Ataques a la prensa en México aumentaron 20%: Artículo 19
La libertad de expresión en México se encuentra más amenazada que hace un año y presenta nuevos retos. Así lo muestran cifras y testimonios directos ofrecidos por la organización Artículo 19: En 2012 se registraron un total de 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 diferentes estados del país. La cifra se ubica un 20.34% por encima de lo registrado en 2011. Se trata de una de las peores escaladas de violencia contra la prensa en los últimos 12 años.
Animal Político obtuvo el informe que este miércoles presenta la organización Artículo 19, titulado: “Doble asesinato: La prensa entre la violencia y la impunidad”.
El documento, recuento y análisis de lo ocurrido en México en materia de libertad de expresión y agresiones a la prensa durante 2012, consta de cuatro anexos. Los referidos a la “Alternancia y Violencia”, testimonios de periodistas “víctimas de la impunidad”, las acciones “cosméticas” del Estado para atender el problema y las “recomendaciones” para el actual Gobierno.
Artículo 19 es una organización internacional constituida en 1987, para defender los derechos humanos pero en particular la libertad de expresión. En el caso de México inició operaciones en 2006. Desde 2009, la organización cuya dirección ha recaído en Darío Ramírez, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestro en Derecho Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam, ha elaborado informes periódicos para saber en qué condiciones se encuentra la libertad de expresión en México y las amenazas que enfrenta el periodismo en el país.
“2012, Alternancia y Violencia”.
Después de documentar a qué extremos se han incrementado las agresiones a la libertad de expresión –la mayoría provenientes de la autoridad- y enumerar como en 2012 se registraron 207 agresiones contra periodistas, trabajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación, el anexo “Alternancia y Violencia” del informe explica:
“Es necesario precisar que una constante existe de manera clara en los últimos años, es el alto porcentaje en el que funcionarios públicos aparecen como responsables de agresiones a la prensa”.
“Autoridades de los tres niveles de gobierno fueron responsables —sólo el año pasado— del 43.96% de los ataques a la libertad de expresión, casi tres veces más de los que se atribuyen a la delincuencia organizada. Al desglosar ese rubro puede encontrarse más a detalle que son los cuerpos policiacos municipales y estatales quienes cometen la mayoría de los abusos desde el poder en contra de la prensa, a través de amenazas, violencia física o detenciones arbitrarias, entre otros métodos”.
“En varios momentos del año, Artículo 19 tuvo conocimiento de incidentes en los que los efectivos policiacos actuaban de forma directa e injustificada contra reporteros y periodistas visuales en el marco de operativos y protestas, impidiéndoles hacer su trabajo, sin importar en muchos casos que se identificaran plenamente como trabajadores de la prensa”.
Alerta en el Golfo
El informe, que abarca todo el 2012, hace referencia al incremento de agresiones contra la prensa en los estados colindantes con el Golfo de México. Textualmente el documento señala que “en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, se concentra el total de los ataques violentos a instalaciones de medios de este último año. La problemática que enfrentaba la prensa en la zona Noreste del país se profundizó durante 2012”.
“La acción violenta de los grupos de la delincuencia organizada, responsables en la última década del asesinato de cinco reporteros y de nueve atentados contra medios en los estados de Durango y Coahuila, amplió su radio de acción de manera importante hacia el área del Golfo”.
“En Tamaulipas no han cesado las presiones sobre los medios, las amenazas, las compras masivas y la captura de ejemplares. El silencio sigue imponiéndose como política editorial ante sucesos que impactan a la entidad. La captura y presentación pública de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, así como la muerte de Heriberto Lazcano, líderes de las organizaciones delictivas del Cártel del Golfo y Los Zetas, respectivamente, muestran con claridad el fenómeno. Con excepción de El Mañana de Reynosa y la edición local de Milenio, ninguno de los principales diarios de la entidad llevó a su primera plana las notas de la detención de Costilla Sánchez o de la muerte de Lazcano en operativos de la Marina realizados el 12 de septiembre y 7 de octubre pasados. La mayoría de ellos tampoco lo consignó en páginas interiores. Para numerosos medios regionales, a juzgar por la nula información que publicaron, fue simplemente como si ninguno de estos hechos hubiese sucedido”.
Veracruz, impunidad total
Las agresiones registradas en Veracruz, hicieron que Artículo 19 pusiera atención especial en ese estado que ocupa el nada honroso primer lugar de asesinatos de periodistas en la última década. En el informe sostienen que “cinco de los siete asesinatos contra periodistas perpetrados a lo largo de 2012 ocurrieron en las ciudades de Xalapa y puerto de Veracruz (todos en un lapso de apenas 47 días), para elevar a nueve la cifra de comunicadores ultimados sólo en el periodo de Javier Duarte al frente de la administración estatal”.
“Los testimonios recogidos por ARTICLE 19 entre decenas de comunicadores permiten advertir un excesivo control del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, particularmente la relativa a temas de seguridad pública y delincuencia organizada. Buena parte de las presiones se da vía el uso discrecional de recursos públicos a través de la publicidad oficial. A través de la lógica de premio o castigo, se busca incidir en las líneas editoriales de los medios”.
“Emprender investigaciones periodísticas desde una perspectiva diferente a la cobertura superficial de sucesos policiacos y la reproducción de boletines oficiales, se convirtió en una labor poco apreciada de cara al proceso electoral de julio pasado. Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas —a veces por conducto de oscuros funcionarios del gobierno— contra varios periodistas, de los cuales diez se vieron obligados a optar por salir temporal o definitivamente del estado”.
Blogueros y tuiteros bajo amenaza
La labor informativa que hacen blogueros y tuiteros en ciudades con fuertes problemas de inseguridad, fue otro tema del estudio, el cual derivó para que los miembros de Artículo 19 solicitaran a las autoridades federales medidas para proteger el anonimato de estas personas que fungen como fuentes informativas en sus localidades.
Sostienen que en la “medida que el flujo de información ha sido afectado por el patrón de violencia en contra de la prensa, comunidades y regiones enteras se han transformado en “agujeros negros” a lo largo y ancho del territorio mexicano; es decir, zonas en donde no entra ni sale información, lo que propicia rumores e información poco confiable al respecto. Sin embargo, la demanda de información por parte de la sociedad no sólo no decrece sino que incluso, en muchos casos, se incrementa”.
“Esto sucede de manera dramática en contextos donde las autoridades y los medios no informan sobre cuestiones de seguridad tan básicas para la población, como fuegos cruzados”.
“En ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria y Ciudad del Mante en Tamaulipas, o en caso de Coahuila en Saltillo, Piedras Negras y Torreón, así como en Monterrey, Nuevo León, las redes sociales, en especial Twitter han servido como fuente alternativa de información en tiempo real ante la falta de información confiable y la imposibilidad de poder confirmar o desechar la oleada de rumores que suelen acompañar los picos de los índices de incidencia de delitos de alto impacto”.
Cuatro testimonios
La “impunidad” que se vive cuando se trata de investigar la muerte o agresión de un periodista, fue abordada por Artículo 19 al documentar cuatro casos en los que la autoridad ha hecho muy poco para dar protección y justicia a los periodistas y sus familiares.
Mencionan por ejemplo los asesinatos de Armando Rodríguez de Chihuahua; Regina Martínez de Veracruz; José Antonio García Apac de Michoacán y la agresión a Lydia Cacho de Quintana Roo.
El informe indica que “Armando Rodríguez (Chihuahua) y Regina Martínez (Veracruz), fueron las víctimas de contextos que habían experimentado un acelerado proceso de descomposición; los grupos criminales habían establecido pactos, complicidades con los cuerpos policiacos y las bandas criminales habían logrado la aquiescencia de los gobiernos locales para operar e imponer nuevas reglas del juego en las que los periodistas simplemente podían ser asesinados sin que nada pasara”.
“El de José Antonio García Apac (Michoacán) es un caso doblemente trágico, pues tras su desaparición, han sido sus familiares y algunos compañeros de trabajo quienes han asumido la labor de reconstruir a ciegas, a falta de una indagatoria seria de la autoridad, parte de lo sucedido. El agravio comenzó en el momento que se lo llevaron, pero se ha prolongado durante todos estos años en que su esposa e hijos no han contado con una explicación satisfactoria sobre su suerte o paradero”.
“Lydia Cacho (Quintana Roo) puede contar su historia y narrar el viaje en que agentes ministeriales convertidos en torturadores le cambiaron la vida, por órdenes directas de un gobernador que empleando todos los recursos del Estado buscaba lastimarla por haberse atrevido a tocar a sus amigos. El caso de Lydia es emblemático porque ilustra una persecución desde el poder en contra del ejercicio de la libertad de expresión, además de una violación a sus derechos a la seguridad jurídica, así como a la integridad y seguridad personal. También es un ejemplo de la omisión del Estado para ofrecer protección a la periodista y dar con los responsables de las amenazas y castigar el abuso de autoridad cometido en su contra”.
Mecanismos de protección, “letra muerta”
En el tema relacionado con las acciones “cosméticas” del Estado para atender y prevenir las agresiones contra la prensa y la libertad de expresión, Artículo 19 concluye que los mecanismos de protección, que se derivarían de la Ley Federal de Protección a Defensores de los Derechos y Periodistas, son “letra muerta” a casi un año de su aprobación.
Textualmente señalan: “Desde la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (el 30 de abril de 2012) y hasta el último día del año, seis comunicadores fueron asesinados, 14 tuvieron que huir de sus estados, ocho fueron privados de la libertad, 53 agredidos físicamente, 42 amenazados e intimidados, cinco detenidos ilegalmente y dos más desaparecieron, en tanto que las instalaciones de cinco medios fueron atacadas con explosivos”.
“En todos los casos, las autoridades encargadas de poner en marcha los mecanismos de protección contemplados en la Ley, han sido incapaces de prevenir las agresiones, aun cuando legalmente son responsables para hacerlo”.
“No lo han hecho porque la Secretaría de Gobernación (Segob), entidad responsable de diseñar los protocolos de la mencionada ley, no ha entregado a ninguno de los 24 gobiernos estatales que se acogieron al convenio, los mecanismos de protección que deben utilizar las entidades cuando se presenta una denuncia o situación de riesgo que afecte a un periodista”.
El informe da cuenta de cifras y testimonios que no dejan lugar a dudas de la situación de amenaza en que se encuentra la libertad de expresión, un derecho protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que en México se está vulnerando.
Ve o descarga aquí el informe íntegro:
