Los obstáculos que frenaron la Reforma Educativa
Si los docentes deben permanecer en el sistema educativo, aun cuando sus resultados sean deficientes, fue uno de los obstáculos que impidieron que la Reforma Educativa se discutiera ayer en el pleno de la Cámara de Diputados.
Los legisladores negocian además el mecanismo para elegir a los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto de Evaluación Educativa que se crearía de aprobarse la reforma.
A ello se suma que legisladores de izquierda mencionaron el “riesgo” de que la gratuidad de la educación se vea afectada, al permitir, de facto, el cobro de cuotas a los padres de familia al quedar incorporados a la gestión de los planteles, en búsqueda de dotarlos de autonomía.
Esas tres discusiones bajaron la velocidad de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, y por si fuera poco, hacia la tarde se sumó otra variable que la detuvo, por lo menos, hasta la sesión extraordinaria que se celebrará hoy.
La Junta de Coordinación Política del Senado llamó a la Cámara Baja a que ambas comisiones de puntos constitucionales del poder legislativo trabajaran de manera conjunta (“en conferencia”, según el lenguaje legislativo) para analizar de nueva cuenta el dictamen. Esa propuesta estaría fuera de los procedimientos pues el documento está discutido y votado.
El diputado perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que para redactar el dictamen aprobado hace una semana, se recogieron las propuestas de los senadores para tener sólo “observaciones mínimas” cuando ellos lo tomaran.
“Ahora resulta que quieren que trabajemos en conferencia para revisar lo que con ellos se consultó (…) Estaban (los senadores) con mucha voluntad y hoy, de manera curiosa, levantan la mano y quieren participar en conferencia”, dijo el legislador, quien además acusó a los senadores de actuar con protagonismo.
Sobre la posibilidad de que el freno obedezca a presiones de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, Moreno dijo: “No quisiera yo afirmarlo pero se pueden malinterpretar muchas cosas”.
Ante el freno a la reforma, todas las fracciones hicieron comentarios, salvo Nueva Alianza. El grupo parlamentario del partido ligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) declinó pronunciarse
A continuación, Animal Político explica las consideraciones de los diferentes grupos políticos sobre los aspectos que han frenado la reforma educativa.
La permanencia de los docentes en el Sistema Educativo
En la iniciativa de Peña Nieto se añade un tercer párrafo al artículo 3 constitucional, el cual dice: “La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia” en el servicio educativo.
El dictamen surgido de la Comisión de Puntos Constitucionales agregó a la propuesta del Ejecutivo que dichos términos sean bajo principios de igualdad y transparencia.
La permanencia de los profesores que tengan resultados deficientes en el proceso de una eventual evaluación es uno de los puntos que hacia la tarde obstaculizó la discusión en el pleno según la diputada perredista Julisa Mejía, miembro de la comisión dictaminadora.
Incorporar al artículo tercero que la permanencia de los trabajadores de la educación se sujete una evaluación, ha significado un ‘tironeo’ político. De aprobarse así la reforma, la relación laboral de los docentes dejaría de estar regulada por el apartado B del artículo 123 constitucional y pasaría al A. El apartado B regula a los trabajadores del Estado y a diferencia del A estipula que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por “causas justificadas”, que gozan de por lo menos 20 días de vacaciones al año y que, en caso de una suspensión “injustificada”, el trabajador tiene derecho a la reinstalación o a la indemnización correspondiente.
El mecanismo de elección de la Junta de Gobierno del Instituto de Evaluación
El grupo parlamentario del PAN, en voz de su coordinador Luis Alberto Villarreal, informó que tienen reservas en la forma en que se elegirán a los integrantes de esta junta.
La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto estipula que los cinco miembros del órgano serán designados por el Ejecutivo y deberán ser aprobados en 30 días naturales por dos terceras partes de la Cámara de Senadores. De no haber acuerdo en la Cámara, la propuesta del titular del Ejecutivo se ratificaría.
En el dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión de Puntos Constitucionales no hubo cambios a esa propuesta.
“Nosotros queremos un esquema parecido al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que el Presidente envíe una terna por cada uno de los cinco comisionados y que por mayoría calificada el Senado apruebe a dicho comisionado”, dijo Luis Alberto Villarreal. “Tiene que haber una terna para tener candados democráticos y podamos garantizar que efectivamente esos comisionados son los hombres y las mujeres más capaces para el cargo”.
Más temprano, Beltrones indicó que para el PRI es inaceptable que el Ejecutivo no tenga intervención alguna en el nombramiento de los integrantes de la Junta porque se trata de una política de Estado en la que el titular del Ejecutivo debe tener injerencia.
La participación de las familias en la gestión de los planteles y el “riesgo” de la gratuidad
El artículo quinto transitorio de la iniciativa de reforma propone que el Congreso prevea reformas al marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas para “mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos”. Para ello, dice el inciso A del párrafo tercero, que se debe propiciar la participación para que alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director se involucren en los retos de las escuelas.
Mientras que para el grupo parlamentario del PRI y el PAN este artículo no representa un problema para el avance de la iniciativa, la izquierda lo señala como un riesgo. Mejía Guajardo apuntó que con la redacción como se encuentra ahora, hay peligro para que, de facto, se impulse la permisividad a las cuotas que pagan las familias pese a que se encuentran prohibidas.
“Está tan ambiguo (el inciso) que se presta para todo. Para que los directores sean gestores, para que los profesores sean gestores. Para que de hecho se quite la gratuidad porque que los padres van a tener que aportar recursos para que las escuelas mejores”, dijo la diputada, quien en la Comisión, tuvo uno de los tres votos contra el dictamen.
