Los primeros periodistas que llegaron a la comunidad mexicana de Acteal, Chiapas, encontraron los cadáveres de 45 personas. Algunas fueron mutiladas, otras perdieron la vida a golpes o con disparos de armas de fuego. Lo más impresionante fueron los cuerpos de niños y mujeres embarazadas.
La masacre ocurrió el 22 de diciembre de 1997. Quince años después ninguno de los responsables ha sido castigado.
Acteal es una comunidad de la etnia Tzotzil que en esa época estaba bajo asedio de grupos paramilitares que combatían a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), según organizaciones de derechos humanos.
El asesinato de esas 45 personas es uno de los episodios más crueles de la historia reciente del país y representa otro capítulo de su crisis de justicia, le dice a BBC Mundo Edgar Cortés, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia.
Las autoridades responsabilizaron a 84 personas de la masacre, de las cuales 58 fueron encarceladas. La mayoría, 36, fueron liberadas y a otras 22 se les inició un nuevo proceso porque la detención de todos se fincó en pruebas falsas, según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Otros probables responsables nunca fueron aprehendidos. Los funcionarios de los gobiernos local y federal acusados por el EZLN y organizaciones civiles de propiciar la masacre, jamás fueron inculpados.
“Es la constatación de que quien tiene poder político en México garantiza su impunidad. Ese es el gran mensaje de Acteal”, afirma Cortés.
El caso se analiza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de México ha dicho que respetará la decisión de este organismo.
Paramilitares
La comunidad de Acteal forma parte del municipio de San Pedro Chenalhó que se ubica en la zona montañosa del norte del estado, conocida como Los Altos de Chiapas.
Al inicio de 1994, cuando surgió públicamente el EZLN, la región se mantuvo ajena al conflicto pero en diciembre de ese año inició la movilización de grupos zapatistas contra las autoridades de la zona, a quienes acusaron de ser caciques protegidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que entonces gobernaba el estado.
La confrontación creció al paso de los años.
Muchas comunidades de Chiapas se dividieron pero en Chenalhó el conflicto fue particularmente severo, pues a la pugna entre zapatistas y quienes no simpatizaban con ellos se sumó una confrontación religiosa.
En Acteal existía un grupo de familias, conocido como Las Abejas, que trataban de mantenerse neutrales a pesar de los intentos de ambos bandos para que les apoyaran.
El conflicto llegó a su límite el lunes 22 de diciembre de 1997. Al amanecer, un grupo armado que después se identificó como partidario del gobierno del PRI atacó a las familias con palos, machetes -espadas-, rifles y pistolas.
A unos 200 metros del sitio de la masacre acampaban decenas de policías estatales que, a pesar del ruido de los disparos, no se movieron ni solicitaron ayuda, según documentó la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
Nadie ajeno a la matanza -que duró varias horas- llegó al sitio hasta que los agresores se retiraron. Los primeros que aparecieron fueron jefes policíacos y funcionarios del gobierno de Chiapas que alteraron la escena del crimen, según la PGR.
Luego llegaron los periodistas, y después cientos de personas indignadas.
“No pedimos dinero”
Quince años después la masacre de Acteal es también un conflicto político.
En septiembre de 2011 se presentó en la Corte Federal de Connecticut, Estados Unidos, una demanda civil contra el ex presidente Ernesto Zedillo, que gobernaba México en 1997 y quien fue acusado de permitir la matanza de indígenas tzotziles.
Hasta ahora no se conoce quiénes denuncian al ex mandatario, aunque el despacho de abogados que les representan ha dicho que son diez sobrevivientes de la matanza. Las presuntas víctimas exigen una indemnización de US$50 millones.
El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, sostiene que se trata de una venganza política del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, antecesor de Zedillo y su adversario político desde 1995. Vera era obispo coadjutor de Chiapas en diciembre de 1997.
Pero los sobrevivientes de Acteal dicen que nada tienen que ver con el asunto. “Siempre hemos dado la cara para decir quienes son los autores de la matanza”, recordó Porfirio Arias Hernández, presidente de la Sociedad Civil Las Abejas, durante el encuentro llamado Frente a la guerra de desgaste a compartir procesos de lucha, realizado en esa comunidad.
“Nosotros no pedimos dinero a cambio de la sangre de nuestros hermanos. Exigimos justicia, reparación integral”, dijo.
Mientras, en el aniversario de la matanza, el EZLN volvió a la vida pública. Unos 20.000 simpatizantes realizaron marchas silenciosas en cuatro ciudades de Chiapas y luego el sub Comandante Marcos, vocero del grupo, firmó un breve comunicado.
“¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día”, decía el texto, publicado el 21 de diciembre, la fecha en que según la antigua cultura maya -de la que forma parte el pueblo tzotzil- inicia una nueva era de la humanidad.