Zedillo pide a EU desechar demanda en su contra por Acteal
El ex presidente Ernesto Zedillo pidió a un juez federal de Estados Unidos desechar definitivamente la demanda en su contra por su supuesta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chapas, en 1997.
Los abogados de Zedillo presentaron un escrito a un juez de Connecticut para decir que las personas que acusaron al ex presidente de ser responsable de la matanza en Acteal mienten para intentar mantener vivo el caso.
El documento dice que “el gobierno de Estados Unidos ha pedido a esta Corte otorgar inmunidad al ex Jefe de Estado de México, y bajo precedentes obligatorios de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos este tribunal debe cumplir dicha petición de manera expedita, sin que le sea posible juzgar las conclusiones diplomáticas del Departamento de Estado”.
Hace un par de meses, el gobierno estadounidense solicitó la inmunidad para Zedillo. El juez ordenó a los demandantes –un grupo de diez personas, familiares de las víctimas de Acteal- que presentaran las razones por las cuales el caso del ex presidente no debía ser desechado por la justicia de Estados Unidos.
Los demandantes presentaron un amparo en México y expresaron que el Embajador en Washington, Arturo Sarukhan, no tenía autoridad constitucional para pedir a la justicia federal estadounidense inmunidad para Zedillo.
La matanza de Acteal sucedió el 22 de diciembre de 1997. 45 personas murieron. La versión oficial dice que la tragedia fue resultado de un conflicto religioso y territorial entre comunidades chiapanecas, pero la versión de organizaciones civiles que representan a las víctimas aseguran que fue un crimen orquestado desde el gobierno y llevado a cabo por paramilitares.
En ese entonces, de los detenidos y encarcelados, varios resultaron inocentes. De los 84 sentenciados, 36 fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a 22 se les abrió proceso después de que se comprobó que la fiscalía cometió violaciones graves al derecho de defensa de los acusados.
Lo que se detectó fueron confesiones bajo tortura, pruebas falsas y la no provisión de traductores a indígenas que no hablan español.
Con información de Reforma y Univisión.
