De 9 mil detenidos por crimen organizado en 6 años, 682 purgan condena
Durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 9 mil 233 personas por presuntos vínculos con el crimen organizado pero de éstas sólo mil 59 fueron consignadas.
De diciembre de 2006 a septiembre de 2012, la PGR notificó además que 377 de estas personas detenidas, fueron liberadas, por lo que sólo 682 se encuentran purgando una condena. De acuerdo con las cifras otorgadas por la PGR, se infiere que todavía están a la espera de una sentencia 7 mil 797 personas.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada negó hace unos meses los datos antes mencionados, pero fue el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) el que ordenó su entrega, ya que la información era estadística.
En la solicitud de información 0001700217712, presentada por Animal Político, se detalla que el gobierno federal hizo una búsqueda “exhaustiva” de la misma información de 2000 a noviembre de 2006, pero ésta fue “inexistente”.
Menos aciertos en los estados
La PGR también entregó los datos de las personas detenidas en las entidades del país.
La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo entregó dos hojas con la información de los estados, aunque estos reportes son aún más escuetos.
Sin embargo, el caso más notorio es el de Guerrero, entidad que según la dependencia reportó “sin registro”.
Baja California fue la entidad con más detenidos vinculados al crimen organizado, pues se reportaron 511 detenciones pero hubo sólo 42 sentenciados.
Le siguen los estados de Guanajuato (379 detenciones), Tamaulipas (337 detenciones) y Distrito Federal (203 detenidos).
Esta zona centro de la PGR fue precisamente la que tuvo mayor éxito a la hora de integrar las averiguaciones previas para presentar a los consignados y más tarde, a los sentenciados que alcanzó el número de 148 personas.
Por presuntos vínculos con el crimen organizado, la PGR detuvo a decenas de personas que en muchas ocasiones no eran las responsables de haber cometido un delito.
Las formas de obtener información y detener a los involucrados fue de diversos modos. Desde escuchas hasta los considerados “testigos protegidos”.
Se valió del arraigo, de la detención de funcionarios –como el caso de los alcaldes en Michoacán—y hasta de policías, como recién ocurrió en Durango.
