Wallace y Martí dan la espalda a Ley de Víctimas
Tan pronto como fue promulgada ayer la Ley General de Víctimas, cuatro de las principales agrupaciones de afectados por la violencia en México entraron en polémica en torno a la viabilidad de esta norma: por un lado el Movimiento por la Paz y la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz, promotores de la ley, y por el otro, las asociaciones Alto al Secuestro y México SOS, que la calificaron de “inconstitucional”.
Tras la ceremonia oficial en la que el presidente Enrique Peña anunció la publicación de esta norma, en los términos en que fue aprobada en abril pasado por el Congreso de la Unión, el abogado Julio Hernández Barros, integrante del Movimiento por la Paz y coautor de la norma que entró en vigor, consideró que se trata de una base firme para comenzar la construcción de una nueva política de Estado, con la que éste reconozca como su responsabilidad la atención de todos los afectados por la inseguridad en México, tanto en materia jurídica, como médica e, incluso, económica.
“Es una ley perfectible, sí, y de hecho –resaltó– ya se tiene lista la iniciativa de reforma que permitirá organizar mejor las disposiciones de la Ley de Víctimas, y en breve será presentada en el Congreso de la Unión”.
Sin embargo, la Asociación Alto al Secuestro, de la ex candidata panista a la jefatura de gobierno del DF, Isabel Miranda de Wallace, aseguró en un comunicado que “esta ley es inconstitucional, no cuenta con recursos económicos para atender a las víctimas, crea más burocracia y provoca revictimización”, por lo que anunció que “estaremos presentando una nueva iniciativa”.
Ante ello, el abogado Hernández Barros recordó que “la señora Isabel Miranda obstaculizó la publicación de esta ley desde la anterior administración, cuando avaló la negativa del entonces presidente, Felipe Calderón, para ponerla en práctica”.
Tras destacar que la presidenta de Alto al Secuestro había estado en Los Pinos momentos antes del inicio de la ceremonia oficial, el integrante del Movimiento por la Paz subrayó que “se fue previo al acto con Peña Nieto, porque en realidad no tenía nada que estar haciendo aquí, ella dice que tiene una asociación ciudadana, pero en realidad se trata de un grupo financiado por el anterior gobierno panista y que siempre estuvo a su servicio.”
Por su parte, también en un comunicado, la asociación México SOS, del empresario Alejandro Martí, aseguró que esta ley “no aprueba el control de constitucionalidad”, dado que confiere a la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (que se integrará por afectados directos de la violencia, así como por agrupaciones civiles) atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, como llamar a cuentas a funcionarios públicos.
Además, a pesar de que la Ley General de Víctimas es de aplicación obligatoria para las autoridades de todos los niveles de gobierno, de ahí que sea una Ley General, México SOS aseguró en su comunicado que una de sus deficiencias es que “solamente contempla atender a víctimas del fuero federal y no considera la atención a víctimas de delitos perpetrados en el fuero común”.
Por ello, abundó la asociación de Martí, “estos puntos deben ser revisados de manera inmediata por la LXII Legislatura”.
Desde ayer, Alejandro Martí repudió la Ley de Víctimas a través de su cuenta de Twitter:
Al respecto, Miguel Concha, de Serapaz, aclaró que “hay voluntad política de seguir trabajando en el perfeccionamiento de la ley y ese trabajo prácticamente quedó concluido desde el 9 de diciembre, cuando en el Senado de la República se hizo el compromiso de que, una vez publicada la ley, como ya se ha hecho, enseguida se presente la reforma que no cambian sustantivamente la ley, sino que la organizan mejor, precisan algunas cosas y en otras las hacen más eficientes, en beneficio de las víctimas”.
