Luego de ser perseguidas por un grupo de hombres armados en pleno Centro de la Ciudad de México, y tras sortear distintos obstáculos impuestos por la PGR, este domingo un equipo de antropólogas expertas en reconocimiento de cadáveres, proveniente de Argentina, pudo tomar muestras del cuerpo que –sin realizar prueba alguna– las autoridades de Oaxaca presentaron hace más de un año como el de Yahaira Guadalupe Bahena, una joven de 19 años raptada en abril de 2011.
“Mi hija fue extraída del interior de su casa, en Oaxaca –explica Margarita López, una de las tres madres de desaparecidos que en octubre pasado realizaron una huelga de hambre de siete días ante la Secretaría de Gobernación–, en donde se encontraba radicando porque es esposa de un soldado, destacamentado en ese entonces en el municipio de Tlacolula de Matamoros… viviendo ahí, un comandante de la Policía Ministerial coludido con Los Zetas la señaló como posible enviada de La Familia, sólo por ser michoacana, y el capo local ordenó levantarla.”
Nadie, subraya Margarita, la apoyó en la búsqueda de su hija y sólo meses después la Procuraduría de Justicia de Oaxaca le anunció que había hallado el cadáver de Yahaira, decapitado, aunque, insiste la madre convertida en activista, tal aseveración de las autoridades estatales no está sustentada en estudios forenses, por lo que desde hace un año viene luchando para que ese cuerpo sea analizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense –que desde 1984 viene realizando identificación de cadáveres rescatados de fosas candestinas, en distintos países del mundo–, algo que sólo se logró tras el ayuno que realizó ante Gobernación.
Ahora, detalla Margarita, se espera que en dos meses, a más tardar, los análisis que realizarán los expertos argentinos permitan determinar si ese cuerpo, que en septiembre fue trasladad de Oaxaca al Distrito Federal, es el de su hija.
Persecución
Las expertas argentinas Mercedes Doretti, Selva Varela y Sofía Egana están en México desde el viernes pasado, día en que realizan los trámites de acreditación como peritos, y es el sábado cuando se disponen a asistir al Servicio Médico Forense del DF, para tomar las muestras del cadáver.
En un auto viajan ellas.
En otro van Margarita y su hijo, de quien tomarán también muestras para el cotejo de ADN, además de los escoltas de la Policía Federal que desde la pasada administración le fueron asignados a la activista.
Son las 16:20 horas y, abandonan el Hotel Hilton, donde han comido, para dirigirse al Semefo. Este momento es aprovechado por Margarita para conceder una entrevista telefónica, en la que explica las trabas que han sufrido para que el procedimiento pericial se realice, debidas, principalmente, a que la PGR “olvidó” enviar a las autoridades capitalinas un oficio en el que les solicitaran acceso al cuerpo, ya que el Forense en el que se halla depende del Tribunal de Justicia capitalino.
La charla, sin embargo, se interrumpe abruptamente, sólo se escucha a Margarita alertar a sus escoltas sobre la presencia de una camioneta que los viene siguiendo.
“¡Acaban de sacar un arma! –grita Margarita, al otro lado de la línea, y ruega acelerar al escolta que va al volante– ¡Dale, dale, dale! ¡Sacaron un arma!”
Luego la llamada se corta.
Un día después, el domingo, Margarita explica lo ocurrido:
“De la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada nos habían mandado a comer al restaurante del Hotel Hilton, frente a la Alameda, la idea era partir de ahí al Semefo, donde nos esperaría la gente de la PGR, para hacer el levantamiento de muestras… y al salir del restaurante, notamos que una camioneta se nos venía pegando por detrás, luego se nos emparejó, dentro venían personas con armas largas, se nos empezaron a cerrar y afortunadamente el escolta que venía conduciendo logró subirse a una banqueta, luego se metió en el carril del Metrobús, en sentido contrario, y ellos nos persiguieron, pero un auto les obstruyó fortuitamente el paso y nosotros pudimos girar y escapar… terminamos volviendo a la SEIDO, en la colonia Guerrero, y ahí nos refugiamos… todo sucedió en cuestión de minutos”.
Se trataba, dice Margarita, de una camioneta Taho, negra, sin placas y con vidrios traseros polarizados. En ella pudieron distinguir al menos a dos personas, portando armas largas, que se disponían a atacarlos.
“Ignoro si la PGR emprenderá alguna investigación de lo que ocurrió el sábado –aclara–, pero no creo, porque no tienen ninguna voluntad de apoyarnos. Me da mucha tristeza ahora, ya que estoy en un lugar seguro, con mi familia, pensar en que si me hubieran hecho algo, no habría quién buscara a mi hija, quién exigiera justicia por mí.”
Finalmente, señala Margarita, con apoyo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR fue conducida, en un vehículo blindado, al Semefo capitalino, donde pudo reencontrarse con las peritos argentinas e intentar, infructuosamente, acceder al cuerpo, ya que, por ser fin de semana, no había quién abriera las gavetas donde se guardan los cadáveres, así que el procedimiento terminó postergándose, y se llegó a cabo hasta el domingo.
Este lunes, las antropólogas partirán rumbo a Argentina, donde llevarán a cabo el análisis de las muestras.
Niegan delincuencia organizada
A la par que se realizaban estas acciones en la Ciudad de México, en Oaxaca la PGR consignó, también este domingo, a dos de los involucrados en el rapto de Yahaira Guadalupe. Se trata de Honorio Abel Nava Ruiz, comandante de la Policía Ministerial de Oaxaca, “quien les dijo a Los Zetas que mi hija era michoacana, y que ella iba mandada por la delincuencia de Michoacán para tomar la plaza y que, por eso, debía ser levantada”, y Jesús de la Rosa Ambrosio, agente la Procuraduría estatal asignado a la investigación de secuestros, “uno de los sujetos que entraron a su casa y la raptaron”, señala Margarita.
Ambos policías permanecieron 40 días arraigados, en tanto la PGR integraba las pruebas en su contra por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, y este domingo el caso fue finalmente presentado ante un juez federal.
No obstante, señala la madre de la joven desaparecida, “de manera totalmente absurda, el juez los consigno por secuestro, pero no por delincuencia organizada, pero ¿cómo es posible esto, si hay otros diez cómplices que participaron? ¿Por qué a estos policías no los procesan como parte de una banda organizada, y a sus cómplices sí?”
Por ello, concluyó, “hago un atento llamado al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que haga algo con estos jueces, que por estar amenazados, o por ser cómplices, batean todos los casos de delitos federales relacionados con delincuencia organizada, y al presidente Enrique Peña Nieto también le hago un llamado: queremos que este no sea un sexenio de muerte, como fue el de Felipe Calderón… queremos que éste sea un sexenio de búsqueda, localización y presentación de nuestros hijos… a mí me duele mucho pensar que deba perder la vida para que realmente se pongan a buscar a mi hija, yo no quiero ser una heroína, no quiero que después de ser asesinada digan ‘pudimos hacer esto y no lo hicimos’, tal como pasó con don Nepomuceno Moreno, no quiero ser asesinada antes de encontrar a mi hija, no quiero que algo le ocurra a otro de mis hijos, porque ya no podría yo vivir, buscando justicia para otro más”.