Académicos proponen clubes sociales de cannabis para el DF
¿Te imaginas un club donde todos sus socios fumen cannabis, en el que a través de cuotas se financien plantíos de mariguana y se pueda tener acceso a una ración de 60 gramos al mes sin necesidad de contribuir financieramente a los grupos del narcotráfico?
Lo anterior sería posible en el Distrito Federal (DF) si los diputados federales en México, retoman la iniciativa del Colectivo por una Política Integral hacía las Drogas A.C (CUPIHD), cuyos integrantes, entre los que se encuentran reconocidos académicos universitarios, realizaron un estudio titulado la “Mariguana en el DF. El mercado y sus dimensiones: una propuesta para usuarios y autoridades”, en el que proponen la puesta en marcha de “clubes sociales de cannabis”.
En España, actualmente operan 22 clubes de este tipo, los cuales gestionan la siembra de cannabis para sus socios. Hay quienes se asocian con fines terapéuticos, pero también por cuestiones recreativas. La medida fue implementada como una alternativa para que los consumidores de la planta no se enfrentaran a las redes del narcomenudeo. Los clubes están sometidos a la autorización de la autoridad administrativa estatal.
En el informe elaborado por Carlos Zamudio Angles y Jorge Hernández Tinajero, se dice que estos clubes son “una excelente oportunidad para crear un nuevo ambiente en el uso de la mariguana”, en el que se garantizan los derechos de los usuarios, pero en el que además se tenga “control e información” sobre ellos, evitando de paso los circuitos delictivos asociados al comercio ilegal.
En el Distrito Federal, según las estimaciones hechas por los investigadores, alrededor de 75 mil personas fuman mariguana, lo que corresponde al 92% de “los clientes” del mercado negro de las drogas en la ciudad. El gasto semanal promedio de los usuarios es de 99 pesos, de ahí que el valor anual de su mercado lo valuaran en 380 millones de pesos, algo así como 28 millones de dólares.
Las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, dan cuenta de 27 mil personas puestas a disposición del Ministerio Público (MP) por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Los números son de enero de 2009 y mayo de 2012, lo que arroja un promedio anual de ocho mil 800 personas detenidas, es decir 24 remisiones diarias. De esas remisiones, el 10 % eran contra dos o más personas y el 90 % contra una sola. Según la Procuraduría General de la República (PGR), 40 % de los remitidos eran consumidores -90% de ellos de mariguana-.
Los datos desglasados en el informe de 85 cuartillas, llevó a los investigadores a desarrollar una hipótesis en la que sugieren que las detenciones realizadas por la policía del DF en materia de narcomenudeo –desde el 2009 un decreto dio facultades a las autoridades del DF y de todos los municipios de México, para investigar este delito-, se realizan con mucho más frecuencia en flagrancia, que como producto de un trabajo de inteligencia.
No sólo eso. Evidenciaron el casi nulo resultado de la policía para identificar y detener a las personas que encabezan las bandas del narcomenudeo. La conclusión, es que la labor de la Policía del DF se ha enfocado a detener a consumidores y vendedores, éstos últimos fácilmente reemplazables por las bandas del narcomenudeo.
Si a esto le sumamos que los detenidos por consumo tienen que ser liberados porque la ley no castiga este acto y que una encuesta practicada a más de 300 consumidores de mariguana reveló que dos de cada tres habían sido extorsionados por la policía, estamos hablando de limitaciones de una política centrada en combatir la oferta a través de la mera clausura de puntos de venta o la captura de quienes la consumen.
La alternativa que lanzan para tratar de erradicar a las redes del narcomenudeo en el DF, es la implementación de los clubes de cannabis. Aseguran que estas asociaciones brindarían una serie de ventajas reales para los usuarios, ya que garantiza seguridad jurídica en ejercicio de sus derechos.
Aparte, generaría actividad económica para el Estado; eliminaría la necesidad de acudir a los traficantes ilegales; garantizaría estándares de calidad que no se obtienen en el mercado negro y puede acercarse, a través de la propia asociación, a servicios informativos de reducción de riesgos y daños para el cuidado de la salud.
Beneficia además al cultivador de la planta, que encontraría en este espacio una actividad más de sustento como actividad agraria y económica. De ese modo, el productor tiene contacto directo con el usuario y se elimina entre ellos al intermediario, quien cumple en la actualidad con el papel ilegal del proceso, se propone en el documento.
