Delincuencia organizada desplaza al Estado como principal amenaza para los periodistas en México
Los integrantes de la delincuencia organizada desplazaron a los actores del Estado como la principal amenaza para los periodistas de México en el primer trimestre del año. A diferencia de las cifras usuales que colocan a los funcionarios como responsables de prácticamente una de cada dos agresiones a la prensa, el fenómeno de la violencia ha presentado características algo distintas.
En apenas 90 días se han registrado 47 agresiones al ejercicio de los comunicadores sociales. Un periodista fue asesinado en el municipio de Ojinaga, Chihuahua, mientras que otro desapareció en Cardel, Veracruz. Tres medios de comunicación, dos en Chihuahua y otro en Coahuila, fueron objetos de ataques por grupos de hombres armados; asimismo, un fotorreportero fue obligado a abandonar su ciudad de origen de manera temporal por presiones provenientes de la propia oficina del gobernador y el secretario de Seguridad Pública Estatal.
Las bandas criminales perpetraron 36.17% del total de ataques a comunicadores y actuaron principalmente a través de amenazas, acciones de privación ilegal de la libertad y en menor medida de violencia física. Las agresiones contra periodistas en razón de su trabajo informativo se han presentado hasta el momento en 15 diferentes entidades, pero dos encabezan las cifras: Coahuila y Tlaxcala. Detrás de las acciones contra periodistas y medios en estos dos casos hay un solo origen: los grupos delictivos.
La estrategia de miedo de las bandas criminales
A cuatro meses del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el repunte de la violencia en Coahuila, donde los medios continúan renunciando a coberturas que parecerían naturales en la región, es apenas la parte visible de las presiones silenciosas que venían dándose desde el año pasado y que habían incluido la privación ilegal de la libertad de reporteros y empleados ajenos a las áreas editoriales de algunos medios en la zona de la Laguna, para imponer agenda informativa.
Es el caso de El Siglo de Torreón, que en semanas recientes volvió a ser blanco de disparos que impactaron su acceso principal y que sufrió el secuestro de personal encargado de su versión web y de las áreas de Administración y Publicidad. A estos amagos se suman las amenazas dejadas en al menos cinco municipios por un grupo delictivo contra el director de los periódicos Zócalo, que el 11 de marzo anunciaron su decisión de abstenerse de publicar toda información relacionada con el crimen organizado ante la ausencia de garantías para el ejercicio libre del periodismo.
En menos de cuatro años pueden contarse ya diez ataques violentos contra edificios de empresas periodísticas en Coahuila, algunos realizados en acciones simultáneas o de manera reiterada contra un medio. Si se considera que la problemática es compartida con el vecino estado de Durango, habría que añadir que cuatro periodistas fueron asesinados en el mismo periodo.
Ciudad Juárez y Chihuahua en general volvieron a ser foco de atención en razón de la cercanía de dos incidentes con alto nivel de violencia: el asesinato, el 3 de marzo pasado, de Jaime Guadalupe González Domínguez, director del periódico digital Ojinaga Noticias, y el doble ataque por parte de hombres armados a las instalaciones de El Diario y Canal 44 de Juárez, sin que existan hasta el momento detenidos por las acciones.
De manera atípica, Tlaxcala apareció en el panorama de las agresiones a periodistas. La cobertura noticiosa de operaciones policiacas contra trata de personas sacó a la luz la existencia de vigilantes y grupos de incondicionales cuyo trabajo es entorpecer el desarrollo de acciones policiacas, pero que en lo cotidiano también actúan contra reporteros que se acercan a los municipios considerados como “focos rojos” para que se mantengan lejos de sus actividades.
El actual contexto de medios amenazados y autoridades que no están llenando las necesidades de información oportuna para los ciudadanos ha favorecido un aumento en el número de personas tratando de compartir datos sobre situaciones de riesgo. Redes sociales y servicios de microblogging como Twitter se transformaron en una herramienta de batalla contra los grupos criminales y algunos usuarios han asumido la tarea de ordenar el enorme flujo de información de otros ciudadanos, aumentando el valor de la información que comparten. Esto ya no es una novedad y ya se habían registrado intentos de amedrentar a los contribuyentes de estos foros de denuncia en red.
Sin embargo, el pasado mes de febrero se hizo pública la existencia de hojas volantes, aparentemente distribuidas por integrantes de una banda criminal, que ofrecían 600 mil pesos a quien revelase la identidad o proporcionara datos de la familia del administrador de la página en Facebook llamada Valor por Tamaulipas, donde la gente advertía sobre situaciones de riesgo en las principales ciudades del estado y hacía denuncia ciudadana de hechos presuntamente delictivos. Las cuentas en Twitter y Facebook que se administraban con el mismo nombre dejaron de funcionar como venían haciéndolo.
El Veracruz “real”
El pasado 15 de marzo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, elogió el trabajo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y sus colaboradores, a quienes reconoció su compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos de la sociedad veracruzana. Nada mencionó acerca de los nueve periodistas asesinados, de los otros tres desaparecidos durante la actual administración o del hombre preso en el Penal de Pacho Viejo, quien supuestamente bajo tortura se inculpó del crimen de la reportera Regina Martínez.
El titular de la CNDH no se dio por enterado del caso de Sergio Landa, reportero del Diario Cardel, privado de la libertad y liberado por primera vez en diciembre, y de nueva cuenta desaparecido el 23 de enero de 2013, fecha desde la cual no se sabe nada de él.
Plascencia, lo mismo que la Quinta Visitaduría del organismo que preside, guardaron silencio frente a las descalificaciones y amenazas veladas del gobierno de Veracruz contra un fotorreportero, cuyo trabajo evidenció la conformación, al margen de la ley, de grupos de autodefensa en el municipio de Tlalixcoyan. Y es que según el gobernador Duarte, las imágenes de hombres armados y con el rostro cubierto, son una “vacilada” similar a una foto tomada a personas disfrazadas de Batman, Blue Demon y la Mujer Maravilla, pues no tiene nada que ver con la realidad de Veracruz. La postura fue respaldada por el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien consideró que “el único que debería estar detenido” es el fotógrafo.
Este año, los periodistas veracruzanos podrían enfrentar un entorno complicado; el 7 de julio se llevará a cabo la jornada para elegir a 50 diputados locales y 212 ayuntamientos. En 2012, de cara a los comicios federales fue posible advertir un agresivo intento del gobierno estatal por controlar la información negativa. Entre el 28 de abril y el 14 de junio cinco periodistas fueron asesinados, y al menos ocho comunicadores de distintos medios dejaron el estado por advertencias veladas.
Tipología de la violencia
Una vez más, son los reporteros y los periodistas de la lente quienes proporcionalmente resultan más asediados en su trabajo; estos dos grupos son víctimas de 53.19% de los agravios totales, seguidos de los directivos de medios (12.76%). Los periodistas desaparecidos y asesinados este año, eran reportero y director, respectivamente.
Más abajo aparecen los editores y empleados de áreas administrativas (6.38% cada uno), los conductores de espacios radiofónicos o televisivos (4.25%) y los editorialistas (2.12%). Las acciones contra empresas informativas, que incluyen atentados armados, amenazas, presiones editoriales y robos de equipo constituyen otro 12.76%.
Hasta ahora, las mujeres periodistas han sido víctimas en uno de cada diez casos registrados.
Si bien ya se mencionó que individuos que trabajan presuntamente para el crimen organizado han sido señalados con mayor frecuencia, los actores del Estado siguen ocupando un papel relevante, en tanto que además de agresores son responsables de castigar delitos cometidos contra la libertad de expresión.
En ese sentido, del total de casos que involucran a funcionarios de cualquier nivel, la mayor cantidad de abusos se cometen en el ámbito municipal (seis de cada diez), aunque con énfasis en estados como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, multipartidistas por lo que hace a sus gobiernos estatales, pero con fuertes resabios de prácticas caciquiles en sus ayuntamientos.
