PAN quiere que el Congreso pueda vigilar deuda de estados y municipios
La bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa de reformas constitucionales para regular y acotar el endeudamiento de estados y municipios, así como otorgar atribuciones al Congreso de la Unión para su vigilancia y fiscalización.
El coordinador de los senadores panistas, Ernesto Cordero Arroyo, presentó la iniciativa elaborada por Carlos Mendoza Davis, que plantea que sea el Congreso de la Unión el que establezca las reglas de prudencia y responsabilidad fiscal que regulen lo relacionado con la deuda pública en las entidades.
En rueda de prensa en el Senado, Cordero destacó que esta reforma sería aplicable a los tres órdenes de gobierno, con el objeto de evitar que cada entidad federativa tenga disposiciones que por contener vacíos legales, permitan el uso irresponsable de la deuda pública.
El también presidente de la Mesa Directiva del Senado expuso que se pretende “crear una camisa de fuerza” que frene al grave endeudamiento en estados y municipios, muchos de los cuales tienen en riesgo las llamadas “finanzas subnacionales” por los excesos de gobernadores y Congresos locales.
En la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria se destaca que a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondería a la Cámara de Diputados la fiscalización de los recursos de la deuda pública, garantizando en todo momento el efectivo cumplimiento de las obligaciones pactadas.
El objetivo es revisar los informes de las entidades endeudadas, que se dedique a la revisión pormenorizada de dichos recursos y determinar el destino de la deuda pública contratada por federación, entidades y municipios, incluidas las de empresas y fideicomisos.
La reforma al III Párrafo del Artículo 108 constitucional establece que gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales serán responsables del manejo indebido de recursos locales, federales y deuda pública.
A su vez en el Artículo 110 constitucional, de aprobarse, se establece que los mismos funcionarios podrán ser sujetos a juicio político por el manejo indebido de los referidos recursos locales, federales y deuda pública.
Cordero Arroyo explicó que el crecimiento acelerado de la deuda subnacional representa graves riesgos para la estabilidad macroeconómica del país, por lo que es necesario establecer reglas claras y unificadas aplicables para los tres órdenes de gobierno.
Según el análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios publicado por la Auditoría Superior de la Federación en agosto de 2012, el endeudamiento subnacional creció de 203 mil 070.2 millones de pesos en 2008, a 390 mil 777.5 millones en 201, a una tasa nominal de 92.4 por ciento y real de 67.9 por ciento.
Entre el cierre de 2011 y el primer semestre de 2012, la deuda pasó de 390 mil 777.5 millones a 404 mil 409.5 millones de pesos, con un aumento absoluto de 13 mil 632 millones de pesos.
En siete estados se concentró 78.8 por ciento del aumento de la deuda: Veracruz con tres mil 877.7 millones de pesos; Jalisco, dos mil 395.8 millones; Chihuahua, mil 541.6 millones; Nuevo León, mil 418 millones; Zacatecas, mil 370 millones, y Michoacán, mil 331.7 millones de pesos.
El senador del PAN destacó que el incremento de deudas en muchos estados está relacionado con entidades donde la mayoría en el Congreso de la Unión corresponde al mismo partido del titular del Ejecutivo local, además de que hay un incremento en años electorales.
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