El juicio a Ernesto Zedillo, <br>según <i>The Economist</i>
Una corte estadounidense prepara un juicio por crímenes de guerra contra el hombre que, de acuerdo con la revista británica The Economist, “trajo la democracia a México”. Además el tema, a decir de la publicación, “parece un ajuste de cuentas político.”
Para el momento en que el tiroteo había terminado, 45 hombres, mujeres y niños yacían muertos dentro de la selva. La Masacre de Acteal, en Chiapas, era el peor acto aislado de violencia durante el despertar que sacudió al extremo sureste de México en la década de 1990. La guerrilla zapatista había declarado la guerra al gobierno federal en la madrugada del año nuevo de 1994. Las peleas fueron breves, pero los simpatizantes en cada lado usaron el conflicto para dirimir las diferencias por territorio, religión y muchas cosas más. Los supuestos nexos del gobierno con los asesinos que llevaron a cabo la masacre el 22 de diciembre de 1997 abriendo fuego en Acteal, un lugar principalmente compasivo con los zapatistas y que nunca se habían establecido definitivamente.
Casi 15 años después, los asesinos de Acteal podrían ser juzgados en una corte a dos mil 500 kilómetros de distancia en Connecticut. Ernesto Zedillo, quien fuera presidente de México entre 1994 y 2000, es ahora profesor de la Universidad de Yale. Su residencia en este estado de EU ha dado la oportunidad a diez indígenas tzotziles -que afirman ser sobrevivientes de la masacre- la oportunidad de demandarlo en una corte civil de aquel país. Ellos buscan 50 millones de dólares y una declaración de culpabilidad contra Zedillo.
La revista británica señala que mucha gente en México afirma que, más que una búsqueda por justicia, el caso parece como un ajuste de cuentas político. Al presidir la democratización de México, Zedillo pudo haber hecho enojar a fracciones de su partido el Revolucionario Institucional (PRI), que gobernara como un monopolio de poder por siete décadas. Zedillo habría roto dos reglas no escritas del sistema priista: Zedillo reformó la ley para que hubiera elecciones equitativas y reconoció rápidamente la derrota de su partido en 2000, al tiempo que emprendió un ataque contra su predecesor, Carlos Salinas de Gortari, al ordenar el arresto del “hermano incómodo”, Raúl Salinas, por cargos de enriquecimiento ilícito y complicidad en el homicidio de su ex cuñado, quien fuera titular del PRI. Después de que pasara diez años en la cárcel, fue absuelto de los cargos, aunque Suiza confiscó 74 millones que, se afirma, fueron obtenidos de forma ilícita.
La parte acusadora en el caso Acteal asegura que Zedillo ayudó o prefirió no ver los grupos paramilitares de habitantes locales organizados por el Ejército para eliminar a los zapatistas. Ellos afirman que durante varias investigaciones mexicanas en el caso, ninguna ha señalado jamás a Zedillo, aunque él conspiró para cubrir los crímenes.
Los abogados de Zedillo afirman que el ex presidente no tiene que ver con esta atrocidad, por la cual decenas de personas, entre ellas oficiales del Ejército de bajo nivel, fueron sentenciadas (aunque más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó 36 de las condenas). Los abogados afirman también que Zedillo tiene derecho a inmunidad por los actos cometidos como jefe de Estado. El Departamento de Estado de EU debe decidir antes del 7 de septiembre si recomienda o no la inmunidad.
Hasta el momento no queda claro que sucederá, mientras la administración Obama no tiene un deseo particular de probar a un ex presidente respetado de un país vecino sensible con su soberanía. El gobierno mexicano ha dicho que EU no tiene jurisdicción para juzgar hechos que sucedieron en México y que no implican a ciudadanos estadounidenses. El gobierno de EU parece titubeante sobre la idea de la jurisdicción universal en juicios civiles. Ha dicho incluso que un grupo de nigerianos podría demandar a Shell, una firma petrolera anglosajona, en una corte estadounidense, para luego añadir que esto no aplica para actos cometidos en el exterior.
Después de juzgar a Zedillo, ¿sigue Calderón?
La decisión, sin duda, será seguida de cerca por el presidente Felipe Calderón, cuyo gobierno termina el próximo 1° de diciembre y que ha mantenido una guerra de seis años contra los cárteles de la droga mexicanos, lo cual le ha conseguido enemigos poderosos. Se rumora que Calderón buscará una cátedra en una universidad estadounidense. Si el caso contra Zedillo continúa, alguien podría intentar demandar a Calderón por los más de 60 mil muertos -o más- que han caído a manos de la policía federal y las bandas delincuenciales durante su política de endurecer el ataque al crimen organizado. Sin embargo, si Zedillo recibe la inmunidad, Calderón podría recibirla.
El caso contra Zedillo tiene varias cuestiones extrañas. Para empezar, los indígenas tzotziles han escogido permanecer en el anonimato. Esto es inusual y en México no sería permitido. “No puedo recordar un caso importante de derechos humanos en el que los demandantes sean anónimos”, afirmó para The Economist, Sergio Aguayo, un activista que ha traído previamente casos de derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El abogado de los demandantes, Roger Kobert, arguye que ellos “tienen gran temor por posibles represalias”, por lo que el anonimato fue garantizado.
Documentos de la Corte afirman que todos los demandantes residen en Acteal, pero la gente del lugar sugiere lo contrario. Las víctimas de la masacre de 1997 eran miembros de una organización de defensa de derechos humanos llamada “Las Abejas.” Porfirio Arias, quien dirige la organización, dijo lo siguiente de los demandantes en EU: “Para nosotros, esta gente no existe.” Acteal es una aldea de alrededor de 40 familias, de acuerdo con Arias, quien está seguro que ninguna de ellas está involucrada. Las Abejas están en contra de Zedillo y les gustaría verlo en un juicio penal por la masacre, por eso les extraña el caso civil . “La sangre no puede ser intercambiada por dinero”, afirmó Arias. Pero agregó que que no hay razón para el anonimato. “No tenemos miedo del gobierno… los sobrevivientes no esconden sus caras.”
No queda claro cómo diez tzotziles del estado más pobre de México lograron llevar el caso. No están siendo apoyados públicamente por ninguna organización. La firma de abogados de Kobert, basada en Miami, se especializa en derecho corporativo. No anuncia ninguna experiencia en derechos humanos o en México. Pero Kobert afirmó que recibió la petición de llevar el caso por su “sustancial experiencia en litigios sobre inmunidad a soberanías extranjeras.” Kobert afirmó que la firma ha tomado casos sin posibilidad de victoria, sin cobrar.
Demandantes anónimos
De acuerdo con Kobert, los diez demandantes le fueron presentados por abogados mexicanos, pero estos abogados buscarían el anonimato también, afirmó. Aquellos que trabajan en las organizaciones de derechos humanos mexicanas están desconcertados. “No sé quiénes son estos abogados”, afirmó Paulina Vega, la viceperesidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, una OSC radicada en París. “El caso es una batalla política entre diferentes facciones del PRI,” afirmó Arias.
El abogado de Carlos Salinas, Juan Collado, dijo a The Economist que él he “no tiene participación en este asunto” y que él “no tiene contacto personal” con los abogados de la parte acusadora. Kobert afirmó a The Economist que conoce a Collado “en otros contextos”, pero que no puede comentar cómo está conectado al caso.
En un correo electrónico, Salinas de Gortari afirmó que no tiene detalles del caso y que “no conozco a los abogados de las partes.” Afirmó además que espera que el caso esté “fundamentado en la ley y no obedezca a intereses políticos.”
La evidencia presentada contra Zedillo hasta el momento parece endeble. Una página de internet muestra una docena de pruebas, las cuales incluyen cinco reportes de prensa y una nota informativa de 1995 del Chase Manhattan Bank. Kobert afirmó que planea llamar a ex agentes federales como testigos, pero también los mantendrá en el anonimato.
El sitio Acteal97 también incluye un link a un reporte supuestamente escrito por un fiscal chiapaneco que culpa a Zedillo por la masacre. De forma extraña, el reporte no está fechado y tras ser publicado, el procurador actual de Chiapas afirmó que el documento disponible en línea carece de autenticidad y que “su origen y los fines que persigue son desconocidos.”
Amigos de Zedillo afirmaron que no posee 50 millones de dólares y que el ex presidente tuvo que vender desembolsar la tarifa de su abogado, mientras su reputación está en juego. “Aquellos que por una razón u otra estuvieron opuestos políticamente a las reformas políticas de Zedillotendrían razones para atacar su reputación”, afirmó su abogado, Jonathan Freiman, quien desestimó esta “tendenciosa acusación” que le sorprendió haya llegado tan lejos.
