan un auto de formal prisión dictado ayer, después de que el Gobierno del Estado decidiera sostener una denuncia en su contra.
Aún cuando seguirán el proceso en libertad, y a pesar de que no se encontraron pruebas de que los jóvenes planearan algo más que una manifestación en el marco del desfile de la Batalla de Puebla, ahora tendrán que defenderse de delitos como motín.
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Iván Guizasola Vázquez, Néstor López Espinoza y Eduardo Salazar Vázquez, fueron consignados el pasado 3 de mayo por delitos de portación de instrumento prohibido, coheco y desobediencia, pese a que sólo planeaban una protesta. Cuatro días después, al no hallar pruebas para ser procesados, los tres fueron puestos en libertad.
Leopoldo Uribe, abogado de Guizasola, dijo a Animal Político que no descarta que los jóvenes sean detenidos nuevamente, pues hasta el momento, la autoridad no les ha dado a conocer la investigación inicial ni ha presentado los cargos al respecto.
“Presumimos, por lo que se publicó en medios (locales), que la acusación es por ‘motín’”, dijo Uribe.
De acuerdo con esas versiones periodísticas a Néstor López, a Eduardo Salazar y a Iván Guizasola se les detuvo bajo la presunción de que, vía redes sociales, convocaron a una serie de acciones para “desestabilizar” el desfile para conmemorar la Batalla de Puebla, un acto al que acudió el presidente Enrique Peña Nieto.
Dado que en los cateos a los domicilios de los jóvenes no se encontraron indicios de que se planeara alguna acción violenta, el procurador del estado, Víctor Carrancá Bourguet, entrevistado dos días después de las detenciones, reconoció que los chicos sólo difundían la manifestación y que no hubo elementos que les permitieran suponer la planeación de una acción violenta.
A pesar de ello, el mismo 5 de mayo, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado informó mediante un boletín que a las tres personas se les investigó “ante la advertencia de la posible comisión de hechos violentos previstos para el 5 de mayo a los que estaban convocando”.
“La PGJ mantiene abierta una carpeta de investigación en torno al caso ”, agregaba el documento.
Tras ser liberados, los jóvenes denunciaron que fueron secuestrados golpeados y torturados y que cuando rindieron su declaración no les permitieron leer los documentos firmados ni les entregaron copia alguna.
Finalmente, luego de tres días detenidos, los jóvenes fueron acusados de portación de objeto prohibido, resistencia de particulares, desobediencia y cohecho, y les fijaron fianzas de entre 19 mil y 28 mil pesos.