Reconoce PGR no tener pruebas que incriminen a Generales
En un hecho inédito, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció ante un juez federal que no tiene pruebas que confirmen las declaraciones de los testigos protegidos que incriminaron al General Tomás Ángeles Dauahare de proteger al Cártel de los Beltrán Leyva, así como a cinco militares más vinculado al mismo caso.
El 15 de enero pasado, la dependencia admitió que no pudo corroborar los dichos de “Jennifer” y Sergio Villarreal “El Grande”, en la investigación que llevó a la cárcel al Divisionario, de acuerdo con documentos judiciales.
En el oficio DGCPPAMDO/707/2013 de la dependencia a cargo de Jesús Murillo Karam se lee: “Por lo que hace al procesado Tomás Ángeles Dauahare, los deposados (las declaraciones) de los testigos protegidos colaboradores no se encuentran corroborados con medio convictivo alguno, salvo el hecho de que el encausado fue servidor público de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin que al día de la fecha se cuente con probanza alguna para confirmar los dichos de ‘Jennifer’ y ‘Mateo'”.
Dicho oficio fue entregado al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, quien lo hizo del conocimiento del general Ángeles y de los otros militares acusados la tarde del lunes 21 de enero de 2012.
Se espera que hoy, 22 de enero de 2013, el juez dicte el cierre del proceso penal iniciado por delincuencia organizada a Ángeles.
La PGR hizo este reconocimiento, luego de que el defensor del general, Ricardo Sánchez Reyes Retana, solicitara al juez que requiriera a la SEIDO para informar si había o no confirmado las afirmaciones de estos dos testigos colaboradores que involucraron al militar con el narco.
El 31 de julio de 2012, el mismo Juez que notificó ayer a los generales del oficio libró orden de aprehensión contra Tomás Ángeles Dauahare, General de División Diplomado del Estado Mayor (DEM) retirado; Ricardo Escorcia Vargas, General de División DEM retirado; Roberto Dawe González, General Brigadier DEM; y Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Teniente Coronel retirado, y el Mayor Iván Reyna Muñoz por los cargos de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud.
En julio de 2012, la PGR, entonces al mando de Marisela Morales, desechó la acusación contra Ángeles Dauahare que lo responsabilizaba de promover el narcomenudeo en el Colegio Militar cuando fue su director.
Entonces, Morales indicó que la acusación sobre narcomenudeo contra Ángeles se hizo de manera anónima a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien se encargó de verificar las imputación y no encontró sustento en ella.
El 17 de mayo de 2012, el Juzgado Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, concedió a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) una primera orden de arraigo contra los generales Dauahare y Roberto Dawe González.
Como parte de la misma investigación también se encontraban bajo arraigo los generales Ricardo Escorcia, y Roberto Dawe González, además del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández.
El 25 de junio de 2012, se difundió que una persona acusó, de manera anónima y a través de una llamada telefónica, al general de División en retiro Tomás Ángeles Dauahare de haber presionado a sus alumnos, cuando fue titular del H. Colegio Militar, para que supuestamente consumieran y vendieran drogas.
El 21 de junio de 2012, Ángeles Dahuare envió una carta al presidente Felipe Calderón desde el centro de arraigos de la PGR, en la que aseguró que todos los testigos que han declarado en su contra son de oídas
, además de que sus manifestaciones son inverosímiles y mentirosas, por lo que carecen de sustento jurídico. ”Me permito manifestar que a la luz de nuestro sistema jurídico, y aún más, de nuestro estado de derecho, no es dable tener por ciertos los testimonios de personas sin constatar los hechos materia de su narración; máxime si existen pruebas en contrario, puntualizó quien hasta 2008 fue el segundo militar de importancia dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señalaba la misiva.
El 15 de mayo de 2012, elementos del Ejército mexicano detuvieron a dos generales presuntamente vinculados con el crimen organizado: Ángeles Dauahare y Dawe González.
A ambos, de acuerdo a fuentes de la PGR, se les investigaba por sus presuntos vínculos con un cártel del narcotráfico.
Tres días después, el 18 de mayo, la PGR informó que los generales Ángeles Dauahare y Dawe González serían arraigados por 40 días, la SIEDO obtuvo del juez primero federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, la medida cautelar.
El teniente coronel de caballería retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el general de división diplomado de Estado Mayor retirado Ricardo Escorcia Vargas fueron detenidos horas después bajo la misma acusación de presuntos nexos con el narcotráfico y arraigados la noche del sábado 19 de mayo de 2012.
Con información de Reforma.
